Autor: admin-guaira

La fiscala Norma Salinas informó que la hipótesis de feminicidio es lo que más cobra fuerza a esta altura de las pesquisas sobre el ataque a balazos a dos mujeres, una de ellas fallecida, que luego fueron abandonadas en cementerio en Eusebio Ayala, Cordillera. No descartó que los involucrados estén ligados al narcotráfico.

El feminicidio es la figura penal investigada tras el ataque a balazos del que fueron víctimas Rebeca Martínez Aricaye (28) y Carolina Aguilar (32) ocurrido tras salir de una jineteada en Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, según confirmó la fiscala Norma Salinas este martes.

Rebeca Martínez Aricaye falleció tras recibir tres disparos de arma de fuego y heridas de cuchillo, mientras que Carolina Aguilar lucha por su vida después de recibir un balazo en el mentón.

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, la agente encargada del caso por parte del Ministerio Público señaló que las primeras pesquisas revelaron que había una relación entre la víctima fatal con los presuntos agresores, que ya fueron identificados a raíz de una transmisión del evento, videos de circuitos cerrados y la grabación desde un teléfono celular durante una gresca.

“Ella estaba bastante cariñosa con la persona con la persona que estaba bailando, entonces creemos que efectivamente el feminicidio es el tipo penal”, explicó la fiscala sobre la persona que hacía compañía a la víctima fatal durante la jineteada.

En las imágenes de una transmisión del evento al que acudieron se puede ver a las dos mujeres bailando, cada una con un hombre, antes de producirse una gresca. Tras la pelea, momento que fue grabado desde un teléfono celular, ambas se retiraron de la fiesta a bordo de una motocicleta.

Luego, en otra secuencia de imágenes de circuito cerrado se ve a una camioneta lujosa, parecida a la marca Toyota, tipo Fortuner, de color blanco o perla, que persigue a las jóvenes que se desplazaban en una moto y le cierra el paso intencionalmente. Tras el roce, las mujeres cayeron a una cuneta y fueron subidas a la fuerza al vehículo de mayor porte.

Se presume que en el interior del vehículo, Rebeca Martínez Aricaye recibió los tres impactos de bala a quemarropa —teniendo en cuenta el tatuaje que dejó en su piel el rastro de la bala— que acabó con su vida.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron posteriormente arrojados en el cementerio de Eusebio Ayala, donde fueron encontradas en la mañana del lunes. Pero por la cantidad de sangre, se presume que los disparos se registraron en otro lugar.

La fiscala Norma Salinas maneja la información de que los involucrados tendrían vinculos con el narcotráfico y debido a esto se podría dificultar el trabajo investigativo.

“Nos dicen que los involucrados están en ‘la pesada’ y por eso es el temor de no querer colaborar, sabiendo que ellos están involucrados en ese ámbito delictivo, pero es solo suposición de tantas que tenemos”, aclaró.

La SENAD, con apoyo del CODI-FTC Sur y en coordinación con el fiscal César Martínez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Caazapá, culminó la Operación Caazapá II tras cinco días de intervención en zonas rurales de Tavaí y Abaí. El operativo desmanteló 12 centros de producción y acopio y erradicó 79 hectáreas de cultivos de marihuana en Tava Porã (Cenote), Santa Ana, Apepú, San Francisco, San Jorge y Emilianore.

En el interior de los campamentos se hallaron 3.975 kilos de marihuana lista para su comercialización, que posteriormente fueron destruidos. Las autoridades estiman que, al sumar ese volumen con el potencial productivo de las 79 hectáreas erradicadas, la operación permitió sacar de circulación unas 240,9 toneladas de cannabis.

Ese resultado representaría un perjuicio económico superior a USD 36 millones para las estructuras del narcotráfico, según el precio promedio de comercialización de la marihuana en el mercado argentino. Más allá de la cifra, el operativo busca cortar una cadena de producción que se instala en zonas apartadas y dificulta el control estatal.

La intervención también apunta a desalentar la expansión de centros clandestinos hacia bosques y áreas naturales, donde las organizaciones criminales abren grandes extensiones de monte para sembrar cultivos ilícitos. Las 79 hectáreas recuperadas equivalen a unas 110 canchas de fútbol y muestran la escala del daño territorial asociado a esta actividad.

Con Caazapá II, las autoridades refuerzan la presión sobre la producción ilegal en el sur del país. El desafío ahora es sostener la presencia en esas zonas para impedir que los campamentos desmantelados vuelvan a instalarse en el monte.

Hoy finalmente tiene sanción automática y pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto, el proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles (celulares) en escuelas y colegios públicos y privados de todo el país. Salvo que haya veto parcial del Ejecutivo, las restricciones de uso incluyen a docentes y otros personales de las instituciones educativas, aunque se establece “excepciones pedagógicas y didácticas”.

A consecuencia de la última raboneada en la Cámara de Diputados del martes pasado, el proyecto de ley que “prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas, en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media” tiene sanción automática hoy en su versión del Senado.

Entre los puntos más relevantes de la Ley, que no están en controversia, es que la prohibición afecta tanto a escolares como a colegiantes de instituciones públicas y privadas, sin distinción.

Esto quiere decir, matriculados en educación inicial, que va desde tres a seis años de edad (jardín, preescolar y otros) hasta los del 3° de la educación media. Es decir, ya no afecta a universitarios.

Otro punto relevante es que la prohibición no solo se circunscribe al aula, esto es así porque la ley establece taxativamente que la prohibición también regirá “durante las clases, los recreos o descansos entre clases, salvo los casos y en la forma expresamente previstos en la presente ley”.

Este mismo artículo, 4.° “Prohibición de uso”, es el que genera controversia, ya que en su segundo párrafo establece que “esta prohibición también se aplica a las personas que acompañan y forman parte de procesos educativos de los alumnos, de acuerdo a los roles que desempeñan en instituciones afectadas por la presente ley”, es decir, docentes, coordinadores, directores y otros.

Este punto pretendía ser rechazado por Diputados, pero por la irresponsabilidad de una mayoría que rompió el quórum, quedó vigente y obliga a forzar también la facultad de veto del Ejecutivo.

No es habitual -pero tampoco está prohibido- que el Ejecutivo vete solo un párrafo de un artículo, pero en este caso, si veta el artículo 4° en pleno, también estaría inutilizando la iniciativa, al quitar la prohibición para los alumnos.

Las excepciones que plantea el proyecto
Aunque un poco controvertida, la ley también establece excepciones que pueden considerarse ambiguas y amplias, dejando mucha discrecionalidad para evadir la prohibición, según cada institución.

Primeramente, se plantean excepciones obvias, como ser en el “marco de situaciones de estado de peligro, estado de necesidad o fuerza mayor, cuando existan necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o por condiciones de salud acreditadas”.

Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de uso con fines pedagógicos o didácticos “bajo orientación directa de los profesionales de la educación”, es decir, exclusivamente para alguna tarea específica en el aula.

Las sanciones previstas según la iniciativa
Si bien el órgano de aplicación es el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al que la ley autoriza y obliga a “realizar auditorías, fiscalizaciones e inspecciones en instituciones educativas, de oficio o a solicitud de parte interesada” para revisar el cumplimiento de la Ley, también se compromete a los demás eslabones de la comunidad educativa, so pena de castigos en caso de inobservancia de la ley.

En tal sentido, el artículo 13 establece que “las instituciones educativas serán responsables de implementar todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la presente ley”, y por ende, en caso de incumplimiento, serán blanco de los castigos.

Ante ello, se agrega que se “considera falta toda acción u omisión que implique incumplimiento” y, en el caso de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se estipulan los castigos respectivos.

En el caso de educadores de instituciones públicas y subvencionadas, se rigen por el Estatuto del Educador, que define como “falta de segundo grado” el “Incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad”, como sería en este caso.

Esto se castiga con suspensión sin goce de sueldo hasta por ciento ochenta días; Separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior, si lo hubiese; y, destitución, según el caso que corresponda.

En el caso de las instituciones educativas privadas, existen dos niveles, faltas leves y graves. Las graves son:

El incumplimiento del apercibimiento o emplazamiento que realice la misma autoridad de aplicación para la adecuación al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la presente ley.

La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un período de dos años.

Finalmente, en cuanto a las sanciones a las instituciones educativas, se les imponen dos posibles castigos en caso de incumplimiento, empezando por un apercibimiento, que indica el plazo para la adopción de medidas de adecuación hasta incluso multas de hasta cincuenta jornales mínimos (G. 5.853.850, según el jornal actual).

La prohibición empezará a regir desde el momento de la promulgación de la Ley, es decir, dependerá de la decisión que tome el Ejecutivo. Si veta parcialmente, el proyecto deberá retornar al Congreso, donde ambas cámaras pueden por ejemplo optar por aceptar el veto parcial y promulgar la parte no objetada.