Autor: admin-guaira

El Círculo Paraguayo de Médicos denunció este lunes que el Estado paga a empresas privadas para operar dentro de hospitales públicos y, además, se hace cargo de los costos de infraestructura, energía y personal. En el marco de su campaña contra la corrupción, señalan que falta presupuesto para salarios y medicamentos, pero el Ministerio de Salud destina millones a contratos que benefician al sector privado, dentro del sistema público.

Este lunes, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) emitió un nuevo comunicado, el número 12 de la “Campaña Nacional contra la corrupción en salud”. En esta ocasión, se centraron en cuestionar la tercerización y contradicciones del sistema administrativo en la salud.

El CPM señaló que el Ministerio de Salud Pública solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria cercana a 50 millones de dólares para cumplir con salarios y aguinaldos. Al mismo tiempo, -destacaron- la cartera sanitaria reconoció una deuda superior a 500 millones de dólares con prestadores privados.

Señalan que pese a este contexto de “asfixia económica y sin crédito presupuestario disponible ”, la cartera sanitaria vuelve a comprometer recursos públicos mediante contratos de tercerización, contratando servicios públicos que se ejecutan dentro del sector privado.

Según el gremio médico, estos acuerdos benefician a empresas privadas que operan dentro de hospitales públicos y utilizan infraestructura, energía, insumos y personal financiados por el Estado.

“Resulta inconcebible que un organismo sin solvencia para honrar sus deudas siga generando otras nuevas, en un esquema que desfinancia lo público, privilegia la rentabilidad privada y desnuda la pérdida de conducción técnica del sistema sanitario», enfatizan los médicos.

Tras iniciar el proceso de rescisión de un contrato anterior, Petropar prometió la construcción de un nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Mauricio José Troche, pero hasta ahora oculta el proyecto a la opinión pública. Mientras tanto, lanzó una licitación por más de G. 1.100 millones para la construcción de oficinas que no guardan relación con la planta.

Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la administración de Eddie Jara, informó hace unas semanas que inició el proceso de rescisión del contrato con la firma Estructura Ingeniería S.A. (EISA), representada por Alberto Palumbo, que debía completar las obras de montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la planta alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).

La estatal anunció que realizará una nueva contratación para ejecutar las obras, pero hasta ahora evitó socializar el nuevo proyecto y también evitó socializar los detalles de la rescisión del contrato anterior. Al parecer, las promesas de una nueva alcoholera solo sirvieron para levantar el paro de los cañicultores.

Este diario remitió por escrito las consultas a través de la Dirección de Comunicaciones de la estatal, hace más de 10 días, para conocer los detalles del nuevo plan y de la rescisión del trato con EISA, pero hasta ahora no hubo respuesta. La falta de transparencia se mantiene como una de las principales características de la administración de Eddie Jara.

Mientras tanto, la estatal lanzó otra millonaria licitación, por más de G. 1.100 millones, para “Construcciones Civiles para la Planta Industrial Mauricio José Troche”, que no guarda relación con la planta alcoholera propiamente dicha, ya que se trata del desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción de oficinas.

Lo único que Petropar informó hasta ahora es que inició la rescisión del contrato, que fue adjudicado en diciembre de 2021, durante la gestión de Denis Lichi (ANR – actual gobernador de Cordillera), por G. 195.299 millones (unos US$ 28,3 millones al cambio actual).

La empresa no pudo completar la planta en el plazo previsto, pese a haber cobrado un anticipo de G. 41.815 millones. Tras un avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en julio de 2023, se subcontrató a la empresa Ocho A, ligada a Luis Pettengill, para la culminación de los trabajos.

Sin embargo, cuando asumió Jara, suspendió las obras en septiembre de 2023 e inició una serie de verificaciones y auditorías externas, cuyos resultados nunca fueron dados a conocer a la opinión pública.

La estatal contrató varias consultorías para estas revisiones, y el resultado de los mismos derivó en que Petropar comunicó a la firma la apertura del proceso de rescisión a comienzos de este mes, en medio de una crisis con los cañicultores, a quienes prometió un nuevo tren de molienda que estaría listo en un año.

Hasta el momento, la estatal sigue sin aclarar si realizará una nueva contratación o si utilizará los equipos que EISA trajo de Brasil y que siguen sin montarse en el tinglado construido.

El ingeniero Óscar Vera, gerente general de EISA, calificó el procedimiento de rescisión como “totalmente descabellado” y sostuvo que no existe sustento legal para dicha medida, ya que el contrato se encontraba formalmente suspendido desde el 1 de septiembre de 2023. Adelantó que la empresa recurrirá al Tribunal de Cuentas.

El jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional dijo que, tras la detención de 11 agentes del departamento de Identificaciones por la supuesta expedición irregular de cédulas paraguayas de identidad a ciudadanos extranjeros, la labor investigativa se centrará en identificar a otros involucrados. La Fiscalía no descarta que superiores de los detenidos dentro de la Policía hayan estado implicados.

el comisario Luis López, jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, comentó sobre la detención de 11 agentes vinculados al departamento de Identificaciones de la Policía por la supuesta emisión irregular de cédulas paraguayas de identidad para ciudadanos extranjeros y habló de los siguientes pasos que tomará la investigación.

Ayer jueves, la Policía anunció la detención de 11 uniformados, funcionarios actuales o previos de Identificaciones, bajo la sospecha de que formaban parte de un esquema ilegal para la impresión y expedición de cédulas paraguayas de identidad para ciudadanos extranjeros a cambio de sobornos.

Bajo este supuesto esquema fueron emitidas al menos diez cédulas paraguayas para ciudadanos extranjeros, siete de los cuales nunca ingresaron a Paraguay. De los tres restantes, uno fue detenido y los otros dos ya fueron identificados.

El comisario López señaló que los 11 policías fueron detenidos porque se comprobó que sus usuarios y contraseñas del sistema informático de Identificaciones fueron utilizados en el proceso de elaboración de las cédulas irregulares.

Los 11 detenidos, imputados por los presuntos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, serán remitidos hoy al Juzgado Penal de Garantías especializado en crimen organizado a cargo del juez Osmar Legal para que realicen sus descargos.

El trabajo de los investigadores ahora se centrará en “ahondar y ver quiénes más están implicados, sean superiores de la misma unidad o personas externas a Identificaciones”, dijo el comisario López.

Representantes legales y familiares de algunos de los detenidos especularon que estos pudieron haber actuado siguiendo órdenes de superiores.

Sobre ese punto, el comisario López dijo que “si ellos tuvieron orden de un superior, este es el momento en que tienen que decirlo”, pero enfatizó que un agente de la Policía, aún dentro de una organización no deliberante, tiene la obligación de “hacer la denuncia pertinente” en caso de recibir de un superior una orden que no esté “dentro del marco de la legalidad”.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset publicó un video junto a hombres armados enviando un mensaje a su ex socio alias El Colla, que había denunciado su escondite en Bolivia. Avisó que se mueve entre Paraguay, Bolivia y Colombia, y advierte que está preparado para una “guerra”.

El jueves se difundió a través de las redes sociales un video que tuvo como protagonista al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset lanzando amenazas a su ex socio Erland Ivar García López alias El Colla, que a su vez, había revelado el supuesto escondite del uruguayo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

“Este video es para decirle a El Colla, ese sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia. Donde sea y estamos preparados para hacer guerra con el que sea”, dice Marset empuñando un arma de grueso calibre y vestido con ropa táctica.

En las imágenes, el uruguayo está rodeado de unos 20 hombres que están encapuchados, todos con armas de grueso calibre en sus manos. Ellos portaban un cartel con una frase incompleta, aunque se puede leer “Primeiro Comando”, y se sospecha que tendría relación con el Primer Comando Capital (PCC), organización criminal de Brasil que tiene gran presencia en nuestro país.

Sebastián Marset es uno de los principales investigados en el operativo A Ultranza, el mayor operativo desarrollado en Paraguay para desarticular una banda internacional de tráfico de cocaína a Europa y África.

La Operación A Ultranza, dirigida contra el tráfico de cocaína vinculó a una red criminal liderada por Marset, con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otra incautación de 4,7 toneladas en Paraguay.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los EEUU tiene una recompensa bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés) de hasta USD 2 millones (G. 15.600 millones al cambio) por información que conduzca al arresto o la condena, en cualquier país, de Sebastián Marset.