El Gobierno anunció este lunes la implementación de una “economía de guerra” ante la caída de las recaudaciones impositivas. Al respecto, el economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, analizó las implicancias de la medida anunciada por el Ejecutivo y precisó que parecería tratarse de “una enorme restricción de gastos”.
Para Ferreira, la situación es compleja, ya que surge la interrogante de dónde se ajustarán los gastos, dado que no parecería que exista un lugar claro donde puedan “recortar” estos gastos.
Puso como ejemplo que las reducciones en la cantidad de funcionarios no cree que se puedan implementar, al igual que los recortes en bienes de uso como medicamentos o combustibles. “Estamos en los valores más bajos en términos de inversiones de capital que hace el Estado. Por tanto, ya hay muy poco que recortar también en ese rubro”, acotó.
Dejar de pagar es entrar default
El profesional explicó que los pagos de la deuda pública no se pueden dejar de lado, ya que implicaría entrar en default (cesación de pagos), o transferencias a gobiernos subnacionales que también son difíciles de reducir, especialmente en un año electoral.
“Realmente no me queda muy claro lo que significa (cómo harán la economía de guerra). Posiblemente, la provisión de menor cantidad de bienes del Estado a los particulares será una constante. Sin embargo, esto impactará aún más en la performance, que de hecho ya está afectada. Por ejemplo, vas a los hospitales y no encontrás medicamentos; este tipo de situaciones podrían agravarse con un escenario como este”, explicó.
Según Ferreira, la “economía de guerra” mencionada el lunes por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se refiere más a la situación del fisco y sus gastos respectivos más a lo que está pasando con la gente, aunque reconoció que también se trata de una situación complicada.
Discurso cambió: de color de rosa a una economía de guerra
Si bien precisó que la situación fiscal afecta a las personas, señaló que se podrían dar recortes mayores incluso a los que ya se están observando. “Lo que me llama la atención es que el discurso era que todo estaba bien, que era positivo, que todo era color de rosa y, de repente, nos encontramos con una economía de guerra”, destacó.
El exministro añadió que, en teoría, se llegó a esta instancia por el aumento de los costos de los combustibles y la caída del dólar.
A su criterio, existía una “expectativa mundial” sobre la baja de la moneda norteamericana, por lo que cuestionó que el Ministerio que puede predecir ese tipo de situación, el MEF, haya elaborado un presupuesto donde le “yerra” alrededor de G. 1.300 al cambio del dólar, lo que catalogó como una situación compleja (en el PGN 2026 se estimó un dólar a G. 7.881 y ahora está en G. 6.500).
Indicó que gran parte de la velocidad con que se desplomó la divisa norteamericana está vinculada a la política monetaria del Banco Central, y recordó que el ministro de Economía es el presidente del equipo económico, por lo que debía tener claridad sobre estos factores.
Un escenario que pintaba bien y se volvió dramático
“Me llama la atención esta situación, donde todo pintaba muy bien y, sin embargo, ahora es dramática. Esto da mucho que pensar, porque el origen del problema es donde está la respuesta. Y ese origen es un exceso de gasto en temas que no hacían falta”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó el pago a adultos mayores, que superó los US$ 400 millones, esto a que anteriormente este beneficio alcanzaba solo a personas en situación de pobreza, mientras que actualmente también puede acceder un adulto mayor con mayores recursos, lo que, a su criterio, disparó el gasto.
A esto sumó la situación de la Caja Fiscal, señalando que la reforma debió haberse realizado en 2024, pero se está tratando en un año electoral y con un resultado que calificó de “paupérrimo”.
Hambre cero y pago a adultos mayores
“Estos factores hacen que aumenten gastos que no estaban previstos. El caso de Hambre Cero, que dispone de US$ 370 millones, debía financiarse con ingresos provenientes de la cesión de energía de Itaipú y Yacyretá. Sin embargo, cada vez vendemos menos energía, por lo que esos ingresos están disminuyendo”, aseveró.
De acuerdo con el análisis de Ferreira, los US$ 370 millones del programa escolar se estuvieron financiando hasta ahora con gastos socioambientales de Itaipú, que se extinguirán el próximo año. La expectativa es que solo se recauden unos US$ 65 millones, por lo que faltarán alrededor de US$ 300 millones anuales.
Además, mencionó el aumento del gasto en medicamentos y recordó que el actual Gobierno había criticado fuertemente a la administración anterior en este punto. Sin embargo, afirmó que el gasto que se tiene incluso supera al registrado durante el mandato de Mario Abdo Benítez.
Ley de Responsabilidad fiscal: “No se alcanzará”
“La solución no pasa por recortar gastos que son casi imposibles de reducir, sino por entender bien qué es lo que hay que hacer. Este Gobierno no alcanzará el límite del 1,5% de la Ley de Responsabilidad Fiscal y debe asumirlo”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que será necesario negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)y hacer uso del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que permite ampliar el déficit hasta el 3%.
Ferreira concluyó que esta situación tiene su origen en la política económica del Gobierno y no en factores “casuales”, como variaciones internacionales del tipo de cambio. “Es por ahí donde se deben buscar soluciones reales, y no economías de guerra que son impracticables”, concluyó.
