Categoría: Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que ofreció este nuevo balance de víctimas en horas de la tarde del miercoles, agregó que el terremoto ha provocado la destrucción de 11.347 viviendas y la avería de 53.526 más, así como 140 edificios colapsados.

Previamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había señalado además que 24.324 familias resultaron afectadas y que 403 municipios de catorce de los 32 departamentos del país sufrieron algún tipo de daño.

Siguen los esfuerzos de rescate
El sismo sacudió a Colombia a las 07:34 hora local del lunes (12:34 GMT), por lo que las primeras 72 horas se cumplirán en la mañana del jueves.

Los esfuerzos se concentran ahora en aprovechar ese periodo, denominado ‘ventana de vida’, en el que existen mayores probabilidades de encontrar con vida a personas atrapadas bajo los escombros.

Las ciudades de Cali y Pereira continúan entre los puntos más críticos. En la capital del Valle del Cauca, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros trabajan a contrarreloj, mientras las autoridades concentran los esfuerzos en edificios donde consideran que todavía existe una alta probabilidad de encontrar supervivientes.

Solo en Cali ya han sido encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas.

El Instituto de Medicina Legal informó, por su parte, que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales 121 ya fueron identificados para su entrega a los familiares, entre ellos los de cinco menores de edad.

 

Declaración de emergencia económica
De la Espriella anunció que la emergencia económica permitirá crear un “fondo milagro” destinado a canalizar recursos “para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos” afectados por el sismo.

Además, aseguró estar poniendo en marcha medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

“La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de “crisis fiscal” para Colombia.

Crece la ayuda internacional
Mientras los equipos colombianos trabajan prácticamente sin descanso desde el lunes, el Gobierno anunció este miércoles que aceptará la entrada de grupos especializados de búsqueda y rescate de EE.UU., El Salvador, Ecuador e Israel para relevar al personal desplegado desde las primeras horas de la emergencia.

A ellos se suman los socorristas mexicanos de Los Topos Aztecas, que llegaron este miércoles a Cali procedentes de Venezuela, donde permanecieron 41 días trabajando tras los terremotos del 24 de junio.

México comenzó además el envío de 58,5 toneladas de ayuda humanitaria, mientras El Salvador también ha remitido asistencia.

Otro grupo rescatista mexicano, los Topos de Tlatelolco, anunció que no se desplazarán a Colombia al no haber sido requerida su ayuda por parte del Gobierno colombiano.

En medio de los cuestionamientos hacia la Administración de De la Espriella que señalan que solo ha querido aceptar asistencia de otros Ejecutivos afines, el canciller colombiano, Omar Bula, aseguró que el Gobierno está aceptando la ayuda internacional “sin ninguna consideración política o ideológica” y afirmó que mantiene contacto permanente con agencias y organismos de Naciones Unidas para coordinar los ofrecimientos.

La ONU anunció que prepara una asignación de su Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) y anticipó que las necesidades humanitarias serán “muy, muy serias”.

El Programa Mundial de Alimentos ya moviliza comida y la Organización Mundial de la Salud (OMS), suministros médicos.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó además un llamamiento de emergencia por 30 millones de dólares para apoyar a unas 24.000 personas durante los próximos dos años, inicialmente en los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

Dentro del país, el estadio El Campín de Bogotá se convirtió en uno de los grandes centros de acopio, donde cientos de voluntarios clasifican alimentos, agua, pañales y artículos de aseo destinados a las zonas afectadas.

En medio de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo apenas tres días antes del terremoto, declaró este miércoles tres días de duelo nacional por las víctimas.

Cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos demandaron el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, por las sanciones impuestas a miembros de la Corte Penal Internacional, medidas que según argumentan impiden a las víctimas de crímenes de guerra buscar justicia.

Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma que creó la CPI y no reconoce la jurisdicción de este tribunal permanente con sede en La Haya.

La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

En una presentación ante un tribunal en Nueva York, las cuatro organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW), pidieron que se anulen las sanciones porque violan leyes, incluidas las protecciones a la libertad de expresión garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

“Se trata de un abuso de poder ilegal que constituye un ataque frontal contra el estado de derecho, la independencia de los jueces, fiscales y abogados, los preceptos básicos que sustentan el orden jurídico internacional y el principio de acceso a la justicia”, sostiene la demanda.

El texto, de 101 páginas, afirma que las sanciones afectan la “capacidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, los delitos que aborda la CPI.

Las sanciones estadounidenses, aplicadas en virtud de una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2025, alcanzan a ocho jueces, tres fiscales, un experto de la ONU y tres organizaciones de derechos humanos.

Las Naciones Unidas y la Unión Europea ya habían instado a Trump a revertir medidas punitivas contra miembros de la CPI.

Muchas estaban directamente vinculadas a una orden de arresto que el alto tribunal emitió contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza.

Washington también cuestionó las investigaciones de la CPI sobre presuntos abusos cometidos durante la guerra en Afganistán liderada por Estados Unidos.

“Daño irreparable”

La demanda del martes, presentada por HRW, el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights y el Open Society Institute, afirma que las sanciones causaron “un daño profundo e irreparable”.

Además de Trump, apuntan contra el secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent, el fiscal general Todd Blanche y Bradley Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Establecida en 2002 con el respaldo de casi todas las democracias occidentales, la CPI enjuicia a personas acusadas de atrocidades y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos adecuados para garantizar la rendición de cuentas.

Los reparos de Estados Unidos hacia el tribunal son anteriores a Trump. Estados Unidos, al igual que Israel, no es miembro de esa jurisdicción. Rusia tampoco lo es. Su presidente, Vladimir Putin, es objeto de una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023.

Washington, que acusa a la CPI de representar “una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos”, prometió el mes pasado intensificar su campaña contra la CPI más allá de las sanciones existentes.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a la AFP que el gobierno de Trump buscará presionar a otros países para que se retiren de la CPI y le corten todo apoyo financiero.

En junio, tres jueces de la CPI sancionados por la administración Trump presentaron una demanda contra el presidente y otros altos funcionarios estadounidenses por considerar que las medidas en su contra son ilegales.

En una demanda presentada en Nueva York, la jueza canadiense Kimberly Prost, la ugandesa Solomy Balungi Bossa y la beninesa Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou dijeron que las sanciones tenían como objetivo “ejercer presión extrajudicial”.

El gobierno argentino de Javier Milei reglamentó el procedimiento para que los hospitales públicos de ese país empiecen a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en Argentina, lo que corresponde a un 6% del total de los atendidos, según datos oficiales que divulga el medio Clarin.

La medida obedece delineamientos de la Ley de Migraciones argentina modificada a finales de mayo.

A partir de ahora, los residentes permanentes mantendrán el acceso al sistema de salud del país al igual que los argentinos, siempre que acrediten su condición migratoria.

Sin embargo, para los extranjeros no residentes, en adelante se establecen dos mecanismos; si se cuenta con seguro de salud, el hospital podrá facturar a la aseguradora el costo de la atención; y si no tienen seguro, deberán abonar con antecedencia a la atención.

Atención de urgencia estará garantizada
Autoridades argentinas aclararon que la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, independiente a la situación migratoria.

En ese sentido, según el Ministerio de Salud de Argentina, esos casos se tratan de “situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales, como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales”, reportó el medio argentino.

“Queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”, señala el documento firmado por el ministro de Salud argentino, Mario Lugones.

Sin embargo, se detalla que “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”, señalaron las autoridades en el documento en el que también especifican que “la resolución unifica el procedimiento para los hospitales nacionales y establece reglas claras para recuperar los costos de las prestaciones brindadas a extranjeros no residentes”.

Esta decisión ya fue tomada anteriormente en otras provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires. Con la medida, se suman los centros de salud nacionales de Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y Laura Bonaparte.

En caso en que los hospitales tienen gestión compartida entre la Nación y las provincias, como el Garrahan, se menciona que “como tienen un consejo de administración, tienen que aprobar su propio procedimiento de cobros”, según detallaron fuentes al medio argentino.

El anexo de la norma reglamentaria explica los casos que deberán ser interpretados como emergencias y se cita:

Paro cardiorrespiratorio
Obstrucción aguda
Shock
Síndrome coronario
Estado epiléptico
Traumatismos graves
Hemorragias masivas
Quemaduras extensas
Sepsis
Intoxicaciones agudas
Abdomen agudo quirúrgico
Emergencias obstétricas
Emergencias pediátricas
Condición clínica que implique un riesgo inminente para la vida
Asimismo, detallaron que un extranjero que invoque la condición de residente permanente para acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino deberá exhibir en Admisión del Hospital su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para extranjeros vigente, donde conste en el campo respectivo de “Residente permanente”.

Si el documento se extravió o la renovación está en trámite se admitirá una Constancia de Residencia Permanente en Trámite que es emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones de ese país a través de sistema Radex, acompañada del pasaporte vigente o documento de identidad del país de origen.

El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 dejó un balance preliminar de 132 fallecidos y 570 heridos, mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país. El informe fue entregado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

El sismo causó, además, daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

Las principales afectaciones se concentran en departamentos del occidente y centro del país como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde continúan las labores de búsqueda entre estructuras derrumbadas. Varios departamentos enviaron cuadrillas de rescate, mientras el Ejecutivo reforzó la respuesta en las zonas afectadas.

De la Espriella canceló su agenda para supervisar la respuesta estatal y ordenó a la Ungrd elaborar un informe integral de daños y necesidades. En un mensaje a la nación el mandatario afirmó que “el Estado está presente y toma acción”. También buscó transmitir respaldo a las zonas devastadas. “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”, dijo.

Toque de queda y refuerzo del rescate en Cali
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. ante el riesgo de alteración del orden público. La medida fue adoptada tras reportes de amenazas de saqueos en varias zonas de la capital del Valle del Cauca.

Éder confirmó además la militarización de sectores como las comunas 17 y 19 con patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército. A la vez, la ciudad recibirá 92 rescatistas adicionales para intervenir en edificios colapsados.

De ese total, 60 llegarán desde Bogotá y 32 pertenecen a las Fuerzas Militares. Las autoridades insistieron en que las primeras 48 horas son decisivas para hallar personas con vida bajo los escombros.

La US Geological Survey (Usgs) emitió alerta naranja y calculó pérdidas cercanas a USD649 millones ($2,046 billones). Su sistema Pager estimó que 1,6 millones de personas sintieron sacudidas muy fuertes y hasta 8,9 millones quedaron expuestas a movimientos sísmicos severos en Colombia, Ecuador y Panamá.

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avancen la remoción y la búsqueda, sobre todo, en zonas con accesos y comunicaciones afectados. En Quibdó los bomberos informaron de personas atrapadas en estructuras colapsadas y daños graves en hospitales y edificios públicos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que la capital no sufrió daños estructurales graves, aunque sí activó alarmas y evacuó edificios de forma preventiva. El funcionario anunció además el envío de 100 rescatistas para apoyar a los departamentos más afectados.

Al menos 18 personas murieron y decenas resultaron heridas en la madrugada de este lunes 10 de agosto por ataques mutuos entre Rusia y Ucrania. Drones ucranianos impactaron la localidad de Nizhnekamsk, en la república rusa de Tartaristán, mientras fuerzas rusas bombardearon zonas residenciales en Járkiv y Jersón. El episodio ocurre más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala, en un conflicto donde la diplomacia permanece estancada y los civiles siguen pagando el precio.

Según las autoridades de Tartaristán, doce personas fallecieron y 39 resultaron heridas tras el ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk, que habría tenido como objetivo la refinería local. El gobernador Rustam Minnijánov declaró duelo oficial y confirmó que todos los heridos reciben atención médica. Rusia afirmó haber interceptado 456 drones ucranianos durante la noche en varias regiones, incluidas las cercanías de Moscú y Rostov.

En el lado ucraniano, la Fiscalía General reportó cinco muertos por un intenso bombardeo de artillería rusa contra una zona residencial en el distrito de Chuguyiv, región de Járkiv. Otra persona murió en Jersón cuando un dron impactó un taxi. Imágenes difundidas muestran viviendas destruidas y columnas de humo. Estos ataques de largo alcance reflejan la intensificación de las hostilidades y el creciente costo humano entre la población civil de ambos países.

El saldo de víctimas refuerza la urgencia de retomar el diálogo. Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan el dolor y la destrucción en un conflicto que no da tregua.

El Vaticano confirmó este miércoles una gira latinoamericana del papa León XIV de la que se venía hablando desde hace meses.

En un comunicado escueto, cita diez ciudades que visitará en tan solo 12 días, del 6 al 17 de noviembre, pero sin entrar en detalles.

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, comunica sobre el viaje que hace por “invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas” de los países y que despierta grandes expectativas.

«¡Vuelve a casa!”, reaccionó en Facebook el arzobispado de Lima tras conocerse que el jefe de la Iglesia católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre, en el primer viaje al país de un papa desde 2018.

Y es que el estadounidense Robert Francis Prevost llegó de joven a Perú como misionero y llegó a ser arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 km al norte de Lima. Obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El viaje apostólico comenzará en Uruguay y continuará en Argentina, marcando la primera visita oficial de un pontífice en casi 40 años a los dos vecinos sudamericanos.

En Uruguay León XIV visitará del 6 al 8 de noviembre Montevideo, Paysandú y Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

“Una alegría para todo el pueblo”, reaccionó la iglesia de Uruguay en Facebook.

“Será un acontecimiento para encontrarnos, escucharnos y renovar la esperanza. Una visita abierta a todos: a quienes creen, a quienes buscan, a quienes tienen preguntas y a quienes necesitan una nueva razón para esperar”, añaden.

Desde allí el papa pondrá rumbo a Argentina hasta el 11, concretamente a la capital, Buenos Aires, pero también a Córdoba y Luján, donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

Visita histórica
“Argentina va a recibir al papa”, escribió en mayúsculas el presidente argentino Javier Milei, que lo calificó de “visita histórica”.

El predecesor de León XIV, el argentino Francisco, no regresó a su país natal durante su pontificado en el que dio prioridad a los países de la periferia que nunca habían recibido visitas.

El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II en 1987, seguido de un viaje a Uruguay en 1988.

Desde que fue elegido papa en mayo de 2025, León XIV viajó a Turquía, Líbano, África (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial), Mónaco y España, y tiene previsto visitar Francia en septiembre.

En sus discursos, el papa se centró en el diálogo social, en la paz y en la dignidad de las personas, sobre todo de los migrantes, lo que le ha costado una crisis muy mediática con el presidente estadounidense Donald Trump.

En España, el pontífice no eludió tocar uno de los temas más dolorosos de la Iglesia: los abusos sexuales, que calificó de “llaga todavía abierta”.

Desde hace meses se especulaba con un viaje del papa León XVI a la región. El mismo pontífice dijo en diciembre que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa”.

“Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó en declaraciones a la prensa sobre el país donde pasó más de 20 años como misionero.

El presidente ucraniano detalló que se utilizaron 24 misiles balísticos y 115 drones contra depósitos civiles, infraestructura y una estación de tren. Pidió a sus socios no demorar el envío de sistemas de intercepción.

«Hasta ahora se han reportado 44 heridos como causa del ataque masivo ruso a Kiev y la región de Kiev. Lamentablemente, 17 personas han muerto. Mis condolencias a las familias y los deudos», escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

Según el presidente ucraniano, en el ataque se utilizaron 24 misiles balísticos y 115 drones. Los objetivos fueron ante todo depósitos de empresas civiles, además de infraestructura y una estación de tren.

«Esos establecimientos no tienen nada que ver con la guerra. Se trata de una cervecería, una bodega para material de construcción y un centro logístico», dijo Zelenski.

El mandatario se lamentó de que sistemas de intercepción de misiles hubieran podido salvar la vida de las víctimas y pidió a sus socios no retrasar el envío de esas armas. «Es importante que nuestros socios entiendan que la demora en el envío de esos sistemas o la resistencia a ponerlos a disposición llevan directamente a esos casos horribles, con víctimas y destrucción», afirmó.

Unidades del Servicio Estatal de Emergencias (SES) trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv. En el distrito de Brovary se produjeron incendios de «gran magnitud» en almacenes de la ciudad de Brovary y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró este miércoles, en un comunicado, que su ataque masivo se dirigió contra centros logísticos «utilizados para el almacenamiento y suministro de armamento, así como para la producción y distribución de drones».

Los ataques de Rusia se producen después de que ayer martes Zelenski anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, tras la campaña que inició el pasado 25 de junio contra centros logísticos y refinerías rusas.

Este miércoles, Ucrania atacó otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, a 200 kilómetros de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud. «Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio», informó el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

A consecuencia del ataque resultaron dañados dos edificios de viviendas en el distrito Venevski y dos fábricas en los distritos de Novomoskóvskoe y Uzlovski. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron 475 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas.

Los cotizaciones del crudo sufrieron este lunes un retroceso significativo que superó el 5 %. El referencial Brent se situó bajo la cota de los 83,40 dólares por cada barril, al tiempo que el WTI estadounidense oscilaba cerca de los 79-80 dólares. Dos acontecimientos coincidentes explican el movimiento: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la suspensión de una operación militar proyectada contra Irán, y la alianza OPEP+ confirmó un nuevo aumento de su volumen de extracción.

En su mensaje del domingo, Trump indicó que detenía la ofensiva —calificada con anterioridad como de gran magnitud— y que las conversaciones con las autoridades iraníes se reanudarían de inmediato. El propósito declarado consiste en lograr un entendimiento rápido que permita la libre navegación por el estrecho de Ormuz y elimine la preocupación nuclear asociada a Teherán. La medida surgió tras solicitudes de socios regionales como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y generó en los mercados la percepción de que el conflicto abierto desde finales de febrero podría encaminarse hacia una vía diplomática.

De forma simultánea, los siete productores centrales de la OPEP+ (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) resolvieron ampliar su producción en 188.000 barriles diarios a partir de septiembre. Este ajuste representa el cuarto incremento seguido desde el inicio de las hostilidades y concluye, al menos en los registros oficiales, la anulación de los recortes voluntarios de 2023. Aunque las restricciones técnicas y los problemas de tránsito en el golfo Pérsico han limitado hasta la fecha la llegada efectiva de esos volúmenes adicionales, el anuncio de mayor disponibilidad futura intensificó el sentimiento de venta.

La respuesta de los contratos a futuro evidenció el cambio de expectativas. Después de un mes de julio en el que el Brent había avanzado por encima del 20 % debido a las tensiones en Oriente Medio y a las dificultades en el estrecho de Ormuz, la apertura de agosto mostró una corrección clara. Los operadores interpretaron la pausa en las acciones militares y el incremento de cuotas como indicios de que el flujo de suministro podría estabilizarse antes de lo anticipado, lo que provocó el cierre de posiciones alcistas construidas durante las semanas de mayor incertidumbre. El mercado permanece pendiente de los avances reales en las negociaciones y de la capacidad efectiva —concentrada sobre todo en Arabia Saudí— para transformar las cuotas en barriles disponibles.

La Fiscalía de Bolivia ordenó ayer miércoles la detención del expresidente izquierdista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días, informó la institución. «El día de hoy (…) se ha librado una orden de aprehensión» contra Evo Morales, en el marco de una pesquisa por los cortes de rutas, informó a la prensa Roger Mariaca, fiscal general del Estado.

Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores pedían su renuncia por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas.

Durante las protestas, Paz recibió el espaldarazo de Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas, integrado entre otros por Argentina, Chile y El Salvador, que denunciaron a inicios de junio «esfuerzos para derrocar» al mandatario boliviano.

El gobierno denunció entonces un intento de alterar el «orden democrático» por parte de «narcoterroristas», y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.

Morales dice que la orden de captura «no lo intimida»
«No nos van a intimidar», dijo Morales, de 66 años, quien también denunció una «persecución» en su cuenta de X. «Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social», agregó.

La investigación fiscal contra Evo Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de «terrorismo» y «alzamiento armado».

Las protestas se dispersaron a mediados de junio, luego de que el presidente Paz alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el sindicato obrero más grande del país. El gobierno también decretó un estado de excepción para desactivar con ayuda de militares los bloqueos que persistían.

La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por las protestas, lo que provocó un agudo desabastecimiento de medicinas, combustible y alimentos. Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre y puso fin a un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas, liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).

Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania un ataque masivo en el que empleó más de 70 misiles y unos 280 drones, según informó en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien confirmó el balance de ocho muertos ofrecido horas antes por otras autoridades.

Del total de las víctimas mortales, al menos cinco perdieron la vida en la localidad de Radushne, en los alrededores de la ciudad de Krivi Rig, donde tres niños murieron junto a sus padres al impactar de forma directa un misil balístico contra su casa, según Zelenski.

Otros dos niños de la familia fueron rescatados con vida de debajo de los escombros, agregó el presidente, que dio cuenta también de decenas de heridos en la localidad.

Zelenski habló en su mensaje de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.

El Ejército ucraniano logró derribar más de 260 del total de 280 drones y una parte de los misiles, según el mandatario, que lamentó una vez más el déficit de medios antiaéreos que atraviesa Ucrania.

«La asistencia a destiempo y los retrasos en el suministro de misiles antibalísticos llevan a este tipo de destrucción, a estos niveles de bajas que, por desgracia, estamos viendo hoy», lamentó el presidente ucraniano.