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El documento en el que se dispone la detención de los ex miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora – detenidos este viernes- y Marco Aurelio González Maldonado, explica cuáles son las sospechas sobre los ex funcionarios.

Según sostiene el equipo fiscal integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Laura Giacummo y Verónica Valdez, los tenían conocimiento directo de la grave crisis institucional y financiera de ueno bank, desde diciembre de 2025, pero omitieron tomar medidas correctivas, según se desprende de la Resolución Fiscal N.º 9 emitida este viernes 13 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los fundamentos expuestos por el Ministerio Público en el marco de la causa penal N.º 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza y otros”, las alertas sobre la crítica situación de solvencia del banco ya constaban en el seno del Directorio del BCP desde diciembre de 2025 y febrero de 2026.

En aquellas instancias ya se advertía sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, la modificación irregular de fideicomisos sin autorización del cuerpo colegiado y la realización de operaciones excesivas con empresas vinculadas, tales como Redipro y Redisa, por un monto aproximado de USD 140 millones, en clara infracción a la Ley General de Bancos.

La investigación fiscal detalla que el escenario de riesgo fue formalmente documentado y puesto a conocimiento del colegiado en reiteradas ocasiones a lo largo de 2026 sin obtener una respuesta determinante.

Entre los antecedentes citados en la resolución figura el Memorando JD/DCM N.º 001/2026 del 29 de junio, donde se expuso el déficit de solvencia patrimonial de la entidad tras deducir G. 876.640 millones correspondientes a activos de Red Digital y Redipro, además de señalarse la falta del informe bienal de fusión con Visión Banco y la solicitud expresa de exigir un plan de capitalización.

Asimismo, los fiscales mencionan el Informe de Hallazgos del 5 de agosto de 2026, el cual dictaminó que la cesión de cartera a Vinanzas S.A. constituía una operación prohibida y una falta grave, así como las constancias asentadas en las actas de Directorio de septiembre de este año instando a adoptar medidas de obligada observancia.

Pese a contar con todos estos reportes técnicos y advertencias expresas, los directores hoy requeridos por la Justicia se limitaron a aplicar disposiciones tardías o meramente formales que no subsanaron las inobservancias detectadas.

Las Fiscalía presume que esta “prolongada y deliberada inacción institucional” permitió que subsistieran las operaciones irregulares y continuara la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia.

Para el Ministerio Público, la omisión de los deberes legales de supervisión y control por parte de los miembros del Directorio propició que la situación financiera de Ueno Bank se volviera insostenible, desembocando finalmente en la resolución de la entidad bancaria el pasado 2 de noviembre de 2026.

Esta caída ocasionó un grave y significativo perjuicio patrimonial tanto a instituciones públicas como a ahorristas privados que mantenían sus recursos depositados en el banco. Ante la gravedad de los indicios y la necesidad de que los sospechosos presten declaración indagatoria, la Fiscalía dispuso que la Policía Nacional proceda a su inmediata detención.

La Policía Nacional detuvo este viernes a Miguel Ángel Mora y Liana Emilce Caballero Krause, exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, en cumplimiento de una orden emitida por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Los allanamientos se realizaron en sus viviendas en Asunción. Las autoridades continúan la búsqueda de Marco Aurelio González Maldonado, el tercer exdirectivo alcanzado por la misma medida.

La resolución fiscal, dictada en la causa N.º 92/2026, los vincula con el delito de lesión de confianza en el marco de la supervisión de Ueno Bank S.A. Según la investigación, los tres conocían desde finales de 2025 y principios de 2026 la crítica situación de solvencia de la entidad, las operaciones irregulares con empresas vinculadas y el incumplimiento de planes de capitalización. A pesar de múltiples advertencias internas, memorandos y actas del Directorio, no adoptaron las medidas correctivas que les correspondían por ley.

Entre las alertas mencionadas figuran el incumplimiento de compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, modificaciones de fideicomisos sin autorización del directorio y operaciones con empresas vinculadas, como Redipro y Redisa, por aproximadamente USD 140 millones, que habrían infringido la Ley General de Bancos.

La Fiscalía también señala que estas irregularidades fueron advertidas en distintos documentos e informes técnicos remitidos el 29 de junio, el 8 de junio y el 5 de agosto de este año. Este último habría calificado la cesión de cartera a Vinanzas S.A. como una operación prohibida. Además, se citan actas de reuniones del directorio y un memorando del 18 de septiembre en los que se habrían planteado medidas para corregir la situación.

Esta inacción, de acuerdo con el Ministerio Público, permitió que el banco siguiera captando fondos del público hasta que fue resuelto el 2 de noviembre de 2026, generando un perjuicio patrimonial significativo para ahorristas y entidades públicas y privadas. La orden autoriza que los detenidos permanezcan en dependencias policiales hasta ser puestos a disposición de la fiscalía para prestar declaración indagatoria.

La investigación sigue abierta y las autoridades mantienen activas las diligencias para localizar a González Maldonado. El caso forma parte de un proceso más amplio que examina las responsabilidades en la crisis de Ueno Bank.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, afirmó que el programa Alimentación Escolar Hambre Cero seguirá en marcha, pese a que los fondos sociales de Itaipú finalizan el 31 de diciembre. Lo expresó al ser consultado sobre cómo se sostendrá esta iniciativa, que considera muy valorada por la comunidad educativa.

Rojas explicó que el programa está respaldado por una ley, cuenta con un consejo y con un fondo nacional de alimentación escolar, por lo que, según dijo, está “blindado”. Indicó que, mientras no se disponga de recursos de royalties, será financiado con Fuente 10, y luego se estudiará cómo cubrir el costo. Agregó que el Ministerio de Economía estaría realizando un análisis de proyección al respecto.

El ministro señaló que el presidente Pedro Alliana decidió recortar gastos superfluos, como viáticos, pasajes y catering, además de bonificaciones y remuneraciones extraordinarias. Esos recursos serían reasignados a gastos sociales, principalmente salud y obras públicas. Aseguró que no le comunicaron recortes para Hambre Cero ni para la pensión de adultos mayores, y que sus presupuestos se mantienen.

Rojas indicó que el contrato vigente del programa de alimentación escolar vence en julio y que en agosto debería tener continuidad. Remarcó que, salvo que el Congreso derogue la ley, algo que consideró poco probable y no conveniente, el programa seguirá.

La Fiscalía detuvo este jueves al superintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola y se encuentra allanando su domicilio en Lambaré, en el marco de la Causa N° 92/2026 que investiga a Santiago Peña Palacios y otros.

El procedimiento se realizó a las 06:00 horas en la residencia situada sobre las calles C.1 casi Enfermera Clarita de la ciudad de Lambaré, propiedad de Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, de 51 años. El operativo estuvo a cargo del Comisario Principal M.C.P. José Delgado, del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal.

La detención se ejecutó conforme a la Resolución Fiscal N° 11 y el allanamiento se llevó a cabo en cumplimiento del mandamiento de fecha 11 de noviembre de 2026 firmado por el Juez Penal de Garantías de Delitos Económicos de Primer Turno, Abg. Humberto Otazú. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Abg. Christian Benítez y Abg. Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El procedimiento forma parte de la prosecución de la investigación de la Causa N° 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, en relación al caso Ueno Bank.

La oficina central de ueno bank, situada sobre la avenida Santa Teresa, en Asunción, fue allanada durante la noche del lunes y los intervinientes encontraron dos cajas fuertes, una de ellas estaba oculta en el baño y buscarán abrirla este martes.

Una de las cajas fuertes fue abierta por cerrajeros del Ministerio Público y en su interior encontraron documentos varios, que serán verificados por los investigadores.

El fiscal Silvio Corbeta explicó que la segunda caja fuerte estaba entre una pared y tiene un complejo sistema de apertura, informó Telefuturo.

Las investigaciones, que iniciaron tras el desfalco de ueno, seguirán durante esta jornada.

“Nos trasladamos hasta las oficinas de ueno bank, donde hacía oficina Miguel Vázquez (CEO de ueno) y encontramos dos cajas fuertes, una estaba escondida en una pared”, señaló a los medios de prensa.

Los intervinientes también allanaron las viviendas del presidente de la República destituido Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos implicados en el desfalco de la entidad bancaria, que está en proceso de resolución.

El ex jefe de Estado fue imputado por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio en calidad de autor y la Fiscalía pidió su prisión preventiva, que lo está cumpliendo en el Regimiento Escolta Presidencial.

La intervención bancaria desató una crisis financiera que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y ahorros lo que generó una ola de incertidumbre, reclamos y movilizaciones.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría N° 22, hizo lugar a una acción de amparo constitucional promovida por un grupo de accionistas, entre ellos varios integrantes de la familia Peña, contra el Ministerio de Economía y Finanzas. La resolución ordena a la institución la prohibición de entregar documentos de carácter reservado de propiedad de los accionantes, con el fin de evitar su divulgación sin orden judicial expresa.

Para las 14:00 de hoy estaba convocada la Cámara de Diputados a fin de tratar el Presupuesto de Gastos de la Nación 2027; sin embargo, este mediodía se comunicó la suspensión. Fue un pedido expreso del presidente Pedro Alliana para hacer ajustes.

Una de las primeras promesas de Pedro Alliana al asumir la presidencia el pasado viernes, en reemplazo del destituido Santiago Peña, fue reducir la “grasa” en el presupuesto y aumentar el gasto social. A consecuencia de ello, hoy se levantó la sesión extraordinaria de las 14:00 donde se debía dar ya media sanción al Presupuesto 2027.

Poco después de las 12:00, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), emitió la resolución Nº 4723 por la cual se dispuso la sesión prevista para hoy a fin de tratar el PGN 2027

Esta había sido convocada este fin de semana, bastante opacada por la turbulencia política y económica generada por el caso Ueno, la destitución de Peña vía juicio político y las revelaciones que fue haciendo la investigación penal.

Según se comunicó escuetamente a los legisladores, la suspensión de la convocatoria fue a consecuencia de que “el presidente de la República (Alliana) desea plantear cambios al proyecto del PGN”.

Alliana se inauguró en el cargo planteando una administración pública con menos derroche, lanzando un dardo incluso al expresidente Peña haciendo referencia a su intención de dejar de viajar tanto y ocuparse más del país.

Pese a esta suspensión, el tiempo apremia ya que el PGN 2027 tiene fecha de sanción ficta este sábado 14 de noviembre, es decir, si no se aprueba la versión retocada antes de dicha fecha, quedará sancionada la versión original del gobierno de Peña.

En esta instancia, ese no sería un problema insalvable, ya que de todos modos podría modificarse en su segundo trámite en el Senado, pero implicaría puentear a una de las cámaras.

Lo concreto es que con estos cambios que se pretenden introducir quedan en la nada todo el debate previo y la comparecencia de autoridades, lo cual ahora se deberá apurar antes del sábado 14.

Como parte de esas medidas de austeridad, el nuevo jefe de Gabinete Civil de Alliana y exministro del Ambiente de Peña, Rolando De Barros, emitió una Circular dirigida a todos los entes en la que entre otras medidas, exigía que los viajes al exterior se restrinjan al mínimo posible.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación Especializado rechazar la apelación presentada por la defensa del ex CEO y vicepresidente de Ueno Bank, Miguel Vázquez, y confirmar la prisión preventiva que fue dispuesta por el Juzgado Penal de Garantías, en el marco de la causa abierta por el vaciamiento de la entidad bancaria que derivó en una crisis política y una grave afectación económica a los ahorristas. La defensa solicitó que se haga lugar al pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica y ofreció una fianza de G. 2.925 millones.

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle sostienen en su contestación que se están dadas las condiciones para mantener la prisión preventiva de Vázquez, principalmente por el peligro de fuga. Además, mencionan la posición que Vázquez habría ocupado dentro de la estructura societaria investigada, sus vinculaciones con empresas receptoras de fondos y la influencia que presuntamente habría ejercido sobre las operaciones cuestionadas.

También señalan que el imputado habría manifestado tener ingresos mensuales aproximados de G. 170 millones y consideran que estos elementos deben analizarse junto con la magnitud económica de las operaciones investigadas y las garantías ofrecidas por la defensa para acceder a una medida alternativa.

Respecto a los argumentos sobre el arraigo familiar, laboral y patrimonial, así como a su presentación voluntaria ante la Justicia, los fiscales reconocieron que se trata de circunstancias favorables, pero sostuvieron que no son suficientes para descartar el riesgo de fuga. Asimismo, defendieron la fundamentación del juzgado y señalaron que la prisión preventiva no fue dispuesta como una sanción anticipada, sino como una medida para garantizar que el imputado permanezca sometido al proceso.

Respecto al pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica, la Fiscalía cuestionó la eficacia de la fianza real ofrecida por la defensa, consistente en inmuebles pertenecientes al padre de Vázquez por valor de G. 2.925 millones. Mencionaron que no se presentaron certificados definitivos de condiciones de dominio para verificar posibles gravámenes o restricciones y que tampoco constaba la formalización de la aceptación de la garantía por parte del titular de los inmuebles.

Según la imputación, Miguel Vázquez, vicepresidente primero y beneficiario final de Ueno Bank, habría autorizado y permitido, junto con los demás integrantes del Directorio, operaciones financieras que comprometieron los activos de la entidad entre 2025 y 2026. La Fiscalía sostiene que tenía el control de las sociedades que recibieron los fondos de los créditos, entre ellas Grupo Vázquez, ITTI, MOWI y Grupo M, y que otras empresas vinculadas al grupo también fueron beneficiadas con estas operaciones.

El Ministerio Público señala que Ueno Bank otorgó préstamos y sobregiros a empresas vinculadas, pese a que presentaban debilidades en los análisis de riesgo, montos desproporcionados respecto de su capacidad financiera, plazos extensos y ausencia de garantías suficientes. Además, sostiene que los fondos fueron desviados hacia otras sociedades del grupo económico para cubrir obligaciones financieras, mientras que las empresas beneficiadas no tenían capacidad autónoma de repago.

Una comitiva del Ministerio Público y de la Policía Nacional allanó este domingo la lujosa mansión de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cua, San Bernardino. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, luego de que el Congreso lo destituyera mediante juicio político el pasado viernes. El operativo forma parte de las indagaciones vinculadas al colapso de Ueno Bank.

Los fiscales Cristian Benítez, Elena Fiore y Silvia González encabezaron la diligencia. Según datos preliminares, los intervinientes hallaron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado sistema de seguridad de origen israelí que no pudieron abrir. La residencia, valuada en unos 7.700 millones de guaraníes, fue financiada con dos préstamos simultáneos de Ueno Bank otorgados en mayo de 2024 por 3.548 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales alcanzaban los 239 millones de guaraníes, cifra que superaba ampliamente el sueldo presidencial de Peña.

El hallazgo refuerza la investigación sobre el financiamiento de la propiedad y los vínculos del expresidente con el banco, cuyo cierre por insolvencia generó un perjuicio estimado en más de 800 millones de dólares. Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial. A pesar de su destitución, personal de esa unidad aún resguardaba el inmueble al momento del allanamiento.

La Fiscalía continúa las diligencias para acceder a la bóveda y recabar elementos de prueba. El caso mantiene bajo lupa las operaciones crediticias y la posible utilización de recursos públicos en beneficio privado durante el mandato de Peña.

El diputado opositor Raúl Benítez afirmó que el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Central del Paraguay (BCP) actuaron de manera sometida para facilitar la captación de fondos a favor de Ueno Bank durante el gobierno de Santiago Peña. Según el legislador, este proceso formó parte de lo que calificó como un esquema fraudulento y estafador que comprometió al presidente de la República.

Benitez sostuvo que la captación de fondos comenzó a tomar forma cuando Peña asumió la presidencia y el IPS modificó dos veces su normativa interna. Primero se flexibilizó la exigencia de capital efectivo que debía mantener el banco, y luego se redujo la justificación requerida para la colocación de dinero. Estas modificaciones, según el diputado, permitieron que la previsional depositara la mayor parte de sus recursos en Ueno.

El legislador detalló que entre 2023 y 2025 los fondos del IPS en esa entidad pasaron de 80 mil millones a aproximadamente 2,2 billones de guaraníes. En un período de 20 meses, el incremento alcanzó el 3.035 por ciento. A partir de ese momento, señaló, comenzaron los abusos, el bicicleteo financiero y el vaciamiento del banco.

Para que este esquema funcionara, Benítez indicó que fue necesario contar con un Banco Central sometido que no cumpliera su rol de ente regulador. Según explicó, la autoridad monetaria dejó prácticamente abierta la puerta para que Ueno pudiera maquillar la salida de millones y prestar a empresas vinculadas sin el rigor exigido por las normas.

El diputado remarcó que la combinación de un IPS dispuesto a cambiar sus reglas y un BCP que no ejerció el control necesario facilitó el crecimiento acelerado de los depósitos previsionales en la entidad. Estas declaraciones se suman a las denuncias que rodean la crisis de Ueno Bank y el proceso político que enfrenta el gobierno de Peña.