Categoría: Nacionales

  • Emiliano Rolón renuncia a la Fiscalía General para evitar un juicio político tras escándalo de ueno

    Emiliano Rolón renuncia a la Fiscalía General para evitar un juicio político tras escándalo de ueno

    El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, presentó su renuncia al cargo al mediodía de este martes, acorralado por un intento de juicio político en su contra por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes en un contexto de fuertes cuestionamientos en su conducción en la investigación del caso ueno bank.

    Desde la Presidencia de la República se comunicó la presentación formal de la Nota F.G.E. N.º 471, remitida el titular del Ministerio Público saliente.

    En el escrito señaló que su decisión se da en el marco del juicio político instalado en la Cámara de Diputados y que presenta su renuncia ante el Poder Ejecutivo, en su carácter de titular de su nombramiento.

    En el libelo acusatorio que se socializó se incluyen cuatro cargos contra Rolón Fernández. Como primer punto, lo culpa por no encarar de manera correcta y menos aparatosa las indagaciones en torno a la causa.

    Rolón Fernández admitió abiertamente que los investigadores perdieron de vista incautar el celular del ex presidente Santiago Peña y justificó que no se allanara la residencia presidencial por sobrecarga de los fiscales.

    El segundo cargo que se le atribuye es la retención por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio que habrían presentado legisladores de la oposición contra el ex mandatario.

    Para los acusadores, el fiscal general fue negligente.

    La inacción en el caso de los sobres con dinero que fueron denunciados por Luz Maribel Candado, ex encargada de tareas domésticas en Mburuvicha Róga, se cita como el tercer cargo contra Rolón Fernández.

    Como último cargo se agrega la denuncia presentada por los propios funcionarios de la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público ante la situación insostenible que atravesaban.

    A las intenciones de juicio político, también se les suman los presuntos vínculos del hijo de fiscal general con la firma itti, del Grupo Vázquez.

    Según expuso el abogado Felino Amarilla, Eduardo Royg es representante de César Astigarraga, ex titular de itti, e integra el mismo estudio jurídico de Jorge Rolón, hijo de Emiliano Rolón Fernández.

    Por su parte, Royg aseguró no tener “trato directo” con el fiscal general del Estado ni trabaja con ninguno de sus hijos.

  • Bancada de Colorado Añeteté acompañará juicio político al fiscal general

    Bancada de Colorado Añeteté acompañará juicio político al fiscal general

    La Bancada Colorado Añetete de la Cámara de Diputados comunicó este 17 de noviembre de 2026 su decisión de acompañar el juicio político al fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández. La postura se enmarca en las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional y representa un giro relevante, ya que el apoyo de sectores colorados es decisivo para que el proceso avance en la Cámara Baja.

    En el comunicado, la bancada señala que la independencia del Ministerio Público no implica ausencia de responsabilidad ni exime a su máxima autoridad de rendir cuentas por el desempeño de sus funciones. Recuerdan que la Fiscalía General tiene la obligación constitucional de defender la legalidad, proteger los intereses de la sociedad y garantizar investigaciones objetivas, eficaces e independientes, sin privilegios ni distinciones.

    La decisión se produce en un contexto de creciente presión ciudadana y política. La oposición impulsa un libelo acusatorio contra Rolón por supuestos malos desempeños vinculados principalmente al manejo de las investigaciones del caso Ueno Bank y a denuncias relacionadas con el expresidente Santiago Peña (ya destituido y detenido), así como por demoras y cuestionamientos al funcionamiento del laboratorio forense. Hasta ahora, la oposición contaba con un número limitado de firmas y necesitaba votos colorados para alcanzar la mayoría requerida.

    La Bancada Colorado Añetete aclara que su posición no responde a intereses políticos partidarios, sino al compromiso de exigir responsabilidad institucional y transparencia en el ejercicio del poder público. Subrayan que Paraguay necesita instituciones fuertes, una justicia independiente y un Ministerio Público que inspire confianza a la ciudadanía.

  • Allanan en simultáneo viviendas de los hermanos de Santiago Peña

    Allanan en simultáneo viviendas de los hermanos de Santiago Peña

    El Ministerio Público, encabezado por los fiscales Christian Benítez y Silvia González, realizó allanamientos en simultáneo en las residencias de Manuel y Francisco Peña Palacios, hermanos del ex presidente de la República Santiago Peña, informó radio Monumental 1080 AM.

    La vivienda de Francisco Peña Palacios está situada sobre las calles Waldino Ramón Lovera casi R.I 5 General Díaz del barrio Los Laureles, mientras que el domicilio de Manuel Peña Palacios se encuentra sobre las calles La Franconi esquina Doctor Alejandro Dávalos del barrio Mariscal Estigarribia.

    En los procedimientos no hay detenidos y desde la Fiscalía indicaron que es con el fin de incautar elementos que sirvan en el marco de la investigación que inició, tras el escándalo de ueno bank, que salpicó al ex jefe de Estado y lo llevó a su destitución de la Presidencia vía juicio político.

    Según detallaron, de ambas residencias se procedió a la incautación de dispositivos electrónicos.

    Según los antecedentes, un total de 22 accionistas se integraron en el año 2024 a la firma constituida por Miguel Vázquez y su grupo en el Gran Ducado de Luxemburgo, u Holdings Sàrl para estructurar el imperio que tuvo a ueno como su soporte financiero.

    En esta lista se encontraba Francisco Peña, así como el ex jefe de Gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, su esposa e hija, e importantes directivos de la propia firma actualmente intervenida y rumbo a la quiebra oficial.

    El pasado miércoles 4 de noviembre, en plena madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió el inicio del proceso de resolución bancaria de ueno, que presentó una insolvencia severa por debajo del 50%.

    El caso derivó en la detención de los directivos de la entidad bancaria y autoridades de la banca matriz.

    La investigación fiscal estima que el perjuicio patrimonial del Estado supera los USD 815 millones por las actuaciones atribuidas al ex presidente Peña ligadas a ueno bank, que desató un escándalo a nivel político, económico y social.

  • Santiago Peña cumple 48 años mientras guarda prisión preventiva

    Santiago Peña cumple 48 años mientras guarda prisión preventiva

    El expresidente Santiago Peña cumple este lunes 16 de noviembre 48 años mientras permanece recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco de la prisión preventiva dispuesta por el caso Ueno Bank.

    Peña nació el 16 de noviembre de 1978 en Asunción. Se encuentra bajo prisión preventiva desde el sábado 7 de noviembre, por disposición del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

    Inicialmente fue imputado por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio. El viernes 13 de noviembre, el Ministerio Público amplió la imputación e incorporó el presunto hecho punible de asociación criminal, en calidad de autor.

    Según la hipótesis fiscal, Peña habría encabezado una estructura organizada que presuntamente operó desde instituciones del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez y Ueno Bank. Será su primer cumpleaños privado de libertad, en medio de la investigación por el escándalo financiero.

  • BCP sabía desde diciembre de 2025 sobre la crítica situación de ueno bank y no actuó, según Fiscalía

    BCP sabía desde diciembre de 2025 sobre la crítica situación de ueno bank y no actuó, según Fiscalía

    El documento en el que se dispone la detención de los ex miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora – detenidos este viernes- y Marco Aurelio González Maldonado, explica cuáles son las sospechas sobre los ex funcionarios.

    Según sostiene el equipo fiscal integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Laura Giacummo y Verónica Valdez, los tenían conocimiento directo de la grave crisis institucional y financiera de ueno bank, desde diciembre de 2025, pero omitieron tomar medidas correctivas, según se desprende de la Resolución Fiscal N.º 9 emitida este viernes 13 de noviembre de 2026.

    De acuerdo con los fundamentos expuestos por el Ministerio Público en el marco de la causa penal N.º 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza y otros”, las alertas sobre la crítica situación de solvencia del banco ya constaban en el seno del Directorio del BCP desde diciembre de 2025 y febrero de 2026.

    En aquellas instancias ya se advertía sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, la modificación irregular de fideicomisos sin autorización del cuerpo colegiado y la realización de operaciones excesivas con empresas vinculadas, tales como Redipro y Redisa, por un monto aproximado de USD 140 millones, en clara infracción a la Ley General de Bancos.

    La investigación fiscal detalla que el escenario de riesgo fue formalmente documentado y puesto a conocimiento del colegiado en reiteradas ocasiones a lo largo de 2026 sin obtener una respuesta determinante.

    Entre los antecedentes citados en la resolución figura el Memorando JD/DCM N.º 001/2026 del 29 de junio, donde se expuso el déficit de solvencia patrimonial de la entidad tras deducir G. 876.640 millones correspondientes a activos de Red Digital y Redipro, además de señalarse la falta del informe bienal de fusión con Visión Banco y la solicitud expresa de exigir un plan de capitalización.

    Asimismo, los fiscales mencionan el Informe de Hallazgos del 5 de agosto de 2026, el cual dictaminó que la cesión de cartera a Vinanzas S.A. constituía una operación prohibida y una falta grave, así como las constancias asentadas en las actas de Directorio de septiembre de este año instando a adoptar medidas de obligada observancia.

    Pese a contar con todos estos reportes técnicos y advertencias expresas, los directores hoy requeridos por la Justicia se limitaron a aplicar disposiciones tardías o meramente formales que no subsanaron las inobservancias detectadas.

    Las Fiscalía presume que esta “prolongada y deliberada inacción institucional” permitió que subsistieran las operaciones irregulares y continuara la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia.

    Para el Ministerio Público, la omisión de los deberes legales de supervisión y control por parte de los miembros del Directorio propició que la situación financiera de Ueno Bank se volviera insostenible, desembocando finalmente en la resolución de la entidad bancaria el pasado 2 de noviembre de 2026.

    Esta caída ocasionó un grave y significativo perjuicio patrimonial tanto a instituciones públicas como a ahorristas privados que mantenían sus recursos depositados en el banco. Ante la gravedad de los indicios y la necesidad de que los sospechosos presten declaración indagatoria, la Fiscalía dispuso que la Policía Nacional proceda a su inmediata detención.

  • Detienen a los exdirectores del BCP Miguel Mora y Liana Caballero y buscan a Marco Aurelio González

    Detienen a los exdirectores del BCP Miguel Mora y Liana Caballero y buscan a Marco Aurelio González

    La Policía Nacional detuvo este viernes a Miguel Ángel Mora y Liana Emilce Caballero Krause, exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, en cumplimiento de una orden emitida por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Los allanamientos se realizaron en sus viviendas en Asunción. Las autoridades continúan la búsqueda de Marco Aurelio González Maldonado, el tercer exdirectivo alcanzado por la misma medida.

    La resolución fiscal, dictada en la causa N.º 92/2026, los vincula con el delito de lesión de confianza en el marco de la supervisión de Ueno Bank S.A. Según la investigación, los tres conocían desde finales de 2025 y principios de 2026 la crítica situación de solvencia de la entidad, las operaciones irregulares con empresas vinculadas y el incumplimiento de planes de capitalización. A pesar de múltiples advertencias internas, memorandos y actas del Directorio, no adoptaron las medidas correctivas que les correspondían por ley.

    Entre las alertas mencionadas figuran el incumplimiento de compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, modificaciones de fideicomisos sin autorización del directorio y operaciones con empresas vinculadas, como Redipro y Redisa, por aproximadamente USD 140 millones, que habrían infringido la Ley General de Bancos.

    La Fiscalía también señala que estas irregularidades fueron advertidas en distintos documentos e informes técnicos remitidos el 29 de junio, el 8 de junio y el 5 de agosto de este año. Este último habría calificado la cesión de cartera a Vinanzas S.A. como una operación prohibida. Además, se citan actas de reuniones del directorio y un memorando del 18 de septiembre en los que se habrían planteado medidas para corregir la situación.

    Esta inacción, de acuerdo con el Ministerio Público, permitió que el banco siguiera captando fondos del público hasta que fue resuelto el 2 de noviembre de 2026, generando un perjuicio patrimonial significativo para ahorristas y entidades públicas y privadas. La orden autoriza que los detenidos permanezcan en dependencias policiales hasta ser puestos a disposición de la fiscalía para prestar declaración indagatoria.

    La investigación sigue abierta y las autoridades mantienen activas las diligencias para localizar a González Maldonado. El caso forma parte de un proceso más amplio que examina las responsabilidades en la crisis de Ueno Bank.

  • Ministro de Desarrollo Social asegura que Hambre Cero continuará y que no faltarán recursos

    Ministro de Desarrollo Social asegura que Hambre Cero continuará y que no faltarán recursos

    El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, afirmó que el programa Alimentación Escolar Hambre Cero seguirá en marcha, pese a que los fondos sociales de Itaipú finalizan el 31 de diciembre. Lo expresó al ser consultado sobre cómo se sostendrá esta iniciativa, que considera muy valorada por la comunidad educativa.

    Rojas explicó que el programa está respaldado por una ley, cuenta con un consejo y con un fondo nacional de alimentación escolar, por lo que, según dijo, está “blindado”. Indicó que, mientras no se disponga de recursos de royalties, será financiado con Fuente 10, y luego se estudiará cómo cubrir el costo. Agregó que el Ministerio de Economía estaría realizando un análisis de proyección al respecto.

    El ministro señaló que el presidente Pedro Alliana decidió recortar gastos superfluos, como viáticos, pasajes y catering, además de bonificaciones y remuneraciones extraordinarias. Esos recursos serían reasignados a gastos sociales, principalmente salud y obras públicas. Aseguró que no le comunicaron recortes para Hambre Cero ni para la pensión de adultos mayores, y que sus presupuestos se mantienen.

    Rojas indicó que el contrato vigente del programa de alimentación escolar vence en julio y que en agosto debería tener continuidad. Remarcó que, salvo que el Congreso derogue la ley, algo que consideró poco probable y no conveniente, el programa seguirá.

  • Detienen al superintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola en operativo de la Fiscalía

    Detienen al superintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola en operativo de la Fiscalía

    La Fiscalía detuvo este jueves al superintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola y se encuentra allanando su domicilio en Lambaré, en el marco de la Causa N° 92/2026 que investiga a Santiago Peña Palacios y otros.

    El procedimiento se realizó a las 06:00 horas en la residencia situada sobre las calles C.1 casi Enfermera Clarita de la ciudad de Lambaré, propiedad de Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, de 51 años. El operativo estuvo a cargo del Comisario Principal M.C.P. José Delgado, del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal.

    La detención se ejecutó conforme a la Resolución Fiscal N° 11 y el allanamiento se llevó a cabo en cumplimiento del mandamiento de fecha 11 de noviembre de 2026 firmado por el Juez Penal de Garantías de Delitos Económicos de Primer Turno, Abg. Humberto Otazú. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Abg. Christian Benítez y Abg. Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

    El procedimiento forma parte de la prosecución de la investigación de la Causa N° 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, en relación al caso Ueno Bank.

  • Hallan caja fuerte oculta en el baño de la casa central de ueno bank

    Hallan caja fuerte oculta en el baño de la casa central de ueno bank

    La oficina central de ueno bank, situada sobre la avenida Santa Teresa, en Asunción, fue allanada durante la noche del lunes y los intervinientes encontraron dos cajas fuertes, una de ellas estaba oculta en el baño y buscarán abrirla este martes.

    Una de las cajas fuertes fue abierta por cerrajeros del Ministerio Público y en su interior encontraron documentos varios, que serán verificados por los investigadores.

    El fiscal Silvio Corbeta explicó que la segunda caja fuerte estaba entre una pared y tiene un complejo sistema de apertura, informó Telefuturo.

    Las investigaciones, que iniciaron tras el desfalco de ueno, seguirán durante esta jornada.

    “Nos trasladamos hasta las oficinas de ueno bank, donde hacía oficina Miguel Vázquez (CEO de ueno) y encontramos dos cajas fuertes, una estaba escondida en una pared”, señaló a los medios de prensa.

    Los intervinientes también allanaron las viviendas del presidente de la República destituido Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos implicados en el desfalco de la entidad bancaria, que está en proceso de resolución.

    El ex jefe de Estado fue imputado por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio en calidad de autor y la Fiscalía pidió su prisión preventiva, que lo está cumpliendo en el Regimiento Escolta Presidencial.

    La intervención bancaria desató una crisis financiera que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y ahorros lo que generó una ola de incertidumbre, reclamos y movilizaciones.

  • Otorgan amparo a la familia de Santiago Peña para evitar la entrega de documentos reservados

    Otorgan amparo a la familia de Santiago Peña para evitar la entrega de documentos reservados

    El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría N° 22, hizo lugar a una acción de amparo constitucional promovida por un grupo de accionistas, entre ellos varios integrantes de la familia Peña, contra el Ministerio de Economía y Finanzas. La resolución ordena a la institución la prohibición de entregar documentos de carácter reservado de propiedad de los accionantes, con el fin de evitar su divulgación sin orden judicial expresa.

    La demanda fue presentada por Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch, por sus propios derechos.

    Entre los accionantes figuran varias personas que comparten el apellido Peña o están vinculadas por él: Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios. La resolución no detalla el grado de parentesco entre ellos, pero los agrupa como parte del grupo que solicitó la protección de sus documentos reservados.

    El tribunal ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas que se abstenga de entregar los documentos de carácter reservado de propiedad de los accionantes que se encuentran almacenados en sus dependencias, salvo que exista una orden judicial expresa o que el pedido provenga de un organismo estatal habilitado por ley. La medida se fundamenta en los motivos expuestos en el considerando de la resolución, y el juzgado señaló que viene fallando en casos similares.

    En el expediente se listan distintas sociedades vinculadas a los accionantes, entre ellas BYOC S.A., Pear S.R.L., Santorini de Paraguay S.A., Muar S.R.L., Fructus Terrae Saci, Corpus S.A. de Mandatos, Guata Trade S.A., Enerbike S.A., Optima S.A., Penco S.A., Fenix S.A., Los Cabos S.A., Budelar S.R.L., La Huella S.A., Manufactura de Pilar S.A., Textil Toro Blanco S.A., Paraguay Agricultural Holdin y SMF S.A., entre otras.