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Dos personas fueron detenidas hoy en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, en el marco de la investigación del asalto con explosivos perpetrado en la madrugada de ayer, martes, contra cuatro instituciones financieras de la localidad de Santa Rita, Alto Paraná.

Una comitiva fiscal-policial detuvo hoy a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes los investigadores señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos utilizados en el atraco en Santa Rita.

En uno de los allanamientos efectuados hoy en Emboscada, la Policía Nacional incautó documentos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) relacionados con la entrega de explosivos para explotación minera a una cantera ubicada en el departamento de Presidente Hayes.

Trazabilidad de los explosivos
En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el general Melanio Servín, director de la Digemabel, explicó que efectivos de su institución ayudaron a los investigadores del Ministerio Público a establecer la trazabilidad de los explosivos utilizados por los asaltantes, que fueron rastreados a una empresa unipersonal que adquirió el material a través de la Digemabel, que regula la comercialización de explosivos para la explotación minera en canteras en Paraguay.

Durante el asalto de ayer, los atracadores detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita.

Los asaltantes también irrumpieron en un local de Ueno Bank y de una casa de cambios, pero no pudieron hacer detonaciones y abandonaron explosivos sin estallar, lo que permitió a los investigadores hacer la trazabilidad.

Asaltos con explosivos de uso comercial
En los últimos años se han registrado varios asaltos en los que fueron utilizados explosivos adquiridos para la explotación minera. Según los registros de la Digemabel, se han registrado siete casos de ese tipo desde 2017.

El general Servín explicó que en Paraguay se comercializan dos tipos de explosivos de uso comercial para la explotación en canteras.

Uno de ellos es la denominada ‘emulsión explosiva bombeable’, un explosivo en formato semilíquido de muy alto costo y generalmente adquirido solo por grandes empresas, que es acompañado por personal de la Digemabel desde su ingreso al país hasta su uso en canteras.

El otro tipo es la denominada ‘emulsión explosiva encartuchada’, coloquialmente conocida como ‘banana’, cartuchos de explosivos de costo más bajo que se venden en volúmenes más pequeños y suelen ser adquiridos por empresas unipersonales, pequeñas o medianas.

Ese segundo tipo de explosivo es el que se ha utilizado en asaltos en Paraguay en los últimos años, incluyendo el de ayer en Santa Rita.

Plantearán reforzar seguimiento de explosivos
El general Servín explicó que la Digemabel no tiene la capacidad logística para dar seguimiento también a todos los explosivos encartuchados que son vendidos, pero afirmó que solicitará al Gobierno la implementación de medidas para ese fin.

Explicó que se han registrado casos en que las personas que compran los explosivos “fingen documentalmente” que estos han sido utilizados en canteras y acaban desviando los materiales para su uso en hechos delictivos.

El investigador y exintegrante del Consejo Nacional de Educación Superior, Jorge García Riart, advirtió que el sistema de educación superior atraviesa un escenario de riesgo debido a la proliferación de títulos falsos y carreras sin habilitación. Señaló que este problema, que viene acumulándose desde hace años, afecta la confianza ciudadana y la credibilidad del país en el ámbito académico e internacional.

García Riart explicó que existen instituciones que ofrecen carreras sin acreditación y sin los controles correspondientes, lo que genera un deterioro progresivo en la calidad educativa. Además, cuestionó la intención de abrir más universidades sin un análisis claro de la demanda real del mercado, lo que agrava la falta de planificación en el sector.

El especialista advirtió que esta situación podría derivar en una mayor presión social, con reclamos ciudadanos frente a las instituciones responsables de la regulación educativa. En ese sentido, alertó sobre el impacto negativo que esto podría tener en indicadores de desarrollo y en la confianza general hacia el sistema.

Finalmente, valoró la creación de una comisión de investigación en el Congreso Nacional sobre los títulos falsos, aunque insistió en la necesidad de una auditoría integral y seria en todo el sistema de educación superior para garantizar transparencia y calidad.

La Fiscalía Adjunta del Área X, a cargo del fiscal adjunto Celso Sanabria, dispuso la conformación de un equipo de trabajo para reforzar la investigación de los ataques perpetrados contra entidades bancarias en la ciudad de Santa Rita. Paralelamente, la Policía también envió una comitiva para reforzar los trabajos de seguridad en la zona.

Tras el megaataque registrado en pleno centro de Santa Rita, tanto la Fiscalía como la Policía refuerzan sus equipos de investigación.

El fiscal adjunto Celso Sanabria designó como fiscales coadyuvantes a los agentes Edgar Benítez y María del Carmen Meza, quienes acompañarán las diligencias investigativas encabezadas por la agente fiscal Rocío González, responsable de la causa.

“La decisión tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación y eventual procesamiento de los responsables”, indicó el Ministerio Público.

Equipo policial en camino
Paralelamente, el subcomandante de la Policía, comisario Feliciano Martínez, y el director general de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, se encuentran en camino a Santa Rita para “supervisar personalmente los precedimientos, coordinar labores investigativas y fortalecer las acciones operativas desplegadas”.

La institución aseguró que se desarrollarán tareas preventivas, investigativas y técnicas, con el acompañamiento del Ministerio Público, para avanzar con todo el proceso investigativo.

En horas de la madrugada de este martes, un grupo de aproximadamente 20 personas armadas llevó a cabo un asalto tipo comando contra tres sucursales bancarias y una casa de cambios en el distrito de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó la existencia de 250 títulos falsos de docentes tras una investigación realizada en conjunto con el Ministerio Público. La información fue dada a conocer por el ministro Luis Fernando Ramírez, quien explicó que los casos forman parte de más de 500 expedientes remitidos para verificación. Los involucrados incluyen docentes de escuelas públicas y algunos funcionarios de la propia cartera educativa, quienes ahora enfrentan procesos judiciales.

Según detalló Ramírez, una parte de los casos inicialmente investigados pudo ser aclarada por los afectados, mientras que otro grupo no logró justificar la procedencia de sus títulos. Incluso ya existe una primera sentencia judicial relacionada con la causa. El ministro adelantó que mantendrá reuniones con representantes de la Fiscalía para analizar las medidas que podrían adoptarse mientras continúan las investigaciones.

La situación genera un desafío administrativo para el MEC, ya que la posesión de un título válido constituye un requisito indispensable para ejercer funciones docentes o desempeñarse en determinados cargos dentro de la institución. La eventual pérdida de esa acreditación podría derivar en decisiones complejas respecto a la continuidad laboral de los implicados.

Ramírez también rechazó las versiones que señalan una supuesta falta de transparencia por parte del MEC. Explicó que históricamente el ministerio enfrentó limitaciones para verificar documentos, debido a que las universidades registraban los títulos y conservaban la documentación académica, además de ampararse en la autonomía universitaria para restringir el acceso a determinados registros.

Como respuesta a esta problemática, el MEC implementó el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior, una herramienta que permitirá seguir la trayectoria académica completa de los alumnos universitarios. Sin embargo, el ministro aclaró que los primeros resultados integrales del sistema recién estarán disponibles en 2028, cuando egrese la primera cohorte de estudiantes registrada bajo este nuevo mecanismo, fortaleciendo así los controles y la trazabilidad de los títulos académicos en el país.

La exsenadora Kattya González opinó hoy que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la acción de inconstitucionalidad que ella presentó contra su expulsión del Senado es evidencia de que la máxima instancia judicial “se arrodilló ante el poder político” y advirtió de que el fallo podría tener “efectos muy devastadores para la República”. Anunció que llevará el caso a instancias internacionales.

Ayer, lunes, la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad que presentó a principios de 2024 la exsenadora opositora Kattya González contra la resolución de la Cámara de Senadores que decidió su expulsión del Congreso Nacional.

Con seis votos en contra y tres a favor, la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar al reclamo que presentó Kattya González contra de la Resolución 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados.

La acción constitucional fue rechazada por los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Armando Kriskovich. En contraste, votaron por hacer lugar a la acción los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

Kattya recurrirá a instancias internacionales
En comunicación con ABC Cardinal este martes, la exsenadora Kattya González adelantó que llevará el caso a instancias internacionales y comentó que aún está analizando si recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas.

Haciendo eco a declaraciones que hizo ayer tras la divulgación de la decisión de la Corte Suprema, González enfatizó que es necesario “hacer consideraciones de los alcances de esta resolución” más allá de lo que le atañe a ella personalmente y pensar en los efectos que puede tener a futuro.

“Lo que hace la Corte Suprema es dar un cheque en blanco al Poder Legislativo para que se reúnan y decidan expulsar a cualquier miembro que moleste, sin fundamentación y sin tener en cuenta los estándares que establece nuestro marco constitucional en cuanto al debido proceso”, dijo.

“Estamos ante un escándalo de proporciones graves y efectos muy devastadores para la República” en el cual el “bastión de protección” jurídica que debería ser la Corte Suprema se “arrodilló ante el poder político”, subrayó.

Insiste en que se violaron sus derechos constitucionales
La exlegisladora señaló que su estrategia en combatir la resolución del Senado que la expulsó no se apoyó en la cuestión de fondo en que se basó el proceso de pérdida de investidura impulsado por la mayoría cartista en el Senado, que la acusó de supuesto uso indebido de influencias; sino en la forma que se dio el proceso de expulsión, durante el cual, según argumenta González, se violó su derecho constitucional a la defensa.

Insistió en que no fue notificada de la acusación en su contra y que el Senado no ha podido “acercar un solo documento” que pruebe que ella sí fue notificada, en violación de los derechos procesales establecidos en el Artículo 17 de la Constitución Nacional.

“¿Dónde queda el Artículo 17, el derecho a ser oído, anoticiado y tener un plazo razonable de defensa, de al menos unas horas?”, preguntó.

Expulsión contraria al reglamento del Senado
La exsenadora González recordó que su expulsión se dio en medio del periodo de receso parlamentario y fue aprobada apenas con una mayoría simple de la mitad más uno de los senadores, a pesar de que el reglamento interno del Senado – según la Resolución 429/2023 de la Cámara Alta – exigía una mayoría de dos tercios para aprobar una pérdida de investidura.

El argumento presentado contra ese punto por el ministro de Corte Alberto Martínez Simón es que esa resolución del Senado – aprobada el 20 de diciembre de 2023, inmediatamente antes del receso parlamentario y menos de dos meses antes de la expulsión de González – aún no estaba vigente cuando la parlamentaria opositora fue expulsada.

Sin embargo, la exsenadora recordó que en la sesión del Senado en la que fue aprobada esa resolución el entonces presidente del Congreso Nacional dijo que la resolución entraba en vigencia de manera inmediata.

Recordó también que, antes de su expulsión, el cartismo intentó derogar la resolución 429 en una sesión que no se llevó a cabo por falta de quórum. Con ese acto, “el propio Congreso reconoce la vigencia” de esa resolución, opinó González.

La postura de Martínez Simón evidencia “un desconocimiento muy grave para justificar lo injustificable”, agregó.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, calificó como «tranquila y ordenada» la jornada de elecciones internas partidarias simultáneas de este domingo. Destacó el comportamiento cívico de la ciudadanía durante todo el proceso electoral.

Bogarín agradeció el trabajo de más de 8.700 funcionarios y funcionarias de la Justicia Electoral desplegados en todo el país para garantizar el desarrollo de los comicios.

En tanto que, el vicepresidente del TSJE, César Rossel, informó que la participación en las internas alcanzó el 45% del padrón habilitado. También resaltó el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al que definió como una «joya» de la Justicia Electoral y un modelo reconocido a nivel internacional.

Por último, el ministro Jaime Bestard señaló que este desafío era muy grande porque implicaba organizar las elecciones de muchas agrupaciones, además instó a verificar los resultados que están digitalizados en el portal web de la Justicia Electoral. Concluyó declarando que el sistema electoral demostró solidez y transparencia frente a las auditorías y las exigencias de la ciudadanía.

El Ministerio de Defensa confirmó a Última Hora que el joven Almir de Brum fue liberado en el Departamento de Canindeyú tras permanecer secuestrado por más de 100 días, desde el pasado 21 de febrero.

La comunicación sobre la liberación fue dada por la familia a las autoridades, quienes se encuentran en pleno procedimiento. Se desconoce si hubo pago por el rescate.

Según una fotografía difundida por la Policía Nacional, los uniformados se encuentran en un local familiar denominado Gomería Brum. Además, las autoridades realizarán una conferencia de prensa en las próximas horas.

Almir de Brum se encuentra delgado, con heridas superficiales. Ahora se encuentra rodeando de sus familiares y agentes militares, según el video que lo muestra en una casa de madera.

El productor brasileño fue secuestrado el sábado 21 de febrero pasado mientras se encontraba trabajando en su chacra, a bordo de una cosechadora.

El hecho ocurrió en una chacra ubicada en la zona de la Reserva Morombí, en el Departamento de Canindeyú.

El plagio se atribuye a miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) por un panfleto y manuscrito que dejaron en la zona el día de su secuestro.

Fuentes cercanas y confiables filtraron a la ex senadora Kattya González información sobre su caso en la máxima instancia judicial de Paraguay. En este sentido, maneja que seis ministros votaron en contra de la acción que promovió y tres a favor, es decir, no hubo mayoría para anular su expulsión de la Cámara de Senadores.

Según mencionó, el argumento principal se basaría en la no justiciabilidad de los actos del Poder Legislativo, un argumento que revocatoria la jurisprudencia anterior de la Corte. “Es decir la Corte no va a ponerse a juzgar acerca del poder disciplinario que tiene hacia sus pares la Cámara de Senadores y de Diputados, pero sí puede hacer un control de constitucionalidad del debido proceso, que es una garantía constitucionalidad”, refirió.

El resultado del fallo se conocerá en cualquier momento, según la senadora expulsada del Congreso, justamente en medio de la etapa de las elecciones internas y la fiebre del mundial, aprovechando la distracción de la ciudadanía.

González considera que su caso igualmente ya no tiene efectos reivindicatorios, teniendo en cuenta que se cumplieron más de dos años de su pérdida de investidura y que queda muy poco para completar el periodo hasta el 2028, para el cual fue electa.

Sin embargo, sigue dispuesta a recurrir a instancias internacionales, sobre por su preocupación sobre la vulnerabilidad de la seguridad jurídica “bajo el manto de impunidad institucional”.

Recordó algunas condenas que tuvo Paraguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas a destituciones arbitrarias. Se trata de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, así como el exfiscal Alejandro Nissen.

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, el principal impulsor de la expulsión de Kattya González el 14 de febrero de 2024, había dado a entender que bloquearía el retorno de la ex legisladora si la resolución de la Corte sale favorable, pero luego llamativamente se retractó.

Un hombre de 53 años fue aprehendido por la Policía tras un presunto hecho de lesión producida por disparo de arma de fuego ocurrido en la madrugada de este miércoles en la Colonia 14 de Mayo, jurisdicción de Villarrica, departamento de Guairá. El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 7ª de Colonia 14 de Mayo, luego de recibir una llamada telefónica anónima que alertaba sobre una persona herida por arma de fuego.

El aprehendido fue identificado como Oscar Manuel Andino Calcena, de 53 años, suboficial principal retirado de las Fuerzas Armadas, domiciliado en el barrio Santa Librada de Villarrica. La víctima es Carlos Daniel Villalba Román, de 20 años, residente en la compañía Santa Rosa de la Colonia 14 de Mayo, quien sufrió una herida de bala en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, con orificio de entrada y salida, según el informe policial.

Los agentes acudieron inicialmente al Hospital Regional de Villarrica, donde dialogaron con Jacinta Román Ortiz, madre del joven herido. De acuerdo con su relato, su hijo habría mantenido una discusión con Andino Calcena y, en medio del altercado, se produjo el disparo que terminó impactando en la pierna del joven.

En el lugar también se encontraba el presunto autor, quien fue aprehendido por los intervinientes. Posteriormente, los uniformados se trasladaron hasta un establecimiento ubicado en la compañía Santa Rosa, donde el sospechoso hizo entrega voluntaria de un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Bul Cherokee, de color negro, junto con un cargador sin cartuchos y otro cargador de reserva con dos proyectiles.

Tanto el arma como las municiones fueron incautadas y puestas a disposición de las autoridades competentes. El detenido fue trasladado hasta la sede policial para el procedimiento de rigor.

Asimismo, se convocó a personal del Departamento de Criminalística para la realización de los trabajos técnicos correspondientes. El caso continúa en etapa de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.