Pobladores y empleados se movilizaron durante la noche de este jueves en las calles de Villarrica, Departamento de Guairá, en defensa de la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa).
Los manifestantes exigen el fin del conflicto jurídico con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que mantiene en tensión el sistema de distribución en la zona.
La actividad tuvo como objetivo sensibilizar a autoridades locales, diputados, senadores, el presidente de la República, Santiago Peña y miembros de la Corte Suprema de Justicia, sobre un problema jurídico que enfrenta Clyfsa a raíz de su clasificación por parte de la ANDE como “consumidor final”, en lugar de “distribuidor de energía eléctrica”, situación que, según sostienen, afecta directamente a la empresa y a la ciudadanía guaireña.
El origen del conflicto se remonta a la aplicación del Pliego de Tarifas Nº 21, que derivó en la recategorización de la empresa como consumidora de alta tensión.
Desde Clyfsa sostienen que esta medida fue arbitraria y provocó un incremento cercano al 94% en el costo de la energía adquirida, mientras que los ajustes aplicados a usuarios finales no superaron el 20%, generando un fuerte desbalance financiero.
Según los datos expuestos, la situación coloca en riesgo más de 200 puestos de trabajo directos en Villarrica, además de afectar indirectamente a unas 1.500 personas que dependen de estas fuentes laborales.
Trabajadores advierten que, de confirmarse la sentencia en disputa, no solo se pondrían en peligro los empleos, sino también la continuidad del servicio eléctrico en la ciudad, e incluso no se descarta que la distribución pase a manos exclusivas de la ANDE.
El presidente de Clyfsa, el ingeniero Luis María Ocampos, dijo a Última Hora que la empresa fue creada por Ley como distribuidor de energía eléctrica desde su origen, pero que la ANDE la ha categorizado erróneamente como “consumidor final”.
Afirma que esta clasificación podría derivar en impactos tarifarios desfavorables, lo que rechazan categóricamente, ya que, según su postura, como distribuidor cuentan con derechos y protecciones jurídicas establecidas por la ley.
En el ámbito político, se menciona el planteamiento de una legisladora que sugirió “leer bien los papeles”, a lo que desde la empresa responden que justamente solicitan una revisión exhaustiva de la documentación legal para determinar la verdadera naturaleza jurídica de Clyfsa dentro del sistema eléctrico nacional.
Asimismo, rechazan versiones sobre una posible absorción de infraestructura como forma de compensación por una supuesta deuda con la ANDE, afirmando de manera categórica que no mantienen obligaciones pendientes con la institución y que el conflicto no es financiero, sino estrictamente jurídico.
Clyfsa sostiene que cuenta con respaldo técnico y jurídico que avala su posición como distribuidor de energía eléctrica. Además, destacan el acompañamiento de la ciudadanía guaireña, que, según afirman, ha manifestado su preocupación ante el impacto que el conflicto podría generar en la economía local y en la estabilidad del servicio eléctrico.
El planteamiento general apunta a que las autoridades competentes revisen la situación y se destrabe el conflicto con la ANDE, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica, preservar los puestos de trabajo y evitar un impacto mayor en la capital guaireña.
