Categoría: Nacionales

Lejos de admitir fallas estructurales en el sistema de control, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene minimizó el escándalo de los títulos falsos y aseguró que todo responde a una campaña para dañar la imagen institucional.

En declaraciones, este fin de semana, el superfuncionario Hermenegildo Cohene —quien además de viceministro ejerce como titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)— adoptó una postura totalmente defensiva al ser consultado sobre la realidad de los diplomas apócrifos que pululan en el país.

En lugar de ofrecer explicaciones sobre los mecanismos que permitieron la proliferación de estos diplomas fraudulentos en la educación superior, Cohene prefirió apuntar a supuestos intereses externos que buscan empañar la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al referirse a los 138.000 casos de documentos de dudosa autenticidad que fueron entregados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y al informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Sin atisbo de autocrítica, sostuvo tajantemente en la entrevista que las revelaciones sobre el fraude en la educación superior no son más que un ataque teledirigido. “Yo sé que es de mucho interés de la ciudadanía el tema de los 138.000 títulos sin fundamentos y quiero darle esa tranquilidad a la sociedad, de que forma parte de una estrategia inclusive que se está utilizando para dañar la imagen institucional del Ministerio de Educación”, afirmó.

Cohene apuntó directamente contra la Contraloría. Al referirse a la nómina de sospechas, el viceministro arremetió: “Esa lista se socializó desde una conferencia de prensa que hizo de manera conjunta el contralor general del Estado (Camilo Benítez) y el senador que está encabezando el equipo de investigación (Patrick Kemper). Esa lista que se socializó, que daña a muchísima gente inocente, cada institución ya lo está rebatiendo, acercando las evidencias de que las informaciones son falsas”, dijo.

Las lapidarias cifras que exponen el caos y que el presidente del Cones intenta minimizar
Frente a la narrativa oficial de que las denuncias buscan “dañar al MEC”, los informes técnicos de control y los cruces masivos de datos revelan un colapso operativo durante la gestión de Luis Ramírez al frente de la cartera educativa y del Cones:

18,7% de expedientes con anomalías graves: Una muestra de 1.766 legajos de apenas seis universidades dejó al descubierto cómo el MEC avaló formalmente 331 títulos portadores de vicios severos, tales como mallas curriculares con cargas horarias deficientes, trayectos formativos sin habilitación vigente y 147 diplomas del área médica desprovistos de validación en sus prácticas hospitalarias.

879 carreras irregulares sin castigo alguno: Entre 2023 y mediados de 2026, el Cones optó por la parálisis absoluta al no ejecutar ni una sola medida de intervención, clausura o castigo, permitiendo la vigencia de esta masiva cantidad de ofertas obligadas a acreditarse —incluyendo casi dos centenas enfocadas en Ciencias de la Salud— sumadas a más de medio centenar de permisos condicionados ya caducados.

1.090 títulos fantasma en la función pública: Un masivo cotejo de bases de datos expuso que 1.082 agentes estatales ostentan credenciales que las propias casas de altos estudios catalogan como inexistentes en sus archivos, recayendo nueve de cada diez de estas falsificaciones directamente sobre la órbita del MEC.

Frente a esta montaña de evidencias sobre el colapso en el control y la masiva proliferación de documentos apócrifos, se encendieron las alertas y otros organismos del Estado no tardaron en emitir una tajante réplica.

Aneaes desbarata coartada de Cohene y denuncia “caja de recaudación” en el MEC
Frente a los intentos del viceministro por desacreditar los informes, el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, aclaró que es necesario separar el informe de Contraloría y el informe técnico de la Aneaes. “Nosotros, en el marco de nuestro convenio con el Ministerio Público, remitimos un informe técnico sobre la cantidad de titulaciones que realizó en los últimos tres años el Ministerio de Educación procedentes de carreras no acreditadas. Eso es datos abiertos, no hay nada discutible”.

Remarcó que cualquier ciudadano puede cruzar los datos abiertos del Estado y enfatizó que “si están mal, es responsabilidad del MEC”. Aclaró que no todos los títulos no acreditados son apócrifos, aunque en esa gran cantidad “puede haber indicios”, revelando que “una universidad que no tiene Medicina tituló a casi 22 médicos”.

Asimismo, el titular de la Aneaes se ratificó en que la Dirección de Registro de Títulos del MEC “ha funcionado históricamente como una caja de recaudación ilegal para financiar proyectos personales o políticos, y yo espero que el viceministro acabe de una vez con esa realidad”, advirtiendo la dificultad de sanear el sistema mientras “la misma rosca siga en puestos clave”.

Por último, Duarte Penayo enfatizó que la gravedad de la crisis en la educación superior exige medidas urgentes para proteger el valor del diploma y evitar que haya más personas estafadas. En ese sentido, subrayó que la aplicación de “sanciones ejemplares para las instituciones que incumplen con la ley es responsabilidad del Cones y de sus instrumentos legales para intervenir”, interpelando directamente al organismo que encabeza el propio Cohene.

Desde hoy y por un periodo de 50 días estará prohibida la pesca comercial y deportiva en ríos internos de Paraguay y aquellos que son compartidos con Argentina y Brasil.

Este lunes comienza la veda pesquera en ríos de Paraguay compartidos con Argentina y Brasil y aquellos dentro del territorio nacional. La pausa en la actividad pesquera se extenderá hasta el 21 de diciembre, periodo durante el cual estará prohibida tanto la pesca comercial como la deportiva.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Adán Leguizamón, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), explicó que el objetivo de la veda pesquera es dar un margen para que las especies ictícolas que habitan los ríos de Paraguay se reproduzcan.

Indicó que las condiciones hidrológicas actuales, con crecidas en los ríos y el aumento de las temperaturas, son favorables para la reproducción.

Subsidio a pescadores
Pescadores piden que la asistencia estatal llegue en tiempo y forma durante la veda pesquera. (Foto, archivo)
Las personas que se dedican a la pesca comercial como principal actividad económica reciben un subsidio durante el periodo de veda, consistente en un pago único.

Leguizamón explicó que ese subsidio se otorga solo a integrantes de asociaciones de pescadores que están reconocidas como gremios por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), y están inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Pescadores del Mades.

El presidente de cada asociación remite al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en concepto de declaración jurada, una lista de las personas que conforman su asociación. Esa lista es analizada por el MDS para verificar que las personas incluidas no reciban algún otro subsidio del Estado y luego se procede al pago único.

Leguizamón comentó que actualmente hay 7.984 pescadores comerciales inscritos en los registros del Mades. Ese número incluye a aproximadamente 1.500 pescadores de comunidades indígenas.

Pescar durante el periodo de veda conlleva severas sanciones, que pueden ir desde la incautación total de los elementos de pesca del infractor y multas administrativas que pueden llegar 20.000 jornales, hasta procesos judiciales que pueden derivar en penas privativas de libertad.

Agentes de la División Departamental Canindeyú, Sección N.º 1 Curuguaty, del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, incautaron 1.696,9 kilogramos de supuesta marihuana prensada y 3 kilogramos de tipo Skunk en el límite entre Araujo Cué y Acepar. El operativo, realizado en el marco del Plan SUMAR, se concretó tras una persecución por un camino vecinal en la que los ocupantes abandonaron el vehículo.

El procedimiento comenzó cuando los agentes detectaron un automotor sospechoso en la zona fronteriza del departamento. Tras la persecución, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie. En el interior se encontraron 162 paquetes de supuesta marihuana prensada, cuyo peso total alcanzó los 1.696,9 kilogramos, además de tres kilogramos de la variedad conocida como Skunk.

La pérdida económica estimada de la droga incautada asciende a 516.400.000 guaraníes. El vehículo automotor también fue decomisado como parte de las evidencias. Todo lo actuado y los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones permanentes que desarrollan las fuerzas de seguridad en Canindeyú para interrumpir el tráfico de estupefacientes en rutas y caminos vecinales de la región. La zona ha sido escenario recurrente de movimientos relacionados con el narcotráfico debido a su ubicación estratégica.

Las autoridades no reportaron detenciones en el lugar, ya que los ocupantes lograron abandonar el vehículo y huir. El caso sigue bajo investigación para determinar el origen de la carga y posibles vínculos con redes de distribución.

La suba de precio del combustible presiona a los transportistas de ganado, que anuncian un aumento en la cotización del flete para hacer frente a sus costos y evitar pérdidas en la actividad.

La sexta suba del combustible, concretada en las últimas semanas, comenzó a reflejarse en los tableros de las estaciones de servicio y está obligando a los transportistas de ganado a reajustar las tarifas de sus servicios. Así lo anunció Silvio Mareco, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG) del Paraguay.

Mareco manifestó a ABC que el gremio ya apunta a nuevos valores por kilómetro y prepara una comunicación a sus clientes para sostener la actividad. “Con esos sucesivos aumentos de los combustibles, ya es difícil sostener los precios actuales del flete y vamos a reajustar desde ahora”, contó.

El dirigente señaló que, con este nuevo encarecimiento del carburante, ya no tienen ganancias y que los ingresos que hoy obtiene el sector “están cobrando, prácticamente para mantener al personal y a la empresa”. Reiteró que ya están trabajando a pérdida.

“El combustible, cuyo precio se acerca a los G. 10.000 por litro (diésel común tipo III), representa casi el 70% de los costos operativos del transporte de ganado. Por ese motivo, consideramos necesario actualizar las tarifas para cubrir el encarecimiento de su principal insumo”, alegó.

Transportistas de ganado preparan reajuste del flete
Mareco indicó que el gremio comenzó a enviar notas a las industrias, los ganaderos y otros clientes para comunicar el aumento del costo del servicio.

“Los transportistas estábamos cobrando entre G. 16.000 y G. 18.000 por kilómetro por animal, ahora lo haremos entre G. 20.000 y G. 22.000 por kilómetro, ante la pérdida de rentabilidad de la actividad”, destacó.

Además, el gremialista instó a los demás transportistas de ganado que no forman parte del gremio a revisar sus tarifas ante el incremento de los costos. Según explicó, la asociación cuenta con alrededor de 50 miembros y una flota estimada de entre 500 y 600 camiones.

Dólar bajo y menor movimiento
A la presión del aumento del combustible se suma el bajo movimiento en el traslado de ganado, que según Mareco, se debe a la caída del dólar, que está impactando en la rentabilidad tanto de los ganaderos como de los frigoríficos, que cobran en la divisa extranjera y tienen sus costos en guaraníes.

Añadió que la baja de la divisa norteamericana también está influyendo en el sector del transporte de ganado. Explicó que, mientras aumenta el costo del combustible, disminuye el valor de los animales, lo que genera una presión adicional sobre la actividad.

La Policía investiga la posible muerte de cuatro personas durante un choque entre un un tractocamión y un automóvil, ocurrido alrededor de las 5:00 de este viernes en la Ruta PY08. El comisario Sergio Sosa señaló que todavía no pueden confirmar cuántos ocupantes fallecieron.

Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:00 de este viernes en la Ruta PY08 Dr. Blas Garay, en inmediaciones de la Patrulla Caminera de Mbocayaty, departamento de Guairá. El percance involucró a un tractocamión y un automóvil, según el informe de la Policía Nacional.

El comisario Sergio Sosa, de la Comisaría 9ª de Mbocayaty, informó que los intervinientes todavía se encuentran trabajando en el lugar y que no pueden confirmar la cantidad de víctimas fatales.

El jefe policial indicó que el automóvil estaba ocupado por cuatro personas y que la situación continúa bajo verificación.

Intervención fiscal y trabajo de Criminalística
Según el reporte policial, los agentes tomaron conocimiento del accidente mediante un aviso a través de la frecuencia radial. Posteriormente, personal de la comisaría jurisdiccional acudió al sitio para verificar lo ocurrido.

La Policía convocó a personal de Criminalística para realizar los trabajos de campo y a una comitiva fiscal para las diligencias correspondientes y la identificación de las supuestas víctimas.

Según la Comisión Especial de Crecidas (CEC) de Itaipú, el río Paraná se encuentra actualmente en la cota de 117 metros sobre el nivel del mar, en la estación de medición ubicada en la zona del Puente de la Amistad.

La previsión es que llegue a 114,3 metros para el fin de semana, lo que representaría un descenso importante tras las recientes inundaciones que afectaron a sectores ribereños.

En su boletín, Itaipú Binacional informó que “hasta el próximo sábado, el nivel del río Paraná, que está actualmente en 117 metros sobre el nivel del mar, debe bajar cerca de tres metros en la estación de medición del Puente de la Amistad, llegando a 114,3 metros sobre el nivel del mar”. La estimación se basa en los datos de monitoreo hidrológico de la usina.

Uno de los factores que favorecerá esta reducción es la disminución del caudal del río Iguazú, que alcanzó un pico de 16 millones de litros por segundo el pasado 25 de octubre. Para este viernes 30, se espera que el volumen baje a aproximadamente seis millones de litros por segundo.

Sobre este comportamiento, el boletín señala que “esta expectativa está relacionada tanto con la reducción de la defluencia de la usina como con la disminución del caudal del río Iguazú”. Ambos factores contribuirían a que el Paraná continúe bajando de manera gradual en la zona de la Triple Frontera.

La previsión meteorológica anuncia lluvias débiles a moderadas durante los próximos días en las áreas de influencia de Itaipú. Aunque se pronostica una intensificación de las precipitaciones entre la tarde del martes 3 y la mañana del miércoles 4 de noviembre, los técnicos estiman que no serían suficientes para provocar una nueva subida del nivel del Paraná.

“Para los próximos días, el pronóstico meteorológico indica lluvias débiles a moderadas en las áreas de interés de la usina. Entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, las precipitaciones deben intensificarse, pero la expectativa es que no sean suficientes para provocar una nueva elevación del nivel del río Paraná”, detalla el informe de la binacional.

Mientras tanto, la central hidroeléctrica seguirá utilizando su embalse para regular el caudal y favorecer un descenso gradual del río. El vertedero permanece abierto, con la canaleta izquierda en funcionamiento y una descarga media de nueve millones de litros de agua por segundo, dentro de la estrategia operativa de la usina y de las necesidades de generación eléctrica del sistema brasileño.

Al respecto, Itaipú explicó que “continuará utilizando el embalse para regular el caudal del río, manteniendo el nivel bajo control y contribuyendo a su reducción gradual”. La operación busca acompañar la evolución de las condiciones hidrológicas y ajustar la generación de energía a la demanda del sistema eléctrico brasileño.

Pese a las perspectivas favorables, las autoridades recomiendan a la población mantener la precaución, especialmente en los barrios ribereños y las zonas que fueron afectadas por la crecida. El descenso previsto no significa que todos los sectores inundados quedarán inmediatamente libres de agua, ya que la recuperación dependerá de las condiciones locales.

Finalmente, Itaipú recomendó a la ciudadanía consultar el Boletín Hidrológico disponible en su página oficial y mantenerse atenta a las alertas de la Defensa Civil para acompañar la evolución del río y adoptar las medidas preventivas necesarias.

La subida del nivel de las aguas en la cuenca del río Paraná ha afectado a más de 2.000 familias en Ciudad del Este y localidades cercanas, según el periodista Juan Careaga. Las autoridades municipales, la Gobernación y la Secretaría de Emergencia Nacional mantienen operativos de asistencia y traslado de damnificados hacia zonas más altas, mientras las aguas permanecen elevadas.

Las cuadrillas de la Municipalidad realizan mingas ambientales para retirar la basura acumulada durante semanas en las áreas inundadas. El barrio San Rafael concentra el mayor número de personas rescatadas; también se registran afectaciones en el barrio Romancito, el kilómetro 9 y en Presidente Franco, donde el río alcanzó más de 29 metros sobre el nivel del mar en las inmediaciones del puente de la Interconexión.

Numerosas familias se resisten a abandonar sus viviendas o a alejarse de la zona, argumentando que están acostumbradas a residir allí y que la cercanía al centro les resulta conveniente. Algunos damnificados permanecen en alturas intermedias y otros en albergues habilitados, a la espera de que el caudal comience a descender, un proceso que podría extenderse varios días.

La asistencia incluye el traslado coordinado por la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación y la SEN, así como el monitoreo permanente en puntos críticos como el puesto de control migratorio de Zona Balsa. Las instituciones mantienen el seguimiento del nivel del Paraná y refuerzan las tareas de limpieza y evacuación en los sectores más vulnerables.

El episodio evidencia la exposición de las zonas ribereñas a las crecidas estacionales y la importancia de contar con planes de contingencia actualizados. Las autoridades continúan atendiendo a las familias afectadas mientras se aguarda la normalización de los niveles del río.

El departamento de Ñeembucú registra unas 1.960 familias afectadas directamente por las inundaciones en cinco distritos, mientras que en Humaitá otras 286 familias sufren las consecuencias en la producción agrícola, ganadera y pesquera.

La crecida de los ríos Paraná y Paraguay continúa afectando a varias comunidades del departamento de Ñeembucú, donde miles de familias enfrentan inundaciones, aislamiento y pérdidas en sus medios de subsistencia.

Fabián Ojeda, de la Secretaría de Riesgos de la Gobernación de Ñeembucú, informó que seis distritos dan cuenta de la magnitud del impacto, tanto en las viviendas como en las actividades productivas.

De acuerdo con los datos preliminares, cinco distritos registran un total estimado de 1.960 familias afectadas directamente por las inundaciones.

A esta cifra se suman otras 286 familias de Humaitá, cuyos medios de vida están comprometidos por los efectos del avance de las aguas sobre la producción agrícola, ganadera y pesquera.

La ciudad de Cerrito figura entre las localidades más afectadas. El reporte distrital contabiliza 990 familias perjudicadas, con un total de 1.833 personas. De ese universo, 577 familias permanecen aisladas, mientras que 246 fueron evacuadas o se auto evacuaron. Además, se reportan 413 viviendas inundadas.

La situación también es preocupante en Villalbín, donde se estima que unas 370 familias resultaron afectadas. En las compañías Ñu Pa’ú, San Miguel e Isla Ro’y, la Gobernación de Ñeembucú, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Municipalidad brindaron asistencia humanitaria a 243 familias. Durante la intervención se entregaron carpas reforzadas para atender las necesidades de los pobladores perjudicados.

En el distrito de General Díaz, la estimación preliminar señala que unas 200 familias sufren las consecuencias de las inundaciones. Hasta el momento, 150 familias recibieron asistencia en las comunidades de Puerto Itá, Campamento Cué, Puerto Ña’ilú y la zona de Potrerito distrito de Gral.Díaz.

Por su parte, en Mayor Martínez se calcula que alrededor de 300 familias están afectadas por el avance del agua en las localidades de Itá Corá, Estero Punta, Tres Coronas, Fuerte Cué, Curuzú Cuatiá y Ka’aguy cupe. El 23 de octubre se brindó asistencia a 150 familias de Itá Corá.

En Paso de Patria, el número de afectados se estima en unas 100 familias, tanto en el casco urbano como en la zona de la costa del río Paraná. La cifra se encuentra en proceso de verificación con las autoridades municipales.

Impacto en la producción
En Humaitá, las consecuencias de la crecida se sienten principalmente en los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

La estimación preliminar menciona a unas 286 familias afectadas en sus medios de vida, debido a las dificultades que enfrentan los productores y trabajadores rurales por la inundación de áreas productivas.

La situación genera preocupación entre los pobladores, especialmente en las comunidades ribereñas, donde el avance de las aguas compromete viviendas, caminos, campos de pastoreo y cultivos, además de dificultar el traslado y el acceso a servicios básicos.

Las cifras son preliminares y podrían variar conforme avance el relevamiento en las comunidades. Mientras persiste la crecida, las prioridades son la asistencia humanitaria, la atención a las familias aisladas y evacuadas, y el acompañamiento a los sectores productivos perjudicados.

El presidente José Duarte Penayo advirtió que la credibilidad del país está en juego y que las medidas deben ser “aleccionadoras y fuertes”.

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, reveló que un informe técnico elaborado por la institución detectó más de 100.000 títulos procedentes de carreras no acreditadas registrados en los últimos tres años.

“Hicimos un informe técnico cruzando el catastro de carreras del Cones, registro de títulos del MEC y las carreras acreditadas por la Aneaes, y hemos evidenciado que en los últimos tres años se han registrado más de 100.000 títulos procedentes de carreras no acreditadas”, afirmó Duarte Penayo.

El titular de la Aneaes aclaró que esto no significa que todos esos títulos deban ser sospechados, pero advirtió: “Estoy seguro que en ese universo, si existe una investigación, se va a encontrar una situación mucho más grave”.

Respecto al informe de la Contraloría que detectó más de 1.000 títulos falsos, Duarte Penayo señaló que se trata de un informe parcial. “Muchas de las cuestiones que la Contraloría va a ir sacando parten de nuestros informes. Vamos a presentar a los órganos correspondientes este informe elaborado por la Aneaes”, indicó.

Duarte Penayo alertó sobre la gravedad de la situación. “El valor del diploma, el valor de la educación superior, la credibilidad del país está en juego de fondo ante el inmenso desafío en materia de desarrollo y fortalecimiento del capital humano”, sostuvo.

“Esta realidad golpea fuertemente las expectativas que tienen muchos jóvenes, golpea la imagen de nuestro país y las medidas deben ser aleccionadoras, fuertes. Los organismos del Estado no se pueden escudar en formalismos jurídicos”, concluyó.

El juez de garantías Rodrigo Estigarribia ratificó la recepción de la acusación y la convocatoria para llevar adelante la audiencia preliminar del exfiscal de Emboscada Bernardo Javier Elizaur Aguirre y su exauxiliar Lilian Andrea Florenciano Alfonso, acusados por supuestamente solicitar una coima a cambio de beneficiar con una salida procesal a un procesado por lesión grave.

La defensa del exfiscal Elizaur solicitó revocar y declarar la nulidad de la resolución del juez alegando que la Fiscalía adelantó la acusación cinco días antes del vencimiento del plazo fijado, sin el consentimiento expreso de las partes, vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso. Argumentó que la presentación anticipada cerró abruptamente la etapa preparatoria e impidió a la defensa realizar diligencias pendientes, especialmente una pericia informática sobre los dispositivos incautados.

Afirmó que, pese a que el Juzgado había admitido la designación de un perito de parte y sus puntos periciales, no se le permitió acceder oportunamente a los equipos ni realizar una extracción de datos independiente para controlar el trabajo del perito del Ministerio Público. También cuestionó que el juez rechazara la entrega de los dispositivos, bajo el argumento de que la extracción fiscal ya se había realizado y la información estaba disponible.

Por su parte, el juez Rodrigo Estigarribia sostuvo que la presentación anticipada de la acusación no vulneró el derecho de defensa, ya que el procedimiento se inició en octubre de 2025 y la defensa dispuso de aproximadamente un año para ejercer sus facultades durante la etapa preparatoria, sumado a que no se demostró ningún perjuicio en concreto.

Respecto de la pericia informática, señaló que el informe técnico fue presentado el 11 de septiembre pasado y que el Juzgado adoptó medidas para posibilitar el acceso de las partes. Sin embargo, la defensa no compareció y posteriormente se habilitó una nueva oportunidad a su solicitud. Por tanto, consideró que no puede sostenerse que el Juzgado haya impedido el ejercicio de ese derecho.

Tras rechazar el recurso de reposición, el magistrado remitió el expediente a la Cámara de Apelación a fin de que esta analice los argumentos expuestos y resuelva si ratifica o no la decisión adoptada por el juzgado penal de garantías.