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La reunión entre senadores y gremios docentes fijada para este miércoles busca analizar la reforma de la Caja Fiscal, que será clave para el inicio de las clases fijada para el próximo 23 de febrero, según explicó Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-A).

“En la conducción de la intersindical de trabajadores de la educación estamos expectantes de lo que pueda darse en esta primera reunión de los senadores y miembros del Ministerio de Economía. Esperamos que estén presentes y poder tener la satisfacción y acceder a los datos y a la claridad de información que requerimos para avanzar”, explicó el gremialista en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Los docentes plantearán a las autoridades que den datos sobre los recursos financieros de la Caja Fiscal, los cálculos actuariales, es decir, métodos matemáticos y estadísticos que evalúan riesgos y estiman costos de eventos futuros inciertos, entre otros puntos.

También buscarán explicaciones sobre los recursos que se destinaron a inversiones. “Queremos saber qué pasó con los intereses de la reserva de la Caja Fiscal, que fueron colocados como bonos inicialmente y depósitos en diferentes bancos”, agregó.

La Intersindical de Trabajadores —que incluye a universidades públicas, institutos superiores, magisterio nacional, además de docentes de la educación básica y media del país— esperaba iniciar las clases el próximo 23 de febrero y llamar a un congreso unitario para el 28, con el objetivo de analizar las medidas a tomar.

La postura de la Intersindical es que aún se pueden lograr acuerdos positivos mediante el diálogo con senadores, quienes decidieron postergar el tratamiento de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo esta semana, debido a una gran movilización de docentes. El proyecto sin embargo ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

La agente fiscal Luz Alexandra Saldívar imputó a un hombre de 35 años, quien presuntamente habría adquirido teléfonos celulares pertenecientes al extitular de la Dinac, víctima de un hecho de homicidio ocurrido el pasado 7 de febrero. La conducta atribuida se adecuaría inicialmente al hecho punible de reducción, previsto en los artículos 195, incisos 1° y 4°, en concordancia con el artículo 29, incisos 1° y 2°, todos del Código Penal Paraguayo. Asimismo, la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado.

En el marco de la investigación por homicidio, que indaga la presunta apropiación y posterior comercialización de aparatos celulares pertenecientes a la víctima, se determinó que el 9 de febrero de 2026 el supuesto autor del homicidio habría contactado, a través de Facebook Messenger, al ahora imputado, ofreciéndole los aparatos celulares. Posteriormente, la comunicación se trasladó a WhatsApp, donde habrían coordinado la transacción.

En horas de la tarde, ambos se habrían reunido y se habría concretado la entrega de tres aparatos celulares a cambio de 500.000 guaraníes, consistentes en un iPhone 13 Pro y un Samsung A4, propiedad de la víctima. Seguidamente, el supuesto reducidor habría recibido varias transferencias bancarias realizadas por el sospechoso del homicidio, desde una cuenta del Banco GNB, habilitada a nombre de la víctima, consistentes en dos transferencias a una cuenta del Ueno Bank y otra al Banco Familiar, totalizando aproximadamente 27.000.000 de guaraníes, como supuesto pago por los celulares entregados.

El 10 de febrero de 2026, el ahora imputado, utilizando el iPhone 13 Pro, habría accedido a la cuenta bancaria digital del Banco GNB de la víctima y retirado la suma de 6.000.000 de guaraníes de un cajero automático en la ciudad de Encarnación. Posteriormente, se habría dirigido a Ciudad del Este, realizando una parada en una estación de servicio, donde efectuó una compra de combustible por 225.000 guaraníes, retirando además 350.000 guaraníes en efectivo.

Ya en Ciudad del Este, entre las 07:30 y las 12:30 horas, el sindicado, siempre utilizando la cuenta bancaria de la víctima, habría gestionado un préstamo a través de la aplicación bancaria y, con dichos fondos, ingresado a diversos locales comerciales, entre ellos Jebai Center, visitando las tiendas Best Shop y Abudi Cell, para luego trasladarse al Shopping Monalisa y al Shopping París. En dichos establecimientos habría realizado compras de aparatos electrónicos, prendas de vestir y perfumes, por un monto aproximado de 52.200.000 de guaraníes, presumiblemente utilizando la cuenta del Banco GNB vinculada al iPhone 13 Pro.

Finalmente, el imputado habría regresado a la ciudad de Encarnación, donde fueron incautados los aparatos electrónicos adquiridos durante dichas operaciones.

Por lo expuesto, esta representación pública considera pertinente, a los efectos de la realización de los actos investigativos, solicitar un plazo de seis meses para la investigación, debiendo fijarse fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.

La abogada Norma Thomen fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

De acuerdo al informe policial, el hecho fue comunicado por la ex pareja de la mujer, que afirmó haberla encontrado sin vida al llegar a la casa.

Familiares y allegados de la mujer indicaron que la muerte se dio en extrañas circunstancias y señalaron que algunos elementos de la vivienda fueron manipulados y no descartan que se trate de un crimen premeditado.

“Llaman la atención varias cosas: el sistema de circuito cerrado fue manipulado, fue configurado desde junio del año pasado para que las filmaciones no queden grabadas”, expresó Laura Otazú, amiga y colega de la víctima.

El comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional acudió al sitio para realizar las primeras pesquisas. En comunicación con Telefuturo, afirmó que la investigación está en una etapa incipiente y que no se puede descartar ninguna hipótesis.

La médica forense afirmó de forma preliminar que la muerte se pudo haber dado por una descarga eléctrica, aunque el caso continúa en análisis.

Thomen se desempeñaba como asesora jurídica del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo. Se dedicó a la docencia, en el posgrado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y, en los últimos años, se desempeñó como abogada particular tras una extensa carrera en el Ministerio Público.

Agentes Especiales del Departamento Regional N.° 1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con apoyo de las Fuerzas Especiales, ejecutaron la Operación “Toro Expo 26” en la localidad de Piray, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, en el marco de una ofensiva estratégica contra estructuras del narcotráfico en el norte del país.

Tras tareas de inteligencia e incursiones de campo, los intervinientes detectaron un complejo mecanizado de producción de marihuana compuesto por 15 parcelas interconectadas que abarcaban cerca de 60 hectáreas.

En coordinación con el fiscal Celso Morales, se procedió a:

• La erradicación de 57 hectáreas de cultivos de cannabis en etapa de crecimiento.
• El desmantelamiento de seis campamentos clandestinos, utilizados como refugios, bases logísticas y centros de acopio.

Impacto económico
Según estimaciones técnicas, la superficie eliminada representa la salida de circulación de al menos 171 toneladas de marihuana, cuya principal ruta de destino sería el mercado brasileño.

De haberse comercializado en Brasil, la producción habría generado aproximadamente 25,6 millones de dólares para las organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que el operativo constituye un golpe significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico en la zona fronteriza, debilitando su capacidad de producción y afectando de manera directa sus finanzas.

La Policía sostiene como principal hipótesis que Félix Kanazawa habría sido asesinado dentro de su propio vehículo el mismo día en que salió de su vivienda. El cuerpo fue hallado dos días después, pero recién el 13 se activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia formal de desaparición, según informó el subcomandante César Silguero.

Quedó confirmado que el cadáver encontrado el lunes en San Pedro del Paraná, Itapúa, se trata de Félix Kanazawa, exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Según informaron ayer desde la Policía Nacional, fue víctima de presunto homicidio.

El comisario César Silguero, subcomandante de la Policía, informó que la actuación oficial se inició recién el viernes 13 de febrero, cuando los familiares de Kanazawa presentaron la denuncia por desaparición.

Según explicó, desde ese momento se activó el protocolo correspondiente en el marco de la Ley Mafe, que regula los procedimientos en casos de personas desaparecidas.

El jefe policial aclaró que entre el 9 y el 13 de febrero —periodo posterior al hallazgo del cuerpo— no existía denuncia formal ante la Policía, por lo que no se podía activar el protocolo legal.

Hipótesis principal: crimen dentro del automóvil
De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por Silguero, Kanazawa salió de su domicilio el 7 de febrero, fecha en que se habría producido el crimen. El cuerpo fue hallado el 9 de febrero y recién el 13 se formalizó la denuncia.

Silguero señaló que, conforme a la investigación policial, la hipótesis más fuerte es que Kanazawa fue asesinado en el interior de su vehículo durante el trayecto y que el sitio donde fue encontrado el cuerpo no correspondería al lugar del homicidio.

“De acuerdo a nuestra pesquisa, probablemente, el señor Kanazawa fue asesinado en el interior del vehículo, durante el viaje. En donde se encontró el cuerpo sería el lugar de hallazgo y no el lugar de la muerte. Tenemos que esperar la necropsia, la inspección del cuerpo”, manifestó.

El subcomandante añadió que la Policía continúa buscando el automóvil de la víctima, que presumiblemente habría sido abandonado en el departamento de Itapúa.

El comisario Silguero informó que el militar detenido, Remigio Rubén Llano López, está sindicado como el presunto responsable del homicidio, mientras que el civil capturado, Óscar Darío Zacarías Maciel, habría tenido participación posterior al fallecimiento.

Según detalló, el civil está vinculado a compras realizadas tras la muerte de Kanazawa.

El comisario Silguero informó que el militar detenido, Remigio Rubén Llano López, está sindicado como el presunto responsable del homicidio, mientras que el civil capturado, Óscar Darío Zacarías Maciel, habría tenido participación posterior al fallecimiento.

Según detalló, el civil está vinculado a compras realizadas tras la muerte de Kanazawa.

Pasacalles con mensajes de repudio contra las diputadas coloradas Rocío Abed, Liz Acosta y Bettina Aguilera fueron colocados en el viaducto del cruce de las rutas PY02 y PY07 en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, en rechazo a su voto por la reforma de la Caja Fiscal.

Ningún gremio afectado se atribuyó la autoría, no obstante, señalan que coinciden con el sentimiento de repudio del sector.

Las tres legisladoras, integrantes del movimiento Honor Colorado y representantes del Alto Paraná, respaldaron el pasado 5 de febrero el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, lo que generó fuerte rechazo entre distintos sectores laborales.

Aunque ningún gremio se atribuyó la colocación de los pasacalles, tanto docentes como policías y otros grupos que se manifestaron contra la iniciativa legislativa consideran que la acción refleja el malestar generalizado por la postura asumida por las parlamentarias.

Fermín de León Rojas, policía en situación de retiro, afirmó que “categóricamente nosotros también fuimos víctimas de las actuaciones de estos parlamentarios”. “Categóricamente que estamos en desacuerdo con ellos, no, no les apoyamos. También nuestro desagrado desacuerdo con las actuaciones de ellos”, señaló.

“Coincidimos con la apreciación de los sectores que hicieron público su disgusto a través de los pasacalles”, afirmó al dar su versión sobre el hecho.

“Nosotros estamos de acuerdo con que ellos no representaron, no defendieron nuestros intereses y por lo tanto instamos a nuestra gente a que se acuerde, en el momento del voto, quiénes estuvieron a nuestro lado en ese momento de dificultad y quiénes estuvieron en contra nuestra. Eso es categórico”, agregó.

Sostuvo que también ese disgusto se extiende a todos los diputados que dieron su voto para la media sanción, que incluso empeoraron el proyecto de Ley que vino del Poder Ejecutivo. “Ellos modificaron para mal”, sostuvo.

“En vez de mejorar o defender nuestros intereses, ellos empeoraron. Agregaron algunos artículos, endurecieron la postura. Parecería que era a propósito, pero tenemos la fe y la esperanza de que en la Cámara de Senadores podamos revertir”, dijo finalmente.

Conrado Cardozo, secretario general de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), afirmó que la acción no provino de un gremio específico, pero refleja la indignación generalizada del sector docente.

En el marco de la Operación «Escudo Guaraní» se logró la destrucción de 45.000 Kg. de marihuana en la localidad de Amaro Cué, del distrito de Pedro Juan Caballero.

El personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), trabajó en conjunto con el Ejército Paraguayo y la Armada Paraguaya, logrando así la erradicación de 15 hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana en el departamento de Amambay.

Además se destruyeron tres campamentos precarios que eran utilizados por los criminales.

La Agente Fiscal Rossana Coronel del Ministerio Público dispuso que la droga fuera incinerada en el lugar.

El golpe económico al narcotráfico asciende a USD 1.350.000 en el mercado paraguayo, monto que podría elevarse a USD 6.750.000 en el mercado extranjero.

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP), Gabriel Espínola, puso en dudas el inicio de las clases para el 23 de febrero, en medio del debate por la reforma de la Caja Fiscal.

“Nosotros hemos tomado esa decisión política y así como están las cosas las clases no iniciarán el 23 de febrero”, explicó el docente en comunicación con radio Monumental 1080.

Espínola indicó, además, que las movilizaciones seguirán en todo el país tras la multitudinaria manifestación que hizo que la Cámara de Senadores postergue el tratamiento del polémico proyecto de ley para el próximo 25 de marzo.

El gremialista criticó a la Cámara de Diputados que dieron media sanción al proyecto por “orden superior” y afirmó que interpretaron los números ni leyeron a profundidad el documento.

De acuerdo a los datos que maneja el gremio, la movilización requirió un importante esfuerzo económico.

“Ayer (martes) en esa movilización a nivel nacional se necesitó más de 140 millones de guaraníes. Esto significó casi la contratación de unos 40 colectivos. Hemos tenido colaboraciones de intendencias, comités sindicales y hasta aportes de particulares”, afirmó.

“Operador político”

El dirigente también criticó a su colega Silvio Piris, principal referente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) al que tildó como “un personaje que está involucrado al Partido de Gobierno”.

Afirmó que la acción de Piris “debilita” la lucha del sector docente por relacionarlo con la política partidaria.

“Él hizo campaña para este partido para que sea Gobierno, ciertamente ciertas influencias en la conducción de la Federación. Él anda por su cabeza, no lo podemos controlar todavía a pesar de la crítica que hacemos en el marco de la lucha sindical”, explicó.

En otra parte de la entrevista también salió al paso de las declaraciones de Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias que había manifestado que le parece razonable que un docente siga en aula a los 55 a 57 años con 60 alumnos.

El secretario de Estado se puso como ejemplo y aseguró que él tiene 57 años y que se encuentra en plenas facultades y “más preparado”.

“Él (Ramírez) tiene una institución educativa de alto rendimiento, la sala está condicionada generando un ambiente favorable para los estudiantes y esa sala no tiene más de 20 participantes”, cuestionó.

Durante patrullas preventivas realizadas en el barrio Centro de la ciudad de Villarrica, agentes de la Comisaría 3ª aprehendieron a un adolescente de 16 años de edad, sindicado como supuesto autor de un hecho punible de hurto ocurrido días atrás en el interior del Mercado Municipal N.° 1.

Tras la verificación, se constató que el mismo portaba una mochila que contenía varios objetos presumiblemente vinculados al hecho investigado, entre ellos prendas de vestir, calzados, una botella con sustancia adhesiva y un arma blanca de fabricación casera, los cuales fueron incautados como evidencias.

El aprehendido fue trasladado hasta el Hospital Regional de Villarrica para su diagnóstico médico y luego remitido a la Comisaría 2ª Santa Librada, quedando a disposición del Ministerio Público.

El Observatorio de la Fiscalía reveló que entre enero a noviembre de este año se recibieron 6.672 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

De este total, el 65 % involucra a los padres de entre 35 y 45 años, con un total de 4.270 casos registrados durante el 2025.

Los más afectados por este hecho punible son los niños y niñas con edades de 5 a 9 años, que corresponden al 36 % de los casos denunciados.

El reporte del Ministerio Público detalla que el Departamento Central lidera la lista con 1.933 denuncias; le sigue Alto Paraná, con 859 reportes.

Itapúa se ubica en la tercera posición con 433 reportes. Por su parte, en Caaguazú se registraron 442 denuncias.

La lista cierra con Asunción, con 419 casos por falta de prestación alimentaria.

En el resto del país, el Departamento de San Pedro registró 342 denuncias, seguido de Cordillera con 330 y Concepción, con 328.

El reporte continúa con Guairá (262), Canindeyú (254) y Misiones, que reportó 241 casos.

En Amambay se recepcionaron 188 denuncias y en Paraguarí 185, mientras que Caazapá recibió 160.

Finalmente, en Presidente Hayes se registraron 124 casos; en Ñeembucú, 96. Boquerón recibió 67 denuncias y Alto Paraguay, 9.

Según el Código Penal Paraguayo, el incumplimiento del deber legal alimentario puede ser castigado con una pena privativa de libertad de cinco años o con una multa.