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El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general Alberto Gaona, confirmó que su unidad no contó con ninguna alerta de inteligencia ni indicio previo sobre el ataque ocurrido en Naranjito, departamento de Canindeyú. El hecho dejó tres personas fallecidas y afectó a un puesto policial, que fue atacado e incendiado. Gaona explicó que las fuerzas militares ahora apoyan las labores de la Policía Nacional en la zona, tras recibir una solicitud directa del comandante policial local.

Gaona detalló que la Subárea de Pacificación Número 5 del CODI tiene a su cargo las operaciones en Canindeyú. La base más cercana se encuentra a 65 kilómetros de los puestos policiales afectados, lo que dificulta una respuesta inmediata. Según el general, el CODI no detectó señales que permitieran anticipar el ataque y solo intervino después de ser contactado por las autoridades policiales.

El militar aclaró que en este momento las investigaciones se encuentran en etapa inicial. “Son varios los grupos criminales que entran en el abanico de opciones”, señaló, mencionando entre las posibilidades al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al Primer Comando da Capital (PCC) y al grupo liderado por alias “Macho”. Gaona enfatizó que se trabajará con los indicios recogidos en el lugar para avanzar en la identificación de los responsables.

El general informó que el CODI está desplegando personal para cubrir vías de acceso y escape en la zona, según lo requiera la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Nosotros como CODI estamos apoyando con presencia militar en la zona”, afirmó, mientras reiteró que la investigación principal corresponde a las autoridades civiles.

Las autoridades continúan recolectando evidencia en el sitio del ataque para esclarecer los hechos. El CODI mantiene su apoyo operativo mientras avanzan las pesquisas, en un contexto de creciente presencia de grupos criminales en la frontera este del país.

El fiscal Óscar Paredes, encargado de la investigación, reveló que el ataque al Puesto Policial N°4 de Naranjito, en el que murieron dos suboficiales y un civil, fue perpetrado por alrededor de 20 hombres que llegaron a pie y hablaban guaraní. Hasta el momento a ningún grupo criminal se le atribuyó el hecho.

Un grupo de alrededor de 20 a 30 hombres fuertemente armados irrumpió, durante la noche del martes, el puesto policial de la colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, y asesinó a sangre fría a dos suboficiales y un civil.

Los atacantes llegaron a pie, ni bien ingresaron comenzaron a disparar, explicó el fiscal Óscar Paredes, quien aún no pudo determinar a qué grupo criminal pertenecen los criminales.

“Estamos recabando todas las evidencias, realizando las diligencias a fin de que nos pueda aclarar luz y determinar con precisión qué grupo criminal realizó el ataque, porque tenemos lastimosamente en la zona varios grupos criminales”, admitió el investigador en comunicación con radio Monumental 1080 este miércoles.

Los intervinientes no descartan que se pueda tratar del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o de hombres ligados al clan criminal ligado a Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

“Irrumpieron la comisaría y llegaron caminando, pero llegaron ya disparando, los policías ya no tuvieron tiempo de reaccionar. Prácticamente ejecutaron a dos de ellos”, agregó.

Un suboficial que sobrevivió al hecho pudo escuchar que los atacantes hablaban en guaraní, que usaban ropas camufladas y botas. Usaban armas de grueso calibre y se retiraron del sitio a pie. Sin embargo, refieren que dejaron estacionados dos vehículos a unos metros del puesto atacado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 del último martes, cuando los atacantes, según los primeros informes, salieron de un pastizal ubicado frente a la sede policial, situada sobre la ruta PY03, a unos 60 kilómetros de Curuguaty.

En el sitio fallecieron los suboficiales Herminio Ojeda González (33), Atilio Martínez Barrios(40) y Josemar Escobar Piris (37), civil que fungía de secretario de los agentes, según explicó el fiscal del caso.

Policía sobreviviente se habría hecho pasar por muerto
El único sobreviviente del brutal ataque fue el suboficial Víctor Gavilán (47), que se encontraba en una patrullera cuando llegaron los hombres armados. El hombre recibió un refilón de bala y se hizo pasar por muerto, reveló el agente del Ministerio Público.

Los atacantes luego de ejecutar a los agentes y a un civil, utilizaron bombas molotov para incendiar cuatro vehículos, una edificación y también tiraron una bomba molotov en la parte trasera del puesto policial.

Los rodados que sufrieron daños fueron una patrullera de la Policía Nacional, marca Chevrolet; una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, sin chapa; un automóvil de la marca, Toyota modelo premio, sin chapa; y un automóvil de la marca Hyundai.

Como si se tratara de una escena de película de acción, el suboficial Gavilán logró escabullirse en medio de las llamas, llegando hasta una zona boscosa.

El uniformado brindó detalles de lo ocurrido a los intervinientes. Fue llevado primeramente a un centro asistencial de la zona y luego trasladado al hospital de Policía en Asunción donde se encuentra internado “lúcido” y “estable”.

La fiscala Patricia Sánchez explicó que el ex senador colorado cartista Hernán Rivas se expone a seis años y medio de cárcel en el marco del proceso que enfrenta por presentar supuestamente un título de abogado. Este martes está previso el inicio de su juicio oral y público.

El ex senador Hernán Rivas se expone a seis años y medio de cárcel en el marco de la investigación por el supuesto uso de título falso de abogado por el que enfrentará juicio oral que inicia este martes.

“Se hace un cálculo, en algo que se conoce como concurso de hechos. Podemos hablar de una expectativa de pena de 6 años y medio, como máximo 11 años y medio”, explicó la fiscal Patricia Sánchez, una de las investigadoras, en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El político colorado está imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de esos documentos.

Los investigadores buscarán demostrar que Rivas se valió de un título y certificado sin validez para obtener su matrícula, y con ello dos resoluciones que lo designaron representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) donde llegó a ser presidente, aparentemente, sin tener noción de lo que es el derecho.

Carlos Pereira, asesor ad honorem del presidente del IPS, Isaías Fretes, explicó que en medio de la crisis por falta de fármacos que se registra, la estrategia financiera del IPS debe ir acompañada de cambios en los procesos de adquisición. En ese sentido, reconoció que existe un problema en la planificación de las compras y planteó reforzar los controles desde el momento en que se solicita una adquisición.

“Estamos negociando aproximadamente G. 900.000 millones, que es un total de lo que sería parte de las deudas del 2024 y 2025, que vencen desde este fin de julio hasta diciembre del 2026”, señaló.

“Estoy apoyando al doctor en la reestructuración de todas las deudas que están pendientes y buscando encontrar un espacio como para poder inmediatamente atender la necesidad de compra de medicamentos que la Gerencia de Abastecimiento y Logística necesita para paliar toda esta situación de emergencia”, afirmó.

Detalló que la estrategia consiste en diferir los vencimientos próximos para que el dinero que debería utilizarse en el pago de esas cuotas pueda quedar disponible para la adquisición de medicamentos lo más pronto posible.

El asesor aclaró que el mecanismo no implica que el IPS ya haya incumplido sus obligaciones financieras, ya que, según sostuvo, las cuotas que están siendo negociadas todavía no vencieron. “La reestructuración es un procedimiento prudencial para poder diferir lo que vos hoy ves que te va a ser difícil cumplir”, sostuvo.

Pereira reconoce “descontrol” en las compras
El asesor sostuvo que también deben corregirse los procesos internos vinculados a la adquisición de medicamentos, ya que la institución habría comprado en cantidades que no siempre estuvieron alineadas con la disponibilidad presupuestaria.

“Y lo que acá ocurrió es un descontrol en el cuánto se compraba y no se reflejaba en la cantidad disponible que se tenía para enfrentar esa compra”, afirmó.

Para Pereira, mantener los actuales mecanismos de adquisición podría hacer que el problema financiero vuelva a repetirse, incluso después de una eventual reestructuración de las deudas.

“De nada sirve reestructurar financieramente si los procesos no van a ser corregidos en la logística y en los procesos que interactúan en el momento de las compras”, advirtió.

IPS arrastra deuda de US$ 1.262 millones
En medio de esta crisis, Pereira también habló de una deuda de aproximadamente US$ 1.262 millones, que atribuyó a obligaciones con el sector financiero y con proveedores de medicamentos e insumos médicos.

Detalló que el objetivo del análisis que están haciendo desde que asumió Fretes es establecer un calendario de pagos acorde con la capacidad de ingresos del Fondo de Salud y evitar que el cumplimiento de las obligaciones termine afectando nuevamente la compra de medicamentos.

La planificación financiera, agregó, debe permitir mantener las adquisiciones necesarias para el funcionamiento de los servicios de salud.

Una salida inmediata para el desabastecimiento
La situación de los medicamentos es uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el IPS, especialmente para los asegurados que necesitan tratamientos de manera permanente.

Al respecto, Pereira señaló que encontrar una salida durante este semestre es una de las prioridades del presidente del IPS y que las negociaciones con los bancos ya están en marcha.

“Lo que nosotros estamos haciendo hoy, esta semana, se tiene que resolver con los bancos”, afirmó.

Según explicó, el resultado de esas negociaciones debería permitir disponer de recursos para avanzar con las compras anunciadas por la Gerencia de Abastecimiento y Logística.

El recibimiento se realizó en el acceso principal a la comunidad de Melgarejo, en Independencia, junto a la rotonda de ingreso, donde decenas de personas esperaban la llegada del ómnibus para reencontrarse con sus seres queridos.

En medio de abrazos, lágrimas y un silencio marcado por el dolor, muchos no pudieron contener la emoción al volver a ver con vida a sus familiares.

Inicialmente, el arribo estaba previsto para las 22:00 del jueves. Sin embargo, a pedido de varios niños que viajaban en el colectivo y que aún presentan secuelas emocionales por el accidente, el conductor del bus del emblema Ybytyruzú, perteneciente a la Empresa Guaireña de Transporte y Turismo SRL, redujo la velocidad durante el trayecto.

Finalmente, la delegación llegó alrededor de las 23:30 de la víspera.

Se trató del grupo más numeroso de sobrevivientes que retornó al país. Cerca de una hora y media antes había arribado otra tanda más reducida, mientras que durante la jornada también regresaron algunos integrantes de la delegación en vehículos particulares.

El retorno coincidió con una jornada de profundo luto para la comunidad. En simultáneo, familiares y allegados velaban los restos de tres de las víctimas fatales en sus respectivas viviendas de Melgarejo, en un ambiente de absoluta consternación que reflejaba el impacto de la tragedia.

La delegación regresaba a Paraguay luego de una destacada participación en el Concurso Internacional Sur Dance Brasil 2026, realizado en Gramado y Canela, donde la Academia Bethania fue distinguida como la mejor academia del evento, además de obtener 32 primeros puestos, 13 segundos puestos, el premio a Mejor Bailarina Revelación y varias becas internacionales. El viaje de regreso quedó marcado por el vuelco del ómnibus en territorio brasileño.

La tragedia dejó hasta el momento cuatro personas fallecidas, luego de confirmarse en las últimas horas el deceso de una mujer más, oriunda de Villarrica, que permanecía internada en un hospital brasileño.

Además, siete compatriotas continúan hospitalizados en Brasil, algunos con lesiones de gravedad, mientras las autoridades prosiguen con la investigación para determinar las causas del siniestro.

Para este viernes, a las 9:30, está prevista la misa de cuerpo presente en la Parroquia San Vicente de Paúl de Melgarejo.

Posteriormente, los restos de las tres mujeres fallecidas serán trasladados al cementerio local, donde recibirán el último adiós de toda una comunidad que permanece unida en el dolor y el recuerdo de quienes representaron con orgullo al país en una competencia internacional.

Un autobús que transportaba a una delegación paraguaya sufrió un grave accidente durante la madrugada de este miércoles en la ruta SC-492, entre los municipios de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado brasileño de Santa Catarina. El siniestro dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo de la empresa La Guaireña trasladaba a unas 65 personas de regreso a Paraguay luego de participar en una competencia de danza en la ciudad de Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul.

Según el relato del conductor, compartido por un medio brasileño, el autobús presentó una falla en el sistema de frenos al tomar una curva, lo que provocó que perdiera el control, se saliera de la carretera y cayera a un barranco alrededor de la 1:00 de la madrugada.

Al operativo de rescate acudieron entre siete y ocho compañías de bomberos, con apoyo de equipos de emergencia de varios municipios de la región. Ocho personas resultaron con heridas de gravedad y fueron derivadas a distintos hospitales.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Nelly Peralta de Rojas, Blanca Chamorro Resquín y la niña Guadalupe Garcete, de 8 años, hija de Blanca.

José Resquín, familiar de las víctimas, confirmó que el grupo pertenecía a la Academia de Danza Bethania, de Colonia Independencia, y lamentó profundamente la pérdida de sus seres queridos. Nelly Peralta de Rojas era su tía, Blanca Chamorro Resquín su prima y Guadalupe Garcete, de 8 años, su sobrina.

Trabajadores del área de Enfermería del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron hoy frente a la sede de la Caja Central de la previsional, en Asunción, exigiendo equiparación salarial para miles de sus compañeros que perciben sueldos inferiores al salario mínimo.

Marina Ayala, representante del gremio de Enfermería del IPS, comentó a ABC Color que unos 4.500 trabajadores de la previsional en esa área están en “situación precaria” y ganan menos del salario mínimo.

Agregó que desde el año pasado su gremio ha estado trabajando en lograr que el IPS impulse una equiparación salarial para Enfermería.

“Plan de emergencia salarial”
Enfermeras y trabajadores de salud en protesta, sosteniendo pancartas con mensajes de reclamo, en un ambiente urbano.
Los manifestantes pidieron una reunión con el presidente del IPS.
Los representantes del gremio solicitaron una reunión hoy con el presidente del IPS, Isaías Fretes, a quien solicitarán un “plan de emergencia salarial”, comentó Ayala.

“Los compañeros de enfermería ya no pueden sostener esta situación tan precaria”, subrayó.

Estos reclamos llegan en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.

Entre este lunes y miércoles, los juzgados electorales de los diferentes puntos del país resuelven sobre sobre las tachas e impugnaciones presentadas sobre las candidaturas para las elecciones municipales de octubre.

De esta manera, el jueves inicia el periodo de propaganda electoral con miras a contienda final, contemplando pasacalles, pintadas y afiches que contengan propuestas de candidatos o programas para cargos electivos; espacios radiales o televisivos con mensajes que llamen a votar por determinados candidatos o propuestas; espacios en periódicos (diarios, revistas, semanarios), con propuestas de candidaturas o programas de gobierno.

Estas difusiones se podrán realizar hasta las 23:59 del jueves 01 de octubre de 2026, conforme al artículo 290 de la Ley Nº 7135/23, del citado Código Electoral. Para esa fecha, los diferentes candidatos deberán retirar del espacio público todo material propagandístico.

Las elecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre de este año. Las nuevas autoridades cumplirán el periodo 2026-2031 en sus respectivos cargos.

Recordemos que las Elecciones Municipales tendrán lugar el domingo 4 de octubre de 2026, los candidatos electos cumplirán el mandato correspondiente al periodo 2026 – 2031.

En las internas del pasado 7 de junio demostraron su fuerza los movimientos Honor Colorado de la ANR y Nuevo Liberalismo, en el PLRA. Ambas agrupaciones buscan la unidad de sus afiliados y aliados para ganar en la contienda municipal, como antesala a las generales del 2028.

Agentes Especiales de la SENAD, con apoyo del Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), el Ministerio Público y un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya, erradicaron 45 hectáreas de cultivos de marihuana en el distrito de Sargento José Félix López, departamento de Concepción. La operación, realizada durante dos días en una zona rural, permitió sacar de circulación aproximadamente 135 toneladas de marihuana y desmantelar tres campamentos utilizados por organizaciones criminales.

Durante las intervenciones, los equipos destruyeron plantaciones en etapa de crecimiento y desarticularon bases logísticas de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Según las estimaciones técnicas, la marihuana erradicada tenía como principal destino el mercado brasileño. El golpe económico para las organizaciones criminales supera los 20 millones de dólares.

Los procedimientos fueron liderados por el Departamento Regional N° 7 de la SENAD, con participación de sus Fuerzas Especiales, efectivos del CODI y la fiscalía especializada a cargo del agente Pablo Zárate. Estas acciones forman parte de la estrategia sostenida de la institución para debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos dedicados al cultivo y tráfico de marihuana en la frontera norte del país.

El Tribunal de Sentencia integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Natalia Cacavelos, por unanimidad, resolvió la prisión de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio (titular de la estatal, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez) y su marido, José Costa Perdomo, en la causa de lesión de confianza conocida como agua tónica.

En esta causa, la mujer fue condenada a 4 años de cárcel y el otro, a 3 años y 9 meses de encierro, cuyas penas quedaron firmes en el mes de mayo pasado tras la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La pareja ya se encuentra en el departamento Judiciales de la Policía Nacional. y hoy sería remitida a la cárcel.

La mencionada resolución judicial fue a pedido del fiscal de la causa Silvio Corbeta, quien pidió la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión de la pareja, luego de que los abogados de los condenados presentaran un recurso de reposición a fin de frenar de que el expediente pase al juzgado de Ejecución y de que este hacer cumplir la sentencia condenatoria.

Además señalaron que presentaron una inconstitucionalidad ante la Corte contra la sentencia, sin especificar si era una acción o una excepción.

Para el agente del Ministerio Público existe un inminente peligro de fuga de los condenados, ya que constantemente presentan diligencias dilatorias para frenar la ejecución de la condena.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público logró probar que Petropar simuló un proceso de licitación en marzo de 2020, al inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, con el objetivo de beneficiar económicamente a Costa Perdomo mediante el pago de una deuda particular.

La investigación encabezada por los fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera determinó que la estatal adjudicó a la firma Solumedic SA la provisión de insumos médicos, tapabocas, trajes de protección y agua tónica por un monto de G. 359.700.000.

Sin embargo, según quedó acreditado en el proceso, la mayoría de los productos nunca ingresaron a Petropar. La institución estatal solamente recibió un lote de mamelucos de protección valuado en G. 13.600.000.

La entonces presidenta del Tribunal de Sentencia, Gloria Hermosa, sostuvo que todo el procedimiento “fue fraguado de forma anticipada” para perjudicar el patrimonio estatal. Además, indicó que Solumedic actuó únicamente como intermediaria y que el dinero terminó siendo utilizado para cancelar compromisos particulares de Costa Perdomo con la empresa Racole SA.

Al término del juicio oral, el Tribunal había permitido que ambos condenados permanecieran en libertad bajo medidas alternativas, aunque elevando la fianza de G. 50 millones a G. 800 millones.