La Fiscalía de Bolivia imputó por terrorismo a los principales sospechosos del levantamiento militar que tuvo lugar el miércoles, el general Juan José Zúñiga y el ex comandante Juan Arnez Salvador, y ha informado que solicitará que se impongan medidas cautelares contra ambos.
Los fiscales consideran que existen indicios suficientes para presentar cargos contra Zúñiga y Arnez por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, mientras que desde el Gobierno insisten en ampliar estos cargos.
El propio Zúñiga, que se desplazó hasta las dependencias de la Fiscalía junto a su abogado, se ha abstenido de declarar por el momento, según informaciones del diario boliviano El Deber. Sin embargo, el general sí declaró el miércoles ante la Policía, donde dejó de hablar de “autogolpe” para referirse a la intentona como un “levantamiento armado que no se concretó por la demora y falta de coordinación de las diferentes unidades militares”.
El ex comandante Arnez decidió también guardar silencio a medida que avanzan las investigaciones, mientras que el Gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de que sean castigados con “la pena máxima” y acusó a Zúñiga de provocar también “el deterioro de bienes del Estado y lesiones de bala contra nueve personas en la toma de la plaza Murillo”.
Según el ministro de Justicia, Iván Lima, Zúñiga podría ser condenado a una pena de entre 15 y 20 años de prisión por “atentar contra la democracia y la Constitución” bolivianas.
“La Procuraduría General y la Fiscalía General han iniciado el proceso penal y lo sacarán adelante hasta lograr la condena de este militar. Esta acción irresponsable de un militar que deshonra a las Fuerzas Armadas y a la amistad que le brindamos muchos funcionarios de este Gobierno solo muestra que es una persona irresponsable y desleal con valores básicos de respeto y dignidad de las Fuerzas Armadas”, aseveró Lima.
