Una devastadora inundación, la retracción de un glaciar que deja sin agua a una población, la falta de políticas públicas ante las olas de calor, la inacción ante las amenazas a defensores ambientales y el incumplimiento de los compromisos en el Acuerdo de París son algunas de las causas que podrían iniciar un juicio nacional e internacional.
El reconocimiento del ambiente como derecho inauguró hace unos años las posibilidades de que los ciudadanos puedan exigir ante los tribunales el accionar que los gobiernos deberían ejercer por sí mismos.
La semana pasada, apenas unos días antes del Día Mundial del Ambiente, una serie de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un nuevo paso frente a esta nueva conquista de la sociedad civil: que, dada la emergencia climática, el ambiente sean considerados derechos humanos.
A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hacen más frecuentes e intensos, los ciudadanos de todo el mundo cuestionan la capacidad de los Estados y gobiernos democráticos para protegerlos de lo que parece ser un futuro apocalíptico. En este escenario, la CIDH está llamada a desempeñar un papel central.
La reciente tragedia en el sur de Brasil ha puesto de manifiesto la dimensión humana -para las generaciones actuales y futuras- que conllevan el desafío de hacer frente a las consecuencias de la emergencia climática. La proliferación de sequías, inundaciones, corrimientos de tierras e incendios, entre otros, ponen de relieve la necesidad de responder con urgencia y eficacia.
“En este sentido, los derechos humanos no solo aportan una perspectiva necesaria para evaluar las consecuencias de la emergencia, sino que ofrecen herramientas fundamentales para buscar soluciones oportunas, justas, equitativas y sostenibles a la misma”, señala el documento en el que Colombia y Chile solicitaron para que se concretaran esas opiniones consultivas en Brasil, la semana pasada. Las obligaciones en materia de derechos humanos pueden ofrecer una guía fundamental para acelerar respuestas eficaces de manera justa, equitativa y sostenible”.
