El presidente de la Unión Nacional de Educadores explicó las objeciones de los sindicatos de docentes al proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, del que exigen ser excluidos. Al no llegar a un acuerdo con el Gobierno, los educadores van a huelga hoy y mañana y se movilizarán en Asunción.
En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, reiteró los cuestionamientos que su sindicato hace a la implementación del proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil.
Integrantes de diez sindicatos docentes dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias irán hoy y mañana a un paro exigiendo ser excluidos de la ley del servicio civil, alegando que esta vulnera varios de sus derechos laborales, estableciendo evaluaciones punitivas y cercenando el derecho a la protesta y la huelga.
Los docentes exigen que el Gobierno firme un compromiso de promover un artículo dentro del proyecto de ley que excluya a los educadores de la normativa.
Pero el Poder Ejecutivo se ha negado, argumentando que -según la Constitución Nacional- los educadores ya están excluidos de la carrera civil y que lo que busca el Gobierno es “ponernos de acuerdo en cuanto a lo que es la carrera docente, cómo entra (al sistema), cómo sigue, cómo se promociona”, según expresó el ministro de Educación, Luis Ramírez.
“Este país se resiste a invertir en la educación”
Resquín indicó que los educadores ya tienen una ley que los rige, la 1.725, que establece el Estatuto del Educador, y que los educadores ya tienen sistemas de evaluación que incluyen concursos públicos de oposición, implementados para “combatir la injerencia abusiva de la política partidaria en la educación”.
Agregó que los sindicatos de educadores están trabajando “muy de cerca” con el Ministerio de Educación en la implementación de la carrera docente e insistió en que “no tiene sentido que estemos nuevamente dentro de una ley matriz que puede afectar, de acuerdo al estado de ánimo político, la Ley 1.725″.
Sobre el peligro de cercenar el derecho a la protesta, Resquín afirmó que “no está en nuestra agenda suspender servicios públicos” como la educación por medio de huelgas, pero agregó que el sistema educativo actual es “hasta perverso”, sin “voluntad política de mejorar”.
Señaló que Paraguay invierte apenas un 3,4% de su producto interno bruto en educación, menos de la mitad del mínimo recomendado por organismos internacionales.
Argumentó que las huelgas de los sindicatos docentes no se limitan a exigir mejoras salariales u otras reivindicaciones, sino que buscan llamar la atención sobre el hecho de que “este país se resiste a invertir en la educación”.
