Para la Policía Nacional el robo de teléfonos celulares, dejó de ser una modalidad utilizada por la delincuencia común y ya forma parte del esquema del crimen organizado.
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cybercrimen, reveló que la institución policial está haciendo una estrategia de combate para luchar con el robo de teléfonos y otros elementos tecnológicos.
Cada año, se reportan de 6.000 a 7.000 teléfonos, según los datos que maneja.
Alarcón indicó que la industria va desde el hurto en la calle, la reparación para luego distribuir y comercializar por todo el país y también en el extranjero.
“Tenemos datos que los teléfonos suelen llegar hasta México, es un mercado que está ahí y estás organizaciones hacen llegar a estos lugares”, expresó el jefe policial en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Los dispositivos de la marca iPhone son los más requeridos en el extranjero, según el uniformado. Éstos salen de manera clandestina y lo llevan primero a países limítrofes luego a otros lugares más lejanos.
Una de las modalidades que está siendo más utilizada por la organización son los hechos de robos y hurtos en eventos masivos.
“Mínimamente la denuncia en conciertos grandes, que por lo menos acuden más de más de 2.000 personas, normalmente es de 10 a 15 teléfonos robados”, agregó Alarcón.
El martes, la Policía realizó la incautación de 176 teléfonos celulares marca iPhone, 39 partes de celulares, G. 96.000, USD 2.150, dos notebooks, mochilas, dos televisores en poder de un colombiano en un hotel céntrico de Asunción.
Se sospecha que el hombre forma parte de una organización dedicada a este ilícito.
Se maneja que cada teléfono es revendido por un mínimo de G. 500.000 en el mercado interno, de ahí que los investigadores estiman que este negocio ilícito mueve alrededor de G. 3.500 millones cada año.
Según datos que maneja el Departamento de Cibercrimen de la Policía, alrededor de 12 personas denunciaron este año el robo de teléfonos celulares y posterior vaciamiento de cuentas.
Entre estos casos que manejan los intervinientes se habría producido un perjuicio de alrededor de G. 900 millones, por las transacciones realizadas tras el robo.
