Destituyen a la presidenta de Perú y asume de manera interina el titular del Congreso
En una sesión exprés, el Congreso peruano aprobó la vacancia de la mandataria Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Con 124 votos a favor, fue removida del cargo y el presidente del Legislativo, José Jerí, fue juramentado como nuevo jefe de Estado interino.
En la madrugada del 10 de octubre de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte mediante un proceso de vacancia por “incapacidad moral permanente”.
El término “incapacidad moral permanente” está contemplado en el artículo 113 de la Constitución peruana, pero no cuenta con una definición precisa, lo que ha generado amplios debates jurídicos. Tradicionalmente, el Congreso lo ha interpretado de manera política más que médica o psicológica, usándolo para destituir a presidentes por actos considerados éticamente reprochables o contrarios al interés público. En el caso de Boluarte, la acusación se basó en presuntos actos de corrupción, omisiones en la declaración de bienes y pérdida de confianza ciudadana.
Durante la sesión parlamentaria, los legisladores presentaron y aprobaron cuatro mociones para removerla del cargo. Boluarte fue citada para que compareciera y ejerciera su derecho a la defensa, pero no asistió, alegando la inconstitucionalidad del procedimiento.
El conteo final registró 124 votos a favor de la vacancia, con ningún voto en contra ni abstenciones, aunque la cifra podría variar ligeramente según los registros oficiales.
Poco después de aprobada la destitución, José Jerí, quien presidía el Congreso, juró como nuevo presidente interino del país, con el mandato de conducir al Perú hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.
En su discurso de asunción, Jerí prometió formar un “Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional”.
El gobierno de Boluarte, que había asumido el poder en diciembre de 2022 luego de la destitución de Pedro Castillo, enfrentaba graves críticas por su manejo de seguridad, denuncias de corrupción —en particular el llamado “Rolexgate” por relojes de lujo—, y crecientes protestas sociales.
La situación en el país ha sido marcada por una fuerte inestabilidad política en los últimos años, con múltiples cambios en la presidencia y frecuentes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
