A más de Miguel Vázquez, también tienen medida privativa de libertad, Juan Manuel Gustale (presidente), Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. Ahora, están siendo derivados al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y luego el Ministerio de Justicia determinará a dónde irán.
Por su parte, las mujeres que irán a casa con arresto y la tobillera electrónica son: Diana Leticia Mongelos González y Mariana Torres Rubiani.
Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, en su acta de imputación, habían requerido prisión preventiva solo para Miguel Vázquez, CEO de la firma bancaria.
Con relación a los demás miembros del directorio de ueno bank, los agentes requirieron como medida cautelar el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Finalmente, respecto al resto de los encausados solicitaron las medidas alternativas a la prisión, pero con prohibición de salida del país y una caución suficiente.
Bien temprano, se presentaron los procesados que estaban privados de su libertad, encabezados por Miguel Vázquez, que tuvo como defensores a los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal y Álvaro Cáceres.
Después, comparecieron los demás directivos acompañados de sus abogados defensores para la diligencia donde los mismos ofrecieron caución real para acogerse al arresto domiciliario.
Cerca del mediodía, fueron citados por el magistrado para comunicar en forma oral su decisión. Las partes no autorizaron que la prensa ingrese a la sala de audiencias.
El juez Rodrigo Estigarribia entendió que correspondía decretar la prisión preventiva de los procesados.
Argumentó que se trata de hechos graves con miles de víctimas, con lo que existía peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.
De esta manera, decretó la prisión preventiva para los directivos de ueno bank, quienes guardarán reclusión mientras dure el procedimiento.
En el caso, todos ellos están imputados por supuesta lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situación de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Los demás procesados
En la causa, también están imputados José Augusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Óscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Astigarraga y Luis Ernesto Angulo Rivera.
También fueron procesados Guillermo Vázquez Muniagurria, Diego Gómez, Luis Fernando Ríos Espinola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Franco, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.
Para ellos, se requirió la libertad ambulatoria, por lo que se les notificará del acta de imputación y se les cita para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Igualmente, los fiscales solicitan la inhibición general de gravar y vender, a más de la inmovilización preventiva de todas las cuentas para todos los encausados.
Igual medida de inhibición general de gravar y vender para las empresas MOWI S.A, Grupo Hendy S.A.; Grupo M S.A., TUIU S.A., RUC FRANEDE S.A., AIME S.A. Corredores de Seguros, y VINANZAS S.A.
Hábeas corpus
Por su parte, el abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Julio Rey, uno de los directivos de ueno bank, planteó un hábeas corpus para lograr su libertad.
La garantía constitucional quedó ante la jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, donde esta mañana se realizó la audiencia al encausado, según señaló el profesional.
La magistrada además pedirá informe de la situación procesal del encausado para luego dictar resolución en el pedido.
Conforme con la defensa, el mismo fue detenido el martes a las 14.10 horas aproximadamente, pero pasaron más de 24 horas sin que haya sido presentado ante el juez de Garantías, por lo que la detención dictada por el fiscal se volvió ilegal.
No obstante, con la decisión del juez Rodrigo Estigarribia sobre el caso, lo más probable es que la garantía constitucional sea rechazada.
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