El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación Especializado rechazar la apelación presentada por la defensa del ex CEO y vicepresidente de Ueno Bank, Miguel Vázquez, y confirmar la prisión preventiva que fue dispuesta por el Juzgado Penal de Garantías, en el marco de la causa abierta por el vaciamiento de la entidad bancaria que derivó en una crisis política y una grave afectación económica a los ahorristas. La defensa solicitó que se haga lugar al pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica y ofreció una fianza de G. 2.925 millones.
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle sostienen en su contestación que se están dadas las condiciones para mantener la prisión preventiva de Vázquez, principalmente por el peligro de fuga. Además, mencionan la posición que Vázquez habría ocupado dentro de la estructura societaria investigada, sus vinculaciones con empresas receptoras de fondos y la influencia que presuntamente habría ejercido sobre las operaciones cuestionadas.
También señalan que el imputado habría manifestado tener ingresos mensuales aproximados de G. 170 millones y consideran que estos elementos deben analizarse junto con la magnitud económica de las operaciones investigadas y las garantías ofrecidas por la defensa para acceder a una medida alternativa.
Respecto a los argumentos sobre el arraigo familiar, laboral y patrimonial, así como a su presentación voluntaria ante la Justicia, los fiscales reconocieron que se trata de circunstancias favorables, pero sostuvieron que no son suficientes para descartar el riesgo de fuga. Asimismo, defendieron la fundamentación del juzgado y señalaron que la prisión preventiva no fue dispuesta como una sanción anticipada, sino como una medida para garantizar que el imputado permanezca sometido al proceso.
Respecto al pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica, la Fiscalía cuestionó la eficacia de la fianza real ofrecida por la defensa, consistente en inmuebles pertenecientes al padre de Vázquez por valor de G. 2.925 millones. Mencionaron que no se presentaron certificados definitivos de condiciones de dominio para verificar posibles gravámenes o restricciones y que tampoco constaba la formalización de la aceptación de la garantía por parte del titular de los inmuebles.
Según la imputación, Miguel Vázquez, vicepresidente primero y beneficiario final de Ueno Bank, habría autorizado y permitido, junto con los demás integrantes del Directorio, operaciones financieras que comprometieron los activos de la entidad entre 2025 y 2026. La Fiscalía sostiene que tenía el control de las sociedades que recibieron los fondos de los créditos, entre ellas Grupo Vázquez, ITTI, MOWI y Grupo M, y que otras empresas vinculadas al grupo también fueron beneficiadas con estas operaciones.
El Ministerio Público señala que Ueno Bank otorgó préstamos y sobregiros a empresas vinculadas, pese a que presentaban debilidades en los análisis de riesgo, montos desproporcionados respecto de su capacidad financiera, plazos extensos y ausencia de garantías suficientes. Además, sostiene que los fondos fueron desviados hacia otras sociedades del grupo económico para cubrir obligaciones financieras, mientras que las empresas beneficiadas no tenían capacidad autónoma de repago.
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