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La Entidad Binacional Yacyretá abrió sus compuertas y emitió la alerta hidrológica número 5 ante el aumento sostenido del caudal del río Paraná. El ingeniero Eduardo Dose, jefe de Hidrología, explicó que la medida busca liberar el exceso de agua mientras el nivel se aproxima a los 4,20 metros, umbral de alerta a partir del cual ya se registran impactos en algunas poblaciones.

Según Dose, el fenómeno tiene alcance regional y compromete toda la cuenca. Yacyretá funciona como el último eslabón de una cadena de cerca de 70 represas ubicadas aguas arriba, de modo que la regulación de esos embalses condiciona el volumen que llega al complejo y se propaga río abajo.

En el nivel actual ya hay localidades afectadas. El siguiente umbral, de 4,50 metros, marca el inicio de la inundabilidad: a partir de allí pueden quedar bajo agua barrios y zonas isleñas. Además de Ayolas, el seguimiento incluye a Yabebyry y a la comunidad de Cerrito, en Ñeembucú, así como al litoral hasta la confluencia, por donde avanzará la onda de crecida.

Con esa proyección, la entidad activó el protocolo de acciones territoriales a partir de los pronósticos y la modelación de la cuenca. El monitoreo será diario para anticipar si hace falta evacuar a habitantes de áreas bajas en la zona de influencia de la represa.

Dose remarcó que la apertura de compuertas responde al excedente hídrico y no modifica, por ahora, la cercanía al nivel de alerta. Las autoridades seguirán informando la evolución del río y las medidas de protección que correspondan en las comunidades ribereñas.

La Senad interceptó en Remansito un camión proveniente de Bolivia con 52,9 kilos de drogas ocultos en la cabina. El cargamento, compuesto por pasta base y clorhidrato de cocaína, tendría como destino el microtráfico en el departamento Central, según los investigadores.

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 52 kilos 900 gramos de drogas que eran transportados en un camión de gran porte proveniente de Santa Cruz, Bolivia.

El procedimiento se realizó en el Puesto de Patrulla Caminera de Remansito, departamento de Presidente Hayes, tras un trabajo previo de inteligencia.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, explicó que la institución ya manejaba información sobre la intención de introducir al Paraguay un cargamento de pasta base y clorhidrato de cocaína mediante un camión que retornaba desde Bolivia.

Según el informe oficial de la Senad, la droga fue localizada en la cabina del vehículo, distribuida en 30 paquetes de pasta base de cocaína y 21 paquetes de clorhidrato de cocaína.

 

Camión transportaba carga legal y regresó vacío
De acuerdo con los datos proporcionados por la Senad, el camión había viajado previamente a Bolivia transportando una carga lícita. Para su regreso al Paraguay, el vehículo volvió sin mercaderías, pero con el cargamento de drogas oculto en su interior.

Rachid señaló que los investigadores conocían previamente la operación y dispusieron un control en un puesto de la Patrulla Caminera con el objetivo de detectar el vehículo sin levantar sospechas.

El procedimiento permitió finalmente localizar los paquetes en un compartimento de la cabina del camión.

El conductor fue identificado por la Senad como Juan Carlos Curtido Romero, quien quedó detenido y a disposición del Ministerio Público.

Los 51 paquetes de droga incautados, valorados en unos US$ 350.000, fueron exhibidos tras el operativo. Según la investigación, tenían como destino el departamento Central para su distribución a redes de microtráfico. En la escena, agentes de la Senad junto a uno de los detenidos.

Senad alerta sobre modalidad de tráfico internacional
Rachid explicó que el caso expone una modalidad de tráfico que, según la Senad, se estaría utilizando con frecuencia. Consiste en que vehículos de transporte que realizan viajes legales aprovechan el retorno al país para ingresar cantidades relativamente menores de drogas.

En estos casos, según Rachid, no necesariamente se requieren sofisticados sistemas de ocultamiento, como dobles fondos, debido a que los cargamentos pueden ser introducidos en espacios del propio vehículo.

“Esta es una modalidad que se está utilizando bastante”, señaló Rachid, quien agregó que no es la primera intervención de la institución relacionada con el ingreso de drogas al país bajo este esquema.

Droga tendría Central como destino
Según la investigación de la Senad, el cargamento interceptado tendría como destino el departamento Central, donde sería destinado al abastecimiento de puntos de microtráfico y narcomenudeo.

Rachid sostuvo que los 52 kilos incautados podrían ser posteriormente mezclados con otras sustancias para aumentar el volumen de la droga destinada a la venta al menudeo.

“Suponemos que en estas cantidades vienen destinadas para microtráfico. Esos 50 kilos se pueden convertir en 70 kilos una vez mezclados con otras sustancias”, afirmó.

La Senad estimó que el cargamento incautado tiene un valor aproximado de US$ 350.000 en el mercado.

El hombre de 30 años está imputado como presunto autor moral del homicidio de Rebeca Martínez. Había huido tras un tiroteo en Borja.

La Policía Nacional detuvo a Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias «Junior Peluquero» o «Polaco», el último de los buscados tras el enfrentamiento del domingo 4 de octubre en la compañía Vallepé, distrito de Borja, Guairá.

Delvalle Almeida está imputado en la causa por el homicidio de Rebeca Martínez Aricayé y las heridas a Carolina Raquel Aguilar, hechos del 28 de septiembre en Eusebio Ayala. La investigación lo señala como presunto autor moral.

El domingo, según el parte policial, viajaba en una camioneta Kia Sportage blanca sobre la ruta D017 cuando los agentes intentaron detener el rodado. Hubo intercambio de disparos, el vehículo chocó contra una muralla y tres ocupantes huyeron a pie hacia una zona boscosa.

Antes de esta captura ya habían sido aprehendidos José Quintín Velázquez Martínez (44 años), en el lugar del tiroteo; Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28 años), alias «Chule», el lunes en un hospedaje de Vallepé; y Alcides Ramos Osorio (39 años), alias «Ka’i», esa misma tarde en la colonia Takuare’ẽ.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, pidió una mesa política y una autocrítica profunda después de las elecciones municipales del 4 de octubre. El dirigente sostuvo que el partido se concentró en actos de cara a 2028 y descuidó la estrategia local, y advirtió que no se puede ganar una elección apoyándose solo en la figura de una persona.

Riveros afirmó que se organizaron reuniones y concentraciones “para otra campaña política”, la de 2028, en lugar de concentrarse en las municipales y acompañar a los candidatos. Reconoció que la oposición enfrentó el programa Hambre Cero y una fuerte presencia oficialista en los departamentos, pero dijo que eso “no es pretexto”.

Según su balance, el liberalismo perdió unas 20 intendencias. Citó caídas en Yaguarón, Juan de Mena, Pirayú y otros distritos de arraigo opositor. En Cordillera, señaló, pasaron de 14 a 8 comunas; en Central, de 10 a 7, y en Itapúa, de 13 a 8. Atribuyó parte de esos resultados a alianzas fallidas, candidaturas del tercer espacio y, en algunos municipios, a gestiones de más de 16 años.

El titular liberal dijo contar con 61 intendentes afiliados al PLRA, entre victorias propias y de alianza, pero calificó al partido de “destrozado” y “en la bancarrota”. Contrastó ese mapa con los triunfos en Fernando de la Mora, cuatro distritos de Guairá y tres del departamento de Paraguarí, y con el resultado de Asunción, que a su juicio “ salvó de muchas cosas” porque allí se jugó en unidad.

Riveros sostuvo que la autocrítica empezó la misma noche del escrutinio y que aún hay tiempo de sentarse a dialogar. Planteó definir reglas y una estrategia colectiva para 2028, y cerró con que celebrar solo el triunfo de su candidato en Fernando de la Mora “no sirve de nada”.

El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, reconoció la derrota colorada en Villarrica y, al mismo tiempo, calificó de contundente el resultado nacional de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las elecciones municipales. En una entrevista radial, felicitó al candidato de la alianza que retuvo la capital departamental y aseguró que el balance general del departamento sigue siendo favorable al oficialismo.

Sosa indicó que, de 18 distritos de Guairá, la ANR ganó 14 y recuperó cinco municipios. Dijo que la caída en Villarrica obliga a una autocrítica, aunque la consideró parte de una elección en la que “los trabajos a veces se ganan y se pierden”. Añadió que desde temprano el equipo revisa qué falló para “dar vuelta a la página”.

En el mapa país, el gobernador afirmó que el Partido Colorado pasó de 163 a 186 distritos, unos 24 más que en el ciclo anterior. Citó como ejemplos Caazapá, con 18 de 22; Ñeembucú, con 13 de 16, y Cordillera, donde habló de la recuperación de cinco o seis municipios. Atribuyó ese avance al trabajo de los gremios de gobernadores y diputados.

Sobre la jornada, Sosa dijo no tener reportes de violencia grave. Mencionó solo “problemitas” y roces en Yataity y Villarrica, del tipo de peleas entre miembros de mesa. Consultado por su postulación, impulsada por el Consejo de Gobernadores para integrar la chapa presidencial, respondió que todavía no habló con nadie, pero ratificó el reclamo de la vicepresidencia para diputados y gobernadores.

El gobernador también informó que la tormenta del sábado golpeó Borja, Paso Yobái e Independencia, con granizo fuerte en este último distrito. Señaló que ya se relevaron daños y que se trabaja con la Secretaría de Emergencia Nacional para asistir a las familias. No reportó, por el momento, afectación de cultivos.

La Justicia Electoral aseguró que el operativo para las elecciones del domingo avanza según el cronograma y sin inconvenientes. Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, sostuvo que la institución llegó en tiempo y forma, con las máquinas de votación y los útiles ya distribuidos en la mayor parte del país, y con las capacitaciones concluidas.

Ljubetic explicó que, a esta altura, la mayoría de los departamentos ya cuenta con todas las máquinas de votación y con los elementos que se usarán en los comicios, ubicados en los lugares correspondientes. La entrega se completará hoy en Central y mañana sábado en Asunción, según el plan informado por la dirección.

Las capacitaciones a miembros de mesa, CPX, operadores de máquinas de votación y técnicos de soporte ya finalizaron. El funcionario señaló que, a diferencia de procesos anteriores, esta vez la formación se intensificó. “Todo el proceso de capacitación, como hace mucho tiempo no lo hacíamos, esta vez se intensificó y está totalmente preparada la cancha”, afirmó.

También recordó que las mesas receptoras de votos se integran 15 días antes de las elecciones por los jueces electorales propuestos por los partidos con representación parlamentaria. Con esa estructura ya conformada y el material en destino, la Justicia Electoral considera cumplida su etapa de preparación.

A partir de ahora, dijo Ljubetic, el desarrollo de la jornada depende de los candidatos y de la ciudadanía. “A partir de ahora son los políticos, los candidatos y los ciudadanos los que tienen que hacer el juego”, sostuvo, e instó a los electores a concurrir a votar.

En junio pasado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había anunciado que 500 usuarios ejecutaron 130.000 acciones ilegales para avalar títulos falsos, dato que obtuvieron tras una auditoría parcial en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), en el marco del caso de los títulos falsos detectados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Básicamente, este medio millar de personas ingresó al sistema informático para validar títulos de forma totalmente irregular, en “horarios inusuales”.

No obstante, lo denunciado por el titular del MEC quedó bastante corto, considerando lo que descubrió la Contraloría General de la República (CGR) durante una auditoría en las direcciones de Certificación Documental, Escalafón, Matriculación, Informática y Registro de Títulos de la cartera. Los hallazgos constan en un primer informe preliminar, emitido este mes de setiembre y al que accedió ABC en exclusiva.

La observación N° 6 de este reporte de la CGR apunta hacia un riesgo de alteración no autorizada, pérdida de integridad y confiabilidad de los datos en el Sistema Informático de Educación Superior (SIES), debido a la actividad de cuentas de usuario en días no laborables.

“Para determinar esta situación, se cruzaron los registros de actividad del sistema con el calendario de días no laborables aplicable al período examinado. Como resultado, se identificaron 453.599 registros de actividad asociados a 352 cuentas de usuario”, indicaron los auditores de la Contraloría, según consta en el documento. La cifra albergada en el reporte oficial triplica ampliamente las 130.000 acciones que el Ministerio había denunciado originalmente en junio.

453.000 operaciones en el MEC: el sistema SIES operaba en feriados sin autorización
La gravedad del hallazgo de los auditores no radica únicamente en la abrumadora cantidad de registros fuera de hora, sino en la incapacidad institucional del MEC, con Luis Ramírez al frente, para dar respuestas. Ante el requerimiento del equipo fiscalizador de la CGR, las autoridades de la entidad educativa no pudieron presentar ni una sola autorización, orden de trabajo, resolución o justificativo documental que demostrara la necesidad y legitimidad de operar en el SIES durante días no laborables, según lo que consta en el documento.

El cruce de datos reveló que el movimiento consistió en un flujo constante durante sábados, domingos e inclusive en días feriados.

Del total de los 453.599 registros detectados en días inhábiles:

331.641 operaciones corresponden a usuarios internos del ministerio,
121.958 restantes fueron ejecutadas por cuentas externas, pertenecientes a gestores e instituciones de educación superior privadas.
220.000 movimientos se hicieron días sábado.
108.488 se hicieron los domingos.
124.353 operaciones se realizaron en días feriado.
A pesar de que el SIES está configurado para operar de forma continua las 24 horas, la Contraloría advirtió que mantener la plataforma abierta sin mecanismos de alerta, expuso al sistema a un riesgo crítico de “alteración no autorizada, pérdida de integridad y pérdida de confiabilidad de los datos” con los que se legalizan los títulos universitarios en el país.

Todos estos movimientos irregulares se realizaron durante el período de gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, del 2023 al 2026, acorde con lo auditado por la CGR. “La situación señalada limita la capacidad del MEC para comprobar, de manera oportuna y trazable, que las actividades registradas en el SIES durante días no laborables respondan a funciones, necesidades o trámites institucionales legítimos y debidamente autorizados”, dice el informe.

La respuesta del MEC tras la auditoría: alegan sistema “24/7” para justificar accesos en feriados
Ante el contundente hallazgo de la Contraloría, en su descargo el MEC afirmó que el sistema informático “es una plataforma web disponible 24/7, sin restricciones de días u horarios. Por ende, los logs de auditoria constituyen la única evidencia técnica del uso del sistema por parte de los usuarios habilitados”.

Luego, aseguran que delimitar o fundamentar las razones del trabajo realizado fuera del horario habitual “excede las facultades” de esta dependencia técnica, correspondiendo dicha justificación a las unidades operativas a las que pertenece cada usuario.

La respuesta de los auditores es la siguiente: “Si bien el MEC informó que el sistema informático es una plataforma disponible 24/7 y que la justificación de las actividades corresponde a las unidades operativas a las que pertenece cada usuario, la respuesta remitida no incluyó las autorizaciones, justificaciones ni evidencias solicitadas”.

En consecuencia, no fue posible verificar si los registros identificados respondieron a actividades institucionales legítimas y debidamente autorizadas, remarcan.

Escándalo de títulos falsos: las otras fallas del MEC que acorralan al ministro Luis Ramírez
La fiscalización de la Contraloría en el MEC y su informe preliminar surgen en el marco de las pesquisas de la Comisión Especial del Senado que investiga los títulos falsos, un órgano creado tras la indignación pública por el escándalo del exsenador Hernán Rivas, condenado por utilizar un título falsificado de abogado.

Las operaciones fuera de hora en feriados y fines de semana representan además un sistema golpeado por severas fallas de seguridad, tales como:

Cédulas de fallecidos e identidad de extranjeros: El cruzamiento de datos de la CGR con el Registro Civil e Identificaciones reveló 7.373 registros con discrepancias, detectando el uso de números de cédula de ciudadanos paraguayos e incluso de personas fallecidas para validar carpetas de estudiantes extranjeros en carreras como Medicina.

Claves activas por casi 5 años: Se descubrieron credenciales de acceso pertenecientes a exfuncionarios del ministerio que continuaron activas en el sistema informático hasta por 4 años y 8 meses tras haber sido desvinculados, abriendo la puerta a alteraciones sin trazabilidad.

Títulos de Medicina sin prácticas acreditadas: La CGR constató que el MEC llegó a validar registros e inscribir diplomas en el área de Salud, cuyas constancias de prácticas hospitalarias carecían de las firmas y validaciones formales requeridas.
Los descubrimientos de la CGR crearon una especie de tormenta al interior del MEC.

Durante una reunión entre Luis Ramírez y directores departamentales de Educación, el titular de la cartera se mostró “furioso” ante la falta de resultados y todos estos datos revelados en el informe.

El organismo ambiental, junto a la Prefectura Naval y la Entidad Binacional Yacyretá, monitorea el desplazamiento de cardúmenes que remontan el río.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible (MADES) desplegaron un operativo especial junto a la Prefectura Naval Paraguaya para proteger la migración de cardúmenes de dorados y bogas que remontan el río Paraná.

El MADES, mediante la Resolución N° 430, estableció medidas temporales de protección ante la concentración extraordinaria y la vulnerabilidad de estos cardúmenes migratorios. La medida se aplica con el apoyo de la Prefectura Naval Paraguaya y la EBY.

El movimiento de dorados y bogas hacia aguas arriba forma parte de su ciclo biológico y reproductivo, aunque también puede responder a la disponibilidad de alimento y a las condiciones hidrológicas del río.

Mario Martínez, de la Oficina Regional de Pesca y Acuicultura de Ayolas, del MADES, explicó que mantienen comunicación permanente con las autoridades argentinas, debido a que el desplazamiento se encuentra actualmente en jurisdicción del país vecino, a la espera de que los cardúmenes ingresen a aguas paraguayas.

Según indicó, los equipos del MADES realizan monitoreo y seguimiento del desplazamiento de los cardúmenes para evitar prácticas que puedan ponerlos en riesgo.

Los controles incluyen la verificación de licencias, registros, artes de pesca y el cumplimiento de las tallas mínimas establecidas por la Ley N° 3.556/08, tanto a pescadores comerciales como deportivos, con el apoyo de la Prefectura Naval Paraguaya.

La protección, según establece la Resolución N° 430, se desplaza junto con el cardumen mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la medida.

La fiscala Norma Salinas informó que la hipótesis de feminicidio es lo que más cobra fuerza a esta altura de las pesquisas sobre el ataque a balazos a dos mujeres, una de ellas fallecida, que luego fueron abandonadas en cementerio en Eusebio Ayala, Cordillera. No descartó que los involucrados estén ligados al narcotráfico.

El feminicidio es la figura penal investigada tras el ataque a balazos del que fueron víctimas Rebeca Martínez Aricaye (28) y Carolina Aguilar (32) ocurrido tras salir de una jineteada en Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, según confirmó la fiscala Norma Salinas este martes.

Rebeca Martínez Aricaye falleció tras recibir tres disparos de arma de fuego y heridas de cuchillo, mientras que Carolina Aguilar lucha por su vida después de recibir un balazo en el mentón.

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, la agente encargada del caso por parte del Ministerio Público señaló que las primeras pesquisas revelaron que había una relación entre la víctima fatal con los presuntos agresores, que ya fueron identificados a raíz de una transmisión del evento, videos de circuitos cerrados y la grabación desde un teléfono celular durante una gresca.

“Ella estaba bastante cariñosa con la persona con la persona que estaba bailando, entonces creemos que efectivamente el feminicidio es el tipo penal”, explicó la fiscala sobre la persona que hacía compañía a la víctima fatal durante la jineteada.

En las imágenes de una transmisión del evento al que acudieron se puede ver a las dos mujeres bailando, cada una con un hombre, antes de producirse una gresca. Tras la pelea, momento que fue grabado desde un teléfono celular, ambas se retiraron de la fiesta a bordo de una motocicleta.

Luego, en otra secuencia de imágenes de circuito cerrado se ve a una camioneta lujosa, parecida a la marca Toyota, tipo Fortuner, de color blanco o perla, que persigue a las jóvenes que se desplazaban en una moto y le cierra el paso intencionalmente. Tras el roce, las mujeres cayeron a una cuneta y fueron subidas a la fuerza al vehículo de mayor porte.

Se presume que en el interior del vehículo, Rebeca Martínez Aricaye recibió los tres impactos de bala a quemarropa —teniendo en cuenta el tatuaje que dejó en su piel el rastro de la bala— que acabó con su vida.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron posteriormente arrojados en el cementerio de Eusebio Ayala, donde fueron encontradas en la mañana del lunes. Pero por la cantidad de sangre, se presume que los disparos se registraron en otro lugar.

La fiscala Norma Salinas maneja la información de que los involucrados tendrían vinculos con el narcotráfico y debido a esto se podría dificultar el trabajo investigativo.

“Nos dicen que los involucrados están en ‘la pesada’ y por eso es el temor de no querer colaborar, sabiendo que ellos están involucrados en ese ámbito delictivo, pero es solo suposición de tantas que tenemos”, aclaró.

La SENAD, con apoyo del CODI-FTC Sur y en coordinación con el fiscal César Martínez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Caazapá, culminó la Operación Caazapá II tras cinco días de intervención en zonas rurales de Tavaí y Abaí. El operativo desmanteló 12 centros de producción y acopio y erradicó 79 hectáreas de cultivos de marihuana en Tava Porã (Cenote), Santa Ana, Apepú, San Francisco, San Jorge y Emilianore.

En el interior de los campamentos se hallaron 3.975 kilos de marihuana lista para su comercialización, que posteriormente fueron destruidos. Las autoridades estiman que, al sumar ese volumen con el potencial productivo de las 79 hectáreas erradicadas, la operación permitió sacar de circulación unas 240,9 toneladas de cannabis.

Ese resultado representaría un perjuicio económico superior a USD 36 millones para las estructuras del narcotráfico, según el precio promedio de comercialización de la marihuana en el mercado argentino. Más allá de la cifra, el operativo busca cortar una cadena de producción que se instala en zonas apartadas y dificulta el control estatal.

La intervención también apunta a desalentar la expansión de centros clandestinos hacia bosques y áreas naturales, donde las organizaciones criminales abren grandes extensiones de monte para sembrar cultivos ilícitos. Las 79 hectáreas recuperadas equivalen a unas 110 canchas de fútbol y muestran la escala del daño territorial asociado a esta actividad.

Con Caazapá II, las autoridades refuerzan la presión sobre la producción ilegal en el sur del país. El desafío ahora es sostener la presencia en esas zonas para impedir que los campamentos desmantelados vuelvan a instalarse en el monte.