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Si bien las negociaciones entre los médicos y el Ministerio de Salud en la mesa de crisis instalada en el Congreso Nacional avanzaron con un mayor “sinceramiento”, los profesionales de blanco siguen en protesta por mejores condiciones laborales.

Hasta el momento no hubo un acuerdo y la huelga de dos días para los próximos 21 y 22 de setiembre se mantiene vigente.

A la salida del encuentro, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, informó que el Ministerio de Salud Pública se comprometió a enviar una adenda de su presupuesto de USD 60 millones y que la diferencia tendrá que completar el Congreso Nacional.

El monto del que se habla es de USD 120 millones para llegar al piso salarial para todos los médicos, quienes exigen un aumento de G. 3 millones y el pago doble por feriado trabajado.

Aunque hoy “existe una apertura total, una sinceridad del monto que disponen”, aún no se puede hablar de una victoria, según mencionó González.

Para este jueves, a las 09:00, se tenía además prevista una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), pero el encuentro se suspendió a pedido del gremio de los médicos y la cartera sanitaria.

Esto, porque ambos sectores se mantienen en negociación bipartita orientada a avanzar en los puntos planteados por los profesionales de blanco.

“Una vez concluidas estas tratativas, se informará al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre sus resultados y, de ser necesario, se coordinará una nueva fecha para la reunión tripartita”, indicaron desde la cartera.

Debido a la crisis sanitaria que estalló por las precarias condiciones de trabajo y falta de insumos básicos en los hospitales públicos, alrededor de 500 médicos presentaron renuncias y para el viernes podrían haber 290 más.

El abogado de Hugo Javier González, Bernardo Villalba, afirmó que le resulta difícil creer en la hipótesis de un atentado contra el exgobernador de Central, hallado grave en su celda. Según indicó, los golpes que presenta se explicarían mejor por una caída y no por una agresión. También desestimó la idea de una eventual quema de archivos y cuestionó la demora en derivarlo a un hospital de alta complejidad.

Villalba se refirió a los videos presentados por el Ministerio de Justicia. Aunque reconocen una edición de al menos tres horas, en las imágenes se observa a González consciente, sentado en una silla de ruedas y hablando con quienes lo asistieron. Para el defensor, ese registro debilita la tesis de un ataque y abre otras líneas de investigación sobre lo ocurrido dentro de la penitenciaría.

El letrado planteó que la hinchazón en el rostro pudo agravarse por la tardanza en el traslado a un centro asistencial con terapia intensiva. Sostuvo que es posible que el propio internado haya pedido auxilio después de caer. En ese punto, consideró “muy llamativo” que haya pasado tanto tiempo hasta la derivación a un hospital de mayor complejidad.

La versión de la defensa contrasta con las sospechas que generaron las lesiones faciales y el traumatismo craneal. El caso sigue bajo investigación, mientras el estado de salud del exgobernador permanece como prioridad médica y judicial.

Un hombre identificado como Reinaldo Ramírez González de 39 años fue encontrado sin vida en el fondo de una casa que se encuentra ubicada sobre las calles Natalicio Talavera casi Bulevar Bicentenario, en el barrio Centro de Villarrica, Departamento de Guairá, propiedad de Óscar Heber Espinoza Gómez de 66 años, quien vive con su hijo Osmar Antonio Espinoza Benítez de 42.

Según los agentes intervinientes de la comisaría local, la víctima presentaba manchas de sangre, golpes en la cabeza y escoriaciones en el cuello. El médico forense interviniente diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo craneoencefálico.

Según declaraciones del propietario de la vivienda a los agentes policiales, encontró a Ramírez tendido en el suelo y sin signos de vida.

Los intervinientes señalaron que la víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con Osmar Espinoza y otras personas en la vivienda desde aproximadamente las 22:00 del sábado. Posteriormente, durante la madrugada del domingo, se habría producido un altercado con un hombre conocido con el alias de “Yoshi”, quien presuntamente lo habría atacado con un destornillador.

A pedido del fiscal Diego Duarte, el cuerpo del fallecido será trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción para la realización de estudios que permitan determinar con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

Quedaron detenidos Óscar Espinoza y Osmar Espinoza, quienes fueron trasladados hasta la base del Departamento de Investigación de Hechos Punibles. El caso fue caratulado como presunto homicidio doloso.

En grave estado de salud, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, Hugo Javier González Alegre, ex gobernador del Departamento Central, será trasladado desde el Hospital de Barrio Obrero hasta el Hospital Nacional de Itauguá, donde ya tienen preparada una cama en terapia intensiva. El político y locutor cumple una condena de 10 años por corrupción en el penal La Esperanza.

El doctor Adán Godoy, director del Hospital General de Barrio Obrero, ofreció un reporte médico sobre el estado de salud del ex gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González Alegre, quien ingresó de urgencia pasadas las 23:00 del domingo con lesiones en el rostro.

El conocido como Número 2 llegó a bordo de un móvil de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza e ingresó a la sala de reanimación en mal estado general, inconsciente, con mala mecánica respiratoria y sangrado en la nariz.

“Convulsionó con nosotros en el hospital, paramos la convulsión y, por la mala mecánica respiratoria, decidimos realizar una intubación orotraqueal”, informó el médico a radio Monumental 1080 AM.

Su estado de salud es grave y se mantiene con pronóstico reservado, a la espera de ser trasladado a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), agregó el director del hospital.

Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, debe comparecer este lunes ante la justicia para el inicio de su juicio oral y público en el marco del caso «Tía Chela», una de las tantas causas de presunta corrupción iniciadas en su contra. En total, 10 personas deben sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados por un supuesto negociado durante la pandemia que habría causado un perjuicio de G. 2.130.036.160.

Durante el juzgamiento, cuyo inicio está previsto para las 8 horas, la Fiscalía sostendrá su acusación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en la que atribuye a Miguel Prieto Vallejos el hecho de supuestamente haber liderado un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución, entre los meses de marzo y julio del 2020.

El Ministerio Público refiere que Prieto y los demás acusados realizaron un «negociado» con la promoción de una Licitación Pública por la vía de la excepción con ID Nº 382.177, cuya contratación estuvo «direccionada» a la empresa proveedora TIA CHELA SRL, de Fermin Avalos Britos.

La acusación expone que la estructura criminal estuvo integrada por funcionarios y Directores Municipales a cargo de Prieto, así como terceros entre los que se citan a: Lic. Maggi Fariña, Coordinadora de la UOC; Econ. Sebastian Martinez, Director de Desarrollo Social (actual Concejal Municipal); Francisco Arrúa Alvarez, Director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, Jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramirez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, Jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benitez Gamarra, Jefe de Almacenes; Fermin Avalos Britos, de TIA CHELA S.R.L, y Emili Vanessa Florentin Paez, Presidenta de VANEMI SA.

La cronología indica que el proceso de licitación se inició formalmente el 20 de marzo de 2020 con la Resolución I.M. Nº 3.331 de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, representada por Prieto, quien en base al Dictamen elaborado por la Directora de la UOC Maggi Fariña Almada resolvió llamar a Licitación por la Vía de Excepción con para la “Adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del Covid- 19”, y designó a los Directores Municipales Sebastian Martínez, Director de Desarrollo Social, y José Félix Cáceres, Jefe de Desarrollo Comunitario, como miembros del Comité de Evaluación.

Posteriomente, el 20/03/2020, la Unidad Operativa de Contrataciones a cargo de Fariña emitió un dictamen injustificado para ceñirse al procedimiento por la vía de la excepción, cuando debió utilizar el procedimiento ordinario de “Licitación Pública”. Tres días después, el Comité Evaluador, compuesto por Martínez, el promotor del llamado, y Cáceres, Jefe de Desarrollo Comunitario, analizaron la única oferta presentada y recomendaron la contratación de TÍA CHELA SRL, que según la investigación carecía de capacidad técnica, financiera y experiencia (contrataciones anteriores con el estado), entre otras irregularidades.

La acusación menciona que las mercaderías no fueron proveídas y, a los efectos de encubrir esta ausencia de contraprestación, en dicho periodo de tiempo, surgió la participación de terceros que forman parte del círculo de confianza de Prieto, como la acusada Emili Vanessa Florentín Páez, quien colaboró en la construcción de cadenas de compra venta ficticias por al menos G. 692.155.023 de la totalidad del perjuicio detectado G. 2.130.036.160, constituyéndose en la principal sub proveedora de la firma adjudicada con el contrato TIA CHELA SRL, a través de la empresa de su propiedad VANEMI SA.

Esta creación de secuencias de compraventas fue realizada para intentar encubrir la falta de una contraprestación real y equitativa de productos a la municipalidad de conformidad a lo pagado, enfatiza la Fiscalía. De la misma manera, el acusado Fermín Avalos Britos, Representante legal de la empresa proveedora TIA CHELA SRL facilitó su estructura y su esquema jurídico a Miguel Prieto Vallejos, a los efectos de llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, sin tener la capacidad técnica, financiera ni experiencia para responder con esta licitación de importancia económica significativa, y a sabiendas de ello se presentó el 23/03/2020 a formular su oferta siendo adjudicada irregularmente con el contrato, y en tal sentido recibió en tal concepto la suma total de ₲ 2.949.650.000, cuya adquisición se documentó sin que haya ingresado todas las mercaderías en igual valor a lo pagado, a pesar de que los documentos reflejan una entrega que no se dio en la realidad, colaborando en el perjuicio ocasionado a la institución por valor de G. 2.130.036.160.

El Miniserio Público destaca que con colaboración de los Sres. Julián Benítez (Jefe de Almacenes), Econ. Sebastián Martínez (Director Desarrollo Social), Lic. Felix Cáceres (Jefe de Desarrollo Social) y el Sr. Higinio R. Acuña (Jefe Div. Adq. y Suministro) fue posible causar el daño patrimonial a la institución. Esto se centra en que en las fechas mencionadas 27/03/2020 y 13/04/2020, hicieron constar falsamente a través de documentos oficiales la recepción de la totalidad de las mercaderías adquiridas por el Municipio de la empresa proveedora TÍA CHELA SRL de Fermín Avalos, por la totalidad de 25.000 kits de alimentos que alcanzaría la suma de G. 2.949.650.000.”

«Este perjuicio económico de G. 2.130.036.160 ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este por el Intendente Miguel Prieto Vallejos a través de los pagos dispuestos el 07/04/2020 y el 09/07/2020 en este proceso realizado indebidamente por la vía de la excepción, no habría sido posible sin la participación y colaboración de los funcionarios a su cargo, que formaban parte de su esquema», menciona la acusación.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de su presidente, Miguel Báez Reyes, confirmó la interrupción de las negociaciones en los términos actuales con la multinacional británica ATOME Energy PLC. Advirtió que la demanda de consumo alcanzará la capacidad máxima de generación para 2030-2031 y defendió la creación del Ministerio de Energía y un ente regulador para atraer inversiones en gas, energía solar y tecnología nuclear.

El presidente de la entidad estatal explicó que las condiciones solicitadas por la empresa privada, que proyectaba la construcción de una planta de hidrógeno verde y fertilizantes limpios en Villeta, no resultaban beneficiosas ni sostenibles para el país a largo plazo.

“No cierran los números. No podemos mantener una tarifa por 15 años, una tarifa que hoy día ya es muy barata”, dijo Báez Reyes en comunicación con ABC Cardinal.

El punto central del desacuerdo radica en la estructura de suministro de la planta: la firma pretendía cubrir solo un tercio de sus requerimientos mediante energía solar, esperando que la ANDE garantizara el resto con energía hidroeléctrica —de mayor firmeza operativa y valor de mercado— bajo tarifas congeladas de momento.

Cronología de la oferta y la matriz en crisis
El proyecto original de ATOME: Diseñado para utilizar una potencia de hasta 145 MW en el complejo industrial de Villeta, orientado a la producción masiva de amoniaco verde.

El choque de tarifas: A medida que Paraguay agota su excedente hidroeléctrico, las nuevas fuentes de generación (solar, térmica o biomasa) tendrán costos marginales sensiblemente superiores a los actuales.

El horizonte 2030-2031: Las proyecciones oficiales de la ANDE indican que para el inicio de la próxima década el país consumirá el 100% de la energía disponible proveniente de Itaipú y Yacyretá, lo que obliga a incorporar nuevas fuentes térmicas y renovables.

Las reformas clave para el nuevo marco normativo
Para responder al crecimiento de la demanda —que incluye el interés estratégico de albergar centros de datos de Inteligencia Artificial e industrias de gran escala—, el Poder Ejecutivo impulsa un conjunto de medidas estructurales dirigidas a atraer inversiones del sector privado.

Entre ellos se contempla:

Creación del Ministerio de Minas y Energía
Según Báez Reyes, su objetivo principal será diseñar y coordinar la política energética nacional con una visión integral, situándose jerárquicamente por encima de la ANDE. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de evaluación técnica dentro del Poder Ejecutivo.

Implantación de un ente regulador independiente
Diseñado para actuar como árbitro técnico imparcial entre los consumidores y los inversores privados. Aunque la propuesta ha generado cuestionamientos en sectores sindicales como Sitrande, el Ejecutivo considera que es una figura indispensable para otorgar certeza jurídica y garantías de largo plazo al capital privado. “Me parece que hay un error de apreciación, pero es cuestión de hablar y aclarar las cosas”, sostuvo Báez Reyes.

Diversificación acelerada de la matriz energética
Implica la incorporación de gasoductos, centrales térmicas a gas, parques solares y esquemas de generación distribuida. Según el mandamás de la ANDE, la entidad ya cuenta con varias propuestas en carpeta impulsadas por empresas privadas para zonas estratégicas como Villa Elisa y Valenzuela, según su titular.

Báez Reyes remarcó que el Estado no dispone de los fondos requeridos para financiar por sí solo las millonarias obras de infraestructura necesarias, por lo que resulta indispensable un esquema regulatorio claro para el capital privado.

El juicio oral y público, que juzga a cinco personas involucradas en el crimen de María Fernanda Benítez, finalizó de madrugada, siendo las 2:00 de este miércoles.

Los padres de la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue arrojado a un baldío incinerado en Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, hablaron tras conocerse la sentencia, que comenzó a leerse alrededor de las 23:00 del martes.

“Sa’ieterei (Demasiado poco). Che ndaimei (yo no estoy) conforme. Che aitopa (yo quería) cadena perpetua. Es muy feo lo que hicieron. Yo no estoy conforme”, expresó con tristeza y descontento Nilda Martínez, mamá de María Fernanda.

Con el mismo dolor, Leonardo Benitez, papá de la joven asesinada, afirmó que no está conforme con lo que resolvió el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo, que estuvo conformado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme

“No estoy contento con esto. El maltrato animal se aplica condenas de cuatro a cinco años. Es una burla para el pueblo paraguayo”, expresó sobre las condenas a los medios de prensa tras culminar el juicio.

Los magistrados resolvieron condenar a Mikhaela Chiara Rolón Melgarejo, amiga del principal sospechoso, a 10 años de cárcel por instigadora, pena que será cumplida en la Cárcel de Mujeres de Emboscada, informó el corresponsal de Última Hora Robert Figueredo.

La Fiscalía consideró a la joven como una pieza clave, ya que ejerció de manera psicológica también algún tipo de influencia para que en ese momento el adolescente de 17 años, sindicado como presunto autor, cometiera el crimen.

La lista de condenados sigue con Ricardo Andrés León Villamayor, mencionado como el suegro del principal sospechoso, a quien se le dictó una condena de tres años de cárcel por frustración de la investigación penal a sabiendas de la situación.

En cuanto al propietario de la farmacia, Franco Antonio Acosta, se le otorgó cinco años de prisión por la tentativa de aborto de María Fernanda.

Mientras que a los padres del adolescente procesado por el asesinato de María Fernanda, los jueces le dieron penas de cárcel de cuatro años y seis meses por los hechos de exposición al tránsito terrestre y denuncia falsa.

El principal acusado no forma parte de este juicio ya que enfrenta uno en paralelo, que se encuentra en un avance del 50%, según confirmó el fiscal Fermín Segovia a los medios y estima que podría concluir en dos o tres semanas más.

El joven, que tenía 17 años al momento del hecho, está acusado por el delito de feminicidio, aborto en grado de tentativa y violación de la patria potestad.

María Fernanda estaba con paradero desconocido en mayo de 2025 y sus padres denunciaron su desaparición, pero días después fue hallada calcinada en un patio baldío de Coronel Oviedo. La investigación apunta que fue obligada a abortar por parte del adolescente ahora juzgado.

Un total de 702,9 kilogramos de supuesta marihuana prensada fueron incautados durante un procedimiento realizado en una vivienda abandonada ubicada en la colonia Ñandurokai, distrito de Ypehu, departamento de Canindeyú.

El operativo fue llevado a cabo por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, División Regional N.º 14 – Sede 2 Curuguaty, en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (SUMAR).

Según el reporte, el procedimiento se realizó tras tareas de investigación que permitieron localizar una vivienda deshabitada y en estado de abandono. Al ingresar al lugar, los intervinientes encontraron varios paquetes que contenían una sustancia herbácea.

La prueba de Narcotest dio resultado positivo a supuesta marihuana. En total, fueron contabilizados 46 paquetes, con un peso de 702,9 kilogramos.

El procedimiento estuvo bajo la dirección del agente fiscal de turno de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. Todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desactivó totalmente los semáforos en la compañía Pedrozo de Ypacaraí, ubicado al pie del cerro Caacupé, tras el accidente que dejó seis fallecidos. Desde este viernes se cerró el cruce, se habilitó retornos y una pasarela con ascensor para el peatón.

Pasadas las 07:00 comenzaron los trabajos para inhabilitar totalmente el semáforo ubicado en el cruce Pedrozo, en Ypacaraí, Departamento Central.

Los trabajos comenzaron en el kilómetro 47,2 de la ruta PY02, por parte de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP) que además realizaron trabajos para reforzar la gestión del tránsito y los controles de seguridad, mientras avanzan las obras del paso a desnivel.

De acuerdo con un informe publicado por la entidad estatal, tras el cierre del cruce, los conductores ahora deberán utilizar los retornos habilitados.

Aquellas personas que circulen de la localidad de Hugua Hũ hacia Caacupé o Ciudad del Este deberán dirigirse al retorno del kilómetro 45,8.

El mismo retorno será utilizado por quienes circulen desde Caacupé hacia Pirayú o necesiten retornar.

Por otra parte, quienes salgan de Pirayú hacia Asunción deberán utilizar el retorno del kilómetro 48,6. Hasta ese mismo punto deberán dirigirse quienes circulen desde Asunción hacia Hugua Hũ o necesiten retornar.

“Se está ejecutando un ensanchamiento de la ruta existente, a ambos lados del cruce, que va a permitir insertar los carriles de desaceleración que pueda ser utilizado por la gente de Caacupé que quiera hacer el giro a Hugua Hũ. La gente que sale de Hugua Hũ que quiera ir a Asunción, se incorporará al carril de aceleración, toma velocidad y se incorpora a la ruta PY02. Ese mismo proceso se da del otro lado, de los que salen de Pedrozo con destino a Ciudad del Este”, explicó este viernes a NPY el ingeniero José Leguizamón, encargado de las obras.

Otra de las acciones tomadas por el MOPC es que la Patrulla Caminera esté trabajando en la zona de retornos y en ambos lados de la intersección, con cobertura en Hugua Hũ, Pedrozo y Kurusu Peregrino, para orientar a los conductores y acompañar el nuevo esquema de circulación.

De igual manera, estarán presentes los banderilleros del consorcio Rutas del Este, responsable de las obras en esa zona.

Está previsto también el refuerzo de la señalización para advertir sobre las obras, establecer límites de velocidad y ordenar que los vehículos pesados circulen por el carril derecho.

Los camioneros recibirán indicaciones sobre el uso del freno motor durante el descenso y la ubicación de la rampa de frenado de emergencia.

En el puesto montado en Kurusu Peregrino, los agentes de la Caminera deberán controlar de manera obligatoria a todos los camiones que bajen por el cerro. Asimismo, se realizará el pesaje de la carga que transporten mediante una báscula móvil.

La cartera estatal tomó estas medidas tras una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de un semáforo en pleno descenso empinado del cerro Caacupé, donde hace casi una semana se produjo un múltiple accidente que dejó seis fallecidos y varios heridos. Un camión que transportaba ladrillos aparentemente perdió los frenos y se llevó por delante cuatro rodados. Su conductor fue detenido y está imputado por homicidio culposo.

Marta Duré, pobladora de la zona de Pedrozo de la ciudad de Ypacaraí, del Departamento Central, confirmó que comenzó el retiro de los postes de semáforo ubicado en el cruce donde al pie del cerro Caacupé, donde se produjo un accidente que se cobró seis vidas el pasado sábado.

“Ayer (miércoles) por la tarde quitaron el semáforo que está con destino a Caacupé”, expresó la lugareña en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Los trabajos para la remoción de la estructura se dieron tras el anuncio que hizo la propia Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del retiro total para este viernes de la estructura, la cual fue muy cuestionada por su ubicación en pleno descenso empinado del cerro.

“Me reuní con los responsables de la concesionaria Rutas del Este y les di instrucciones claras sobre los pasos a seguir. El semáforo será retirado este viernes 21 de agosto y vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona”, escribió la ministra, a través de su cuenta en Facebook.

Centurión también anunció el cierre de los cruces y la presencia de la Patrulla Caminera para controlar el paso de vehículos en los retornos y sectores de Huguá Hu, Pedrozo y Kurusu Peregrino.

Los pobladores, según Marta Duré, están preocupados por la situación y esperan una solución definitiva en el tramo y no un “parche” para calmar la indignación ciudadana.

“La preocupación de la comunidad es cómo hacemos para cruzar de Huguá Hu a Pedrozo o de Pedrozo a Huguá Hu, ya que es una zona muy transitada. Son dos comunidades muy pobladas. De hecho, que ahora mismo contamos con la Caminera, pero ellos están por un tiempo y luego desaparecen”, añadió la pobladora.

El accidente de tránsito dejó seis fallecidos: los cuatro integrantes de una familia, Fátima Silva, Marcelo Ávalos y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron rescatados calcinados; la quinta víctima es María Concepción Domínguez Fernández, de 58 años, quien se encontraba como acompañante en el automóvil Renault Mégane II conducido por Virginio Sánchez Gotia, quien pasa a ser la sexta víctima fatal.

Por el hecho, la Fiscalía imputó por homicidio culposo al chofer del camión de ladrillos, Víctor Raúl Delacruz (48).

En su relato a la Policía, el conductor señaló un desperfecto en los frenos, del cual se percató después de la rampa de frenado ubicada en el kilómetro 48 como alternativa segura ante fallas mecánicas llevándose por delante a cuatro vehículos que esperaban en el semáforo del cruce Pedrozo.