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El intendente de Ayolas, Carlos Duarte, en contacto con radio Monumental 1800 AM este viernes, describió que los pobladores están enfrentando alturas históricas del río Paraná, que ya alcanzó los 6.30 metros, debido al fenómeno de El Niño.

Al respecto, recordó la inundación de 1983 que dejó bajo agua a la ciudad del Departamento de Misiones.

“Realmente estamos teniendo alturas históricas. El último reporte del día de ayer (jueves) llegó a 6.30 metros el nivel del agua. Tenemos más de 2.000 evacuados ya en la zona y hay una predicción que esto pueda crecer 30 centímetros más. Desde el ’83 que no tenemos está altura”, manifestó.

La situación ya suma más de 2.000 evacuados que se instalan en diferentes campamentos o alquilan otra vivienda en una zona más alta o se refugian en la casa de algún familiar. En los campamentos hay alrededor de 100 niños.

El jefe comunal manifestó que esta crecida afecta mucho a Ayolas, cuya principal actividad económica y sustento de las familias son la pesca y el turismo de playa.

“Hay un daño colateral y nos preocupa porque esto se va a extender. Se habla de que esto podría darse hasta el mes de febrero, marzo, del próximo año. Hasta ahora, los pronósticos se van cumpliendo. Es lo que más nos preocupa. Va a generar una recesión tremenda”, refirió.

Igualmente, destacó todo el trabajo que se viene realizando a través del Centro de Operaciones de Emergencia y en coordinación con todas las instituciones

Las proyecciones indican que el fenómeno de El Niño continuará durante lo que resta el 2026 manteniendo en alerta roja a los ayolenses.

Las calles en su mayoría ya están rebasadas por las aguas al igual que las viviendas.

Muchos voluntarios evacuan incesantemente a las familias y animales que también se ven muy afectados con toda la situación.

Enrique Riera, titular de Interior, afirmó que el presidente de la República, Santiago Peña autorizó avanzar con la adquisición de 15.000 armas. Según explicó ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), la propuesta busca reducir el costo que afrontan los uniformados por sus pistolas particulares.

El funcionario sostuvo que un arma de US$ 500 puede llegar a venderse a US$ 3.000 por las condiciones de financiamiento. Atribuyó esa diferencia a un negocio financiero que afecta a los agentes y por eso, ahora se plantea que la fuente sea el Banco Nacional de Fomento (BNF).

“No se puede lucrar con esto”, expresó en el curso la defensa del presupuesto para el Ministerio del Interior realizado ayer jueves ante la CBP.

Armas para policías: cuotas de US$ 10 mensuales
La operación prevista contempla la participación del BNF para financiar la compra y cobrar las cuotas. El ministro señaló que la instrucción presidencial fue ofrecer una tasa equivalente a la inflación más un punto.

El equipamiento anunciado incluye pistolas de nueve milímetros con dos cargadores. También comprende el cinto y la cartuchera. A esto se sumarían tres prácticas de tiro por año.

Según el titular de Interior, cada policía es responsable de su arma personal. Por ese motivo, el esquema plantea que los agentes paguen el equipo a través del banco. En este tramo de la exposición no se precisó el costo total de las 15.000 armas ni la fecha de entrega.

Ministro plantea US$ 10 millones para patrulleras y tecnología
El ministro calculó que US$ 4 millones adicionales permitirían comprar unas 100 patrulleras, a un precio aproximado de US$ 40.000 por unidad. También señaló la necesidad de US$ 3 millones para mejorar el sistema 911 y otros US$ 3 millones para la comunicación por radio. Los tres componentes suman US$ 10 millones.

Para las comisarías, mencionó US$ 13 millones disponibles frente a una necesidad de US$ 25 millones. Ante esa diferencia, explicó que la Comandancia de la Policía Nacional deberá decidir qué dependencias tendrán prioridad, según su ubicación y las zonas con mayor presencia de delitos. “Como tenemos trece no podemos salirnos de lo que dice el Ejecutivo y vamos a arreglar las más importantes”, manifestó.

Corredor bioceánico: inversión policial en el Chaco
El plan de seguridad también prevé obras en el Chaco, ante el movimiento de cargas que el ministro espera por el Corredor Bioceánico.

En la localidad de Mariscal Estigarribia anunció una inversión de US$ 1 millón para una dirección departamental de Policía. Afirmó que la Municipalidad ya donó el terreno y que allí se proyecta la estación policial más grande del país. Para la ciudad de Filadelfia mencionó otra inversión de aproximadamente US$ 600.000.

El planteamiento incluye controles con escáneres y apoyo de drones. También prevé un sistema 911 con mayor capacidad para la zona. El objetivo expuesto es proteger el tránsito de mercaderías y evitar que la inseguridad frene las actividades comerciales junto a la ruta. “Si nuestra área no es segura, nadie se va a quedar”, advirtió.

Tobilleras electrónicas: solo 51 en uso de 1.000 disponibles
Durante la audiencia, el ministro afirmó que existen 1.000 tobilleras electrónicas disponibles, pero que solo 51 estaban en uso al momento de su exposición. El máximo utilizado, según indicó, fue de 155 dispositivos. Atribuyó el bajo uso a la falta de órdenes judiciales y sostuvo que la institución está lista para colocarlos cuando un juez lo disponga.

También propuso el control de ciertas prisiones domiciliarias mediante teléfonos celulares. Según su explicación, el sistema podría combinar la ubicación del aparato con llamadas en horarios aleatorios y controles de identidad.

Para aplicar esa alternativa, planteó modificar la exigencia legal que, conforme a su relato, obliga a que el dispositivo esté adherido al cuerpo. Se trata de una propuesta expuesta ante los legisladores, sin una fecha concreta de aplicación.

Llamadas al 911 y distribución del trabajo policial
El ministro señaló que el sistema 911 recibe alrededor de 5.000 llamadas diarias. Según el reparto que presentó, el 40% corresponde a polución sonora y otro 40% a accidentes de tránsito. Ubicó el 20% restante en situaciones de peligro y afirmó que la violencia doméstica encabeza ese grupo.

Con esos datos, propuso que otras dependencias asuman una mayor parte de las intervenciones por ruidos molestos y hechos de tránsito. Su argumento fue que esas tareas ocupan a policías que podrían atender otras necesidades de seguridad.

La Justicia paraguaya condenó a Óscar Javier Riveros Portillo a tres años de pena privativa de libertad por el delito de crueldad animal con resultado de muerte. La víctima fue Mateo, un perro que sufrió graves agresiones que terminaron provocándole la muerte.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal acompañó activamente el procedimiento. El organismo se encargó del traslado del cuerpo de Mateo hasta la Universidad Nacional de Asunción, donde se realizó la necropsia. Las pericias resultaron fundamentales para determinar las lesiones sufridas y establecer el origen traumático de su muerte.

La sentencia fue dictada en aplicación de la Ley N.º 7513/2025 “De Protección y Bienestar Animal”. Representa un avance en la aplicación efectiva de la normativa y muestra el trabajo articulado entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional y otras instituciones involucradas.

Mateo no pudo sobrevivir a la violencia que sufrió, pero su caso deja un precedente para la protección de miles de animales. Con esta condena, la Justicia deja en claro que la crueldad animal no puede quedar impune.

Unas 650 familias se encuentran afectadas por la crecida de ríos y arroyos en Ciudad del Este, donde el río Paraná alcanzó los 120,99 metros sobre el nivel del mar y podría llegar a 121,39 metros. El intendente Pedro Acuña informó que los equipos municipales trabajan desde primeras horas en la evacuación y asistencia de los damnificados, en coordinación con otras instituciones.

Las zonas más críticas hasta el momento son los barrios Remancito, San Rafael, San Agustín y Lleras Reinas, especialmente las viviendas próximas al río Paraná y al lago Caraí, que han superado sus niveles habituales. La crecida también comienza a impactar otras áreas bajas de la ciudad, donde distintos cursos de agua se encuentran en aumento.

El municipio ha desplegado a su personal desde las 7 de la mañana y ha ajustado el funcionamiento de varias dependencias para priorizar la atención. Las tareas principales incluyen el retiro de pertenencias de las casas y el traslado de las personas a lugares seguros, además de la entrega de alimentos, merienda y ropa.

En el operativo participan equipos del Ministerio de Desarrollo, la Armada e Itaipú, por tratarse de una zona de influencia de esta última. El propio ministro de Desarrollo acompañó una de las reuniones de coordinación, mientras que Itaipú fue una de las primeras instituciones en sumarse, particularmente en San Rafael.

La ciudadanía colabora con víveres, ropa para niños y alimentos para mascotas. Sin embargo, algunas familias aún se resisten a abandonar sus hogares. Las autoridades continúan insistiendo en la evacuación preventiva mientras se monitorea la evolución del nivel del Paraná, según indicó el intendente Pedro Acuña.

Una mujer identificada como Teresita de Jesús Sánchez Báez de 27 años fue encontrada muerta esta madrugada en un terreno baldío del barrio Santa Librada de Villarrica, departamento de Guairá, donde además fue detenido Pablo Storm Chamorro de 20 años, como sospechoso del hecho.

Ambos serían consumidores de estupefacientes y anoche se encontraban supuestamente tomando bebidas alcohólicas, según la versión del detenido, quien además dijo que la mujer le insistió ir a retirar a su hija de la casa de su padre, pero este se negó y ante la insistencia reaccionó tomándola del cuello.

“Creí que se desmayó nomás y me fui del lugar, soy adicto al crack y la marihuana”, mencionó a los medios locales Pablo Storm.

El hallazgo del cuerpo de la mujer se produjo alrededor de las 02:30, luego de que un vecino alertara sobre una discusión entre una mujer y un hombre en una zona boscosa, a unos 20 metros de su vivienda.

En una primera verificación, los policías no encontraron a nadie. Sin embargo, minutos después, el mismo vecino volvió a llamar al Sistema 911 y contó que vio a un hombre salir corriendo del yuyal en dirección a la compañía Espinillo.

Al acercarse al sitio, encontró a la mujer tendida en el suelo, sin signos de vida y boca arriba.

Tras las averiguaciones y el análisis de imágenes de cámaras de circuito cerrado, agentes de la Comisaría 2ª Santa Librada y del Departamento de Investigaciones aprehendieron, a las 07:30, a un joven de 20 años, en una vivienda ubicada a unos 200 metros del lugar del hallazgo.

El sospechoso registra antecedentes por hurto agravado y tenencia de sustancias estupefacientes, ambos del año 2023, según el informe policial.

Personal de Criminalística y el médico forense fueron convocados para los procedimientos correspondientes. El caso fue comunicado al Ministerio Público y la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte.

En un operativo de inteligencia ejecutado en el kilómetro 3,5 de la Ruta PY02, a metros del Puente de la Amistad, agentes del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la SENAD interceptaron un tractocamión que intentaba cruzar al Brasil con 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. La carga está valuada en aproximadamente 3,9 millones de dólares en el mercado de destino.

El rodado, conducido por Leonice Esser Pereira, trasladaba formalmente un cargamento de arroz rumbo a São Paulo, según los documentos presentados. Sin embargo, durante el registro del vehículo, los intervinientes hallaron 235 paquetes empaquetados con cinta transparente y marcados con el logo de cigarrillos Marlboro, ocultos en un doble fondo en el techo de la cabina.

De acuerdo con estimaciones de mercado, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil. Durante la mañana de este miércoles, el camión será sometido a un escaneo integral para descartar la presencia de más paquetes ocultos en otras partes del chasis.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, además del apoyo de la Oficina Regional N.º 2 de la SENAD, la Área Naval de Ciudad del Este y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El juez de ejecución penal Carlos Mendoza otorgó prisión domiciliaria con tobillera electrónica por un plazo de 90 días al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, quien pasará a cumplir parte de su condena de 10 años de cárcel en su casa ubicada en la ciudad de Emboscada. La decisión se da debido a las condiciones de salud del condenado tras el accidente que sufrió en su celda en septiembre pasado.

González Alegre deberá guardar reclusión en su domicilio bajo estricto control del Trabajador Social y el Médico Forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio y remitir, antes del vencimiento del plazo fijado, informes actualizados al Juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver la continuidad, modificación o cese de la prisión domiciliaria.

En su argumentación, Mendoza refiere que hace lugar al pendido de la defensa debido a que el exnúmero 2 de la animación sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le dejó visibles secuelas físicas y neurológicas que afectan su autonomía personal. Los Médicos Forenses del Poder Judicial, del Ministerio Público y los Médicos ofrecidos por la Defensa, coincidieron en que el mismo no puede valerse por sí solo.

En su fallo, el juez Mendoza también estableció que el cuidado cotidiano del condenado en el domicilio fijado estará a cargo de su pareja y de los familiares que asuman expresamente esa función, debiendo dejarse constancia de su aceptación, identidad y teléfonos de contacto. Los mismos deberán asegurar la presencia y continuidad del personal profesional y de enfermería indicado, el suministro de medicamentos, la rehabilitación prescrita, la asistencia a controles autorizados y la comunicación inmediata al Juzgado de cualquier
incumplimiento o cambio relevante de su estado.

Ante una urgencia médica, el magistrado dispuso que estos activen inmediatamente la asistencia y el traslado al centro sanitario, dando aviso simultáneo o tan pronto sea posible al Juzgado y a la OMDEC, sin demorar la atención.

Según el cómputo realizado anteriormente por el juzgado, el exgobernador Hugo Javier González Alegre cumplirá la totalidad de su condena de 10 años de prisión el 6 de mayo de 2033 y podrá solicitar su libertad condicional el 6 de enero del 2030. El mismo fue sentenciado por el desvío de G. 5.105 millones de fondos COVID-19.

El exjefe departamental fue condenado por lesión de confianza en casos especialmente graves y por producción de documentos no auténticos, tras firmar y autorizar los desembolsos a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), dinero que finalmente fue a parar hasta el condenado Miguel Ángel Robles.

Durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia tuvo por probado que el ex número dos de la animación y los demás acusados realizaron un esquema para lograr los desembolsos irregulares, que supuestamente iban destinados a la construcción de obras que, en algunos casos, ya estaban construidas.

Para justificar dicha situación, se presentó una primera rendición de cuentas de dichos fondos utilizando facturas clonadas. Posteriormente, se presentó una segunda rendición de cuentas buscando «maquillar» la situación, que ya había sido expuesta por la Contraloría General.

El ministro de Defensa Nacional, coronel Arsenio Zárate, advirtió que el barrio San Rafael de Ciudad del Este se encuentra en zona roja debido a la crecida del río Paraná, que ya alcanzó la cota 116 y superó el nivel de seguridad establecido en 118 metros sobre el nivel del mar. La situación obligó a realizar una reunión de coordinación ayer con autoridades de ANDE, Salud y la Gobernación de Alto Paraná para organizar la asistencia a las familias afectadas.

Zárate explicó que muchas viviendas fueron construidas por debajo de la cota segura. “La gente se va, se ubica en los lugares donde no debería de estar, porque a partir de la cota 118 recién deberíamos de tener vivienda en ese lugar”, señaló. Agregó que en algunos sectores hay construcciones incluso en cota 55, por lo que “necesariamente con una riada, esa gente van a quedar inundados”.

El ministro indicó que San Rafael es la zona más crítica, pero también mencionó como lugares afectados los barrios San Agustín, Saltito, Fátima, 8 de Diciembre, 23 de Octubre y La Reina. En estos puntos se están realizando evacuaciones, que en varios sectores deben hacerse con embarcaciones.

“Nuestra gente más, la Fuerza Armada, gente de Itaipú y Nacional están trabajando a full, inclusive nosotros ayer a la tardecita enviamos una embarcación más para que pueda ayudar allá”, detalló Zárate. Las autoridades concentran los esfuerzos en el traslado de familias y en evitar mayores riesgos mientras el río se mantiene por encima de los niveles seguros.

A través de un comunicado, el Centro de Recepción de Visitas (CRV) informó que la medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y del personal. La reanudación de las actividades dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y será anunciada a través de los canales oficiales de la institución.

El paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó (Argentina) permanecerá cerrado, en principio, hasta el sábado 17 de octubre. Ante esta situación, se recomienda a las personas que tenían previsto utilizar el cruce que busquen rutas alternativas y consulten las condiciones antes de viajar.

Para consultas sobre las visitas turísticas, el CRV habilitó los números telefónicos (0987) 210-001 y (072) 222-276. La EBY comunicará oportunamente cualquier modificación en las fechas de reapertura.

Yacyretá abre las compuertas del vertedero
Por otra parte, la Entidad Binacional Yacyretá informó el lunes 12 de octubre de 2026 que procedió a la apertura de las compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos del aumento del caudal del río Paraná.

El ingeniero Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico de la de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), Margen Derecha, explicó que el caudal afluente ronda los 28.000 m³/s. De ese volumen, unos 19.000 m³/s corresponden a descargas de Itaipú y otros 9.000 m³/s provienen del río Iguazú, donde las lluvias superaron cinco veces los niveles pronosticados.

Según los datos proporcionados por la entidad, los caudales afluentes se encuentran un 40 % por encima del promedio habitual para esta época del año.

Agentes especiales de la SENAD interceptaron un tractocamión sobre la Ruta PY-09, en el barrio María Auxiliadora de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. El vehículo transportaba fertilizantes agrícolas procedentes de Santa Cruz, Bolivia. Durante la inspección, realizada con apoyo de canes detectores de drogas, se descubrió un doble fondo en una de las paredes metálicas del semirremolque.

En el compartimento oculto se hallaron 50 paquetes de cocaína, con un peso total de 52 kilos y 402 gramos. De ellos, 30 correspondían a pasta base y 20 a clorhidrato de cocaína. El cargamento tendría un valor aproximado de 350 mil dólares. El conductor, Pedro Nolberto Giménez Espinoza, paraguayo de 49 años, fue detenido en el procedimiento.

También fueron incautados el tractocamión Scania, el semirremolque, dos teléfonos celulares y documentos vinculados al transporte de la carga. La intervención contó con la participación del agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Filadelfia, abogado Rolando E. Román Trinidad.

Este es el segundo caso de características similares detectado por la SENAD en el lapso de una semana. En ambos, cargamentos de drogas procedentes de Bolivia fueron ocultados en vehículos que transportaban mercaderías lícitas. Los procedimientos apuntan a una posible modalidad de traslado sostenido de estupefacientes en volúmenes relativamente reducidos, mediante compartimentos acondicionados para evadir los controles. La SENAD continúa trabajando para detectar estas rutas y evitar que las sustancias lleguen a los circuitos de distribución y comercialización.