Enrique Riera, titular de Interior, afirmó que el presidente de la República, Santiago Peña autorizó avanzar con la adquisición de 15.000 armas. Según explicó ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), la propuesta busca reducir el costo que afrontan los uniformados por sus pistolas particulares.
El funcionario sostuvo que un arma de US$ 500 puede llegar a venderse a US$ 3.000 por las condiciones de financiamiento. Atribuyó esa diferencia a un negocio financiero que afecta a los agentes y por eso, ahora se plantea que la fuente sea el Banco Nacional de Fomento (BNF).
“No se puede lucrar con esto”, expresó en el curso la defensa del presupuesto para el Ministerio del Interior realizado ayer jueves ante la CBP.
Armas para policías: cuotas de US$ 10 mensuales
La operación prevista contempla la participación del BNF para financiar la compra y cobrar las cuotas. El ministro señaló que la instrucción presidencial fue ofrecer una tasa equivalente a la inflación más un punto.
El equipamiento anunciado incluye pistolas de nueve milímetros con dos cargadores. También comprende el cinto y la cartuchera. A esto se sumarían tres prácticas de tiro por año.
Según el titular de Interior, cada policía es responsable de su arma personal. Por ese motivo, el esquema plantea que los agentes paguen el equipo a través del banco. En este tramo de la exposición no se precisó el costo total de las 15.000 armas ni la fecha de entrega.
Ministro plantea US$ 10 millones para patrulleras y tecnología
El ministro calculó que US$ 4 millones adicionales permitirían comprar unas 100 patrulleras, a un precio aproximado de US$ 40.000 por unidad. También señaló la necesidad de US$ 3 millones para mejorar el sistema 911 y otros US$ 3 millones para la comunicación por radio. Los tres componentes suman US$ 10 millones.
Para las comisarías, mencionó US$ 13 millones disponibles frente a una necesidad de US$ 25 millones. Ante esa diferencia, explicó que la Comandancia de la Policía Nacional deberá decidir qué dependencias tendrán prioridad, según su ubicación y las zonas con mayor presencia de delitos. “Como tenemos trece no podemos salirnos de lo que dice el Ejecutivo y vamos a arreglar las más importantes”, manifestó.
Corredor bioceánico: inversión policial en el Chaco
El plan de seguridad también prevé obras en el Chaco, ante el movimiento de cargas que el ministro espera por el Corredor Bioceánico.
En la localidad de Mariscal Estigarribia anunció una inversión de US$ 1 millón para una dirección departamental de Policía. Afirmó que la Municipalidad ya donó el terreno y que allí se proyecta la estación policial más grande del país. Para la ciudad de Filadelfia mencionó otra inversión de aproximadamente US$ 600.000.
El planteamiento incluye controles con escáneres y apoyo de drones. También prevé un sistema 911 con mayor capacidad para la zona. El objetivo expuesto es proteger el tránsito de mercaderías y evitar que la inseguridad frene las actividades comerciales junto a la ruta. “Si nuestra área no es segura, nadie se va a quedar”, advirtió.
Tobilleras electrónicas: solo 51 en uso de 1.000 disponibles
Durante la audiencia, el ministro afirmó que existen 1.000 tobilleras electrónicas disponibles, pero que solo 51 estaban en uso al momento de su exposición. El máximo utilizado, según indicó, fue de 155 dispositivos. Atribuyó el bajo uso a la falta de órdenes judiciales y sostuvo que la institución está lista para colocarlos cuando un juez lo disponga.
También propuso el control de ciertas prisiones domiciliarias mediante teléfonos celulares. Según su explicación, el sistema podría combinar la ubicación del aparato con llamadas en horarios aleatorios y controles de identidad.
Para aplicar esa alternativa, planteó modificar la exigencia legal que, conforme a su relato, obliga a que el dispositivo esté adherido al cuerpo. Se trata de una propuesta expuesta ante los legisladores, sin una fecha concreta de aplicación.
Llamadas al 911 y distribución del trabajo policial
El ministro señaló que el sistema 911 recibe alrededor de 5.000 llamadas diarias. Según el reparto que presentó, el 40% corresponde a polución sonora y otro 40% a accidentes de tránsito. Ubicó el 20% restante en situaciones de peligro y afirmó que la violencia doméstica encabeza ese grupo.
Con esos datos, propuso que otras dependencias asuman una mayor parte de las intervenciones por ruidos molestos y hechos de tránsito. Su argumento fue que esas tareas ocupan a policías que podrían atender otras necesidades de seguridad.
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