Categoría: Nacionales

En junio pasado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había anunciado que 500 usuarios ejecutaron 130.000 acciones ilegales para avalar títulos falsos, dato que obtuvieron tras una auditoría parcial en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), en el marco del caso de los títulos falsos detectados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Básicamente, este medio millar de personas ingresó al sistema informático para validar títulos de forma totalmente irregular, en “horarios inusuales”.

No obstante, lo denunciado por el titular del MEC quedó bastante corto, considerando lo que descubrió la Contraloría General de la República (CGR) durante una auditoría en las direcciones de Certificación Documental, Escalafón, Matriculación, Informática y Registro de Títulos de la cartera. Los hallazgos constan en un primer informe preliminar, emitido este mes de setiembre y al que accedió ABC en exclusiva.

La observación N° 6 de este reporte de la CGR apunta hacia un riesgo de alteración no autorizada, pérdida de integridad y confiabilidad de los datos en el Sistema Informático de Educación Superior (SIES), debido a la actividad de cuentas de usuario en días no laborables.

“Para determinar esta situación, se cruzaron los registros de actividad del sistema con el calendario de días no laborables aplicable al período examinado. Como resultado, se identificaron 453.599 registros de actividad asociados a 352 cuentas de usuario”, indicaron los auditores de la Contraloría, según consta en el documento. La cifra albergada en el reporte oficial triplica ampliamente las 130.000 acciones que el Ministerio había denunciado originalmente en junio.

453.000 operaciones en el MEC: el sistema SIES operaba en feriados sin autorización
La gravedad del hallazgo de los auditores no radica únicamente en la abrumadora cantidad de registros fuera de hora, sino en la incapacidad institucional del MEC, con Luis Ramírez al frente, para dar respuestas. Ante el requerimiento del equipo fiscalizador de la CGR, las autoridades de la entidad educativa no pudieron presentar ni una sola autorización, orden de trabajo, resolución o justificativo documental que demostrara la necesidad y legitimidad de operar en el SIES durante días no laborables, según lo que consta en el documento.

El cruce de datos reveló que el movimiento consistió en un flujo constante durante sábados, domingos e inclusive en días feriados.

Del total de los 453.599 registros detectados en días inhábiles:

331.641 operaciones corresponden a usuarios internos del ministerio,
121.958 restantes fueron ejecutadas por cuentas externas, pertenecientes a gestores e instituciones de educación superior privadas.
220.000 movimientos se hicieron días sábado.
108.488 se hicieron los domingos.
124.353 operaciones se realizaron en días feriado.
A pesar de que el SIES está configurado para operar de forma continua las 24 horas, la Contraloría advirtió que mantener la plataforma abierta sin mecanismos de alerta, expuso al sistema a un riesgo crítico de “alteración no autorizada, pérdida de integridad y pérdida de confiabilidad de los datos” con los que se legalizan los títulos universitarios en el país.

Todos estos movimientos irregulares se realizaron durante el período de gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, del 2023 al 2026, acorde con lo auditado por la CGR. “La situación señalada limita la capacidad del MEC para comprobar, de manera oportuna y trazable, que las actividades registradas en el SIES durante días no laborables respondan a funciones, necesidades o trámites institucionales legítimos y debidamente autorizados”, dice el informe.

La respuesta del MEC tras la auditoría: alegan sistema “24/7” para justificar accesos en feriados
Ante el contundente hallazgo de la Contraloría, en su descargo el MEC afirmó que el sistema informático “es una plataforma web disponible 24/7, sin restricciones de días u horarios. Por ende, los logs de auditoria constituyen la única evidencia técnica del uso del sistema por parte de los usuarios habilitados”.

Luego, aseguran que delimitar o fundamentar las razones del trabajo realizado fuera del horario habitual “excede las facultades” de esta dependencia técnica, correspondiendo dicha justificación a las unidades operativas a las que pertenece cada usuario.

La respuesta de los auditores es la siguiente: “Si bien el MEC informó que el sistema informático es una plataforma disponible 24/7 y que la justificación de las actividades corresponde a las unidades operativas a las que pertenece cada usuario, la respuesta remitida no incluyó las autorizaciones, justificaciones ni evidencias solicitadas”.

En consecuencia, no fue posible verificar si los registros identificados respondieron a actividades institucionales legítimas y debidamente autorizadas, remarcan.

Escándalo de títulos falsos: las otras fallas del MEC que acorralan al ministro Luis Ramírez
La fiscalización de la Contraloría en el MEC y su informe preliminar surgen en el marco de las pesquisas de la Comisión Especial del Senado que investiga los títulos falsos, un órgano creado tras la indignación pública por el escándalo del exsenador Hernán Rivas, condenado por utilizar un título falsificado de abogado.

Las operaciones fuera de hora en feriados y fines de semana representan además un sistema golpeado por severas fallas de seguridad, tales como:

Cédulas de fallecidos e identidad de extranjeros: El cruzamiento de datos de la CGR con el Registro Civil e Identificaciones reveló 7.373 registros con discrepancias, detectando el uso de números de cédula de ciudadanos paraguayos e incluso de personas fallecidas para validar carpetas de estudiantes extranjeros en carreras como Medicina.

Claves activas por casi 5 años: Se descubrieron credenciales de acceso pertenecientes a exfuncionarios del ministerio que continuaron activas en el sistema informático hasta por 4 años y 8 meses tras haber sido desvinculados, abriendo la puerta a alteraciones sin trazabilidad.

Títulos de Medicina sin prácticas acreditadas: La CGR constató que el MEC llegó a validar registros e inscribir diplomas en el área de Salud, cuyas constancias de prácticas hospitalarias carecían de las firmas y validaciones formales requeridas.
Los descubrimientos de la CGR crearon una especie de tormenta al interior del MEC.

Durante una reunión entre Luis Ramírez y directores departamentales de Educación, el titular de la cartera se mostró “furioso” ante la falta de resultados y todos estos datos revelados en el informe.

El organismo ambiental, junto a la Prefectura Naval y la Entidad Binacional Yacyretá, monitorea el desplazamiento de cardúmenes que remontan el río.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible (MADES) desplegaron un operativo especial junto a la Prefectura Naval Paraguaya para proteger la migración de cardúmenes de dorados y bogas que remontan el río Paraná.

El MADES, mediante la Resolución N° 430, estableció medidas temporales de protección ante la concentración extraordinaria y la vulnerabilidad de estos cardúmenes migratorios. La medida se aplica con el apoyo de la Prefectura Naval Paraguaya y la EBY.

El movimiento de dorados y bogas hacia aguas arriba forma parte de su ciclo biológico y reproductivo, aunque también puede responder a la disponibilidad de alimento y a las condiciones hidrológicas del río.

Mario Martínez, de la Oficina Regional de Pesca y Acuicultura de Ayolas, del MADES, explicó que mantienen comunicación permanente con las autoridades argentinas, debido a que el desplazamiento se encuentra actualmente en jurisdicción del país vecino, a la espera de que los cardúmenes ingresen a aguas paraguayas.

Según indicó, los equipos del MADES realizan monitoreo y seguimiento del desplazamiento de los cardúmenes para evitar prácticas que puedan ponerlos en riesgo.

Los controles incluyen la verificación de licencias, registros, artes de pesca y el cumplimiento de las tallas mínimas establecidas por la Ley N° 3.556/08, tanto a pescadores comerciales como deportivos, con el apoyo de la Prefectura Naval Paraguaya.

La protección, según establece la Resolución N° 430, se desplaza junto con el cardumen mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la medida.

La fiscala Norma Salinas informó que la hipótesis de feminicidio es lo que más cobra fuerza a esta altura de las pesquisas sobre el ataque a balazos a dos mujeres, una de ellas fallecida, que luego fueron abandonadas en cementerio en Eusebio Ayala, Cordillera. No descartó que los involucrados estén ligados al narcotráfico.

El feminicidio es la figura penal investigada tras el ataque a balazos del que fueron víctimas Rebeca Martínez Aricaye (28) y Carolina Aguilar (32) ocurrido tras salir de una jineteada en Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, según confirmó la fiscala Norma Salinas este martes.

Rebeca Martínez Aricaye falleció tras recibir tres disparos de arma de fuego y heridas de cuchillo, mientras que Carolina Aguilar lucha por su vida después de recibir un balazo en el mentón.

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, la agente encargada del caso por parte del Ministerio Público señaló que las primeras pesquisas revelaron que había una relación entre la víctima fatal con los presuntos agresores, que ya fueron identificados a raíz de una transmisión del evento, videos de circuitos cerrados y la grabación desde un teléfono celular durante una gresca.

“Ella estaba bastante cariñosa con la persona con la persona que estaba bailando, entonces creemos que efectivamente el feminicidio es el tipo penal”, explicó la fiscala sobre la persona que hacía compañía a la víctima fatal durante la jineteada.

En las imágenes de una transmisión del evento al que acudieron se puede ver a las dos mujeres bailando, cada una con un hombre, antes de producirse una gresca. Tras la pelea, momento que fue grabado desde un teléfono celular, ambas se retiraron de la fiesta a bordo de una motocicleta.

Luego, en otra secuencia de imágenes de circuito cerrado se ve a una camioneta lujosa, parecida a la marca Toyota, tipo Fortuner, de color blanco o perla, que persigue a las jóvenes que se desplazaban en una moto y le cierra el paso intencionalmente. Tras el roce, las mujeres cayeron a una cuneta y fueron subidas a la fuerza al vehículo de mayor porte.

Se presume que en el interior del vehículo, Rebeca Martínez Aricaye recibió los tres impactos de bala a quemarropa —teniendo en cuenta el tatuaje que dejó en su piel el rastro de la bala— que acabó con su vida.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron posteriormente arrojados en el cementerio de Eusebio Ayala, donde fueron encontradas en la mañana del lunes. Pero por la cantidad de sangre, se presume que los disparos se registraron en otro lugar.

La fiscala Norma Salinas maneja la información de que los involucrados tendrían vinculos con el narcotráfico y debido a esto se podría dificultar el trabajo investigativo.

“Nos dicen que los involucrados están en ‘la pesada’ y por eso es el temor de no querer colaborar, sabiendo que ellos están involucrados en ese ámbito delictivo, pero es solo suposición de tantas que tenemos”, aclaró.

La SENAD, con apoyo del CODI-FTC Sur y en coordinación con el fiscal César Martínez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Caazapá, culminó la Operación Caazapá II tras cinco días de intervención en zonas rurales de Tavaí y Abaí. El operativo desmanteló 12 centros de producción y acopio y erradicó 79 hectáreas de cultivos de marihuana en Tava Porã (Cenote), Santa Ana, Apepú, San Francisco, San Jorge y Emilianore.

En el interior de los campamentos se hallaron 3.975 kilos de marihuana lista para su comercialización, que posteriormente fueron destruidos. Las autoridades estiman que, al sumar ese volumen con el potencial productivo de las 79 hectáreas erradicadas, la operación permitió sacar de circulación unas 240,9 toneladas de cannabis.

Ese resultado representaría un perjuicio económico superior a USD 36 millones para las estructuras del narcotráfico, según el precio promedio de comercialización de la marihuana en el mercado argentino. Más allá de la cifra, el operativo busca cortar una cadena de producción que se instala en zonas apartadas y dificulta el control estatal.

La intervención también apunta a desalentar la expansión de centros clandestinos hacia bosques y áreas naturales, donde las organizaciones criminales abren grandes extensiones de monte para sembrar cultivos ilícitos. Las 79 hectáreas recuperadas equivalen a unas 110 canchas de fútbol y muestran la escala del daño territorial asociado a esta actividad.

Con Caazapá II, las autoridades refuerzan la presión sobre la producción ilegal en el sur del país. El desafío ahora es sostener la presencia en esas zonas para impedir que los campamentos desmantelados vuelvan a instalarse en el monte.

Hoy finalmente tiene sanción automática y pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto, el proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles (celulares) en escuelas y colegios públicos y privados de todo el país. Salvo que haya veto parcial del Ejecutivo, las restricciones de uso incluyen a docentes y otros personales de las instituciones educativas, aunque se establece “excepciones pedagógicas y didácticas”.

A consecuencia de la última raboneada en la Cámara de Diputados del martes pasado, el proyecto de ley que “prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas, en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media” tiene sanción automática hoy en su versión del Senado.

Entre los puntos más relevantes de la Ley, que no están en controversia, es que la prohibición afecta tanto a escolares como a colegiantes de instituciones públicas y privadas, sin distinción.

Esto quiere decir, matriculados en educación inicial, que va desde tres a seis años de edad (jardín, preescolar y otros) hasta los del 3° de la educación media. Es decir, ya no afecta a universitarios.

Otro punto relevante es que la prohibición no solo se circunscribe al aula, esto es así porque la ley establece taxativamente que la prohibición también regirá “durante las clases, los recreos o descansos entre clases, salvo los casos y en la forma expresamente previstos en la presente ley”.

Este mismo artículo, 4.° “Prohibición de uso”, es el que genera controversia, ya que en su segundo párrafo establece que “esta prohibición también se aplica a las personas que acompañan y forman parte de procesos educativos de los alumnos, de acuerdo a los roles que desempeñan en instituciones afectadas por la presente ley”, es decir, docentes, coordinadores, directores y otros.

Este punto pretendía ser rechazado por Diputados, pero por la irresponsabilidad de una mayoría que rompió el quórum, quedó vigente y obliga a forzar también la facultad de veto del Ejecutivo.

No es habitual -pero tampoco está prohibido- que el Ejecutivo vete solo un párrafo de un artículo, pero en este caso, si veta el artículo 4° en pleno, también estaría inutilizando la iniciativa, al quitar la prohibición para los alumnos.

Las excepciones que plantea el proyecto
Aunque un poco controvertida, la ley también establece excepciones que pueden considerarse ambiguas y amplias, dejando mucha discrecionalidad para evadir la prohibición, según cada institución.

Primeramente, se plantean excepciones obvias, como ser en el “marco de situaciones de estado de peligro, estado de necesidad o fuerza mayor, cuando existan necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o por condiciones de salud acreditadas”.

Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de uso con fines pedagógicos o didácticos “bajo orientación directa de los profesionales de la educación”, es decir, exclusivamente para alguna tarea específica en el aula.

Las sanciones previstas según la iniciativa
Si bien el órgano de aplicación es el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al que la ley autoriza y obliga a “realizar auditorías, fiscalizaciones e inspecciones en instituciones educativas, de oficio o a solicitud de parte interesada” para revisar el cumplimiento de la Ley, también se compromete a los demás eslabones de la comunidad educativa, so pena de castigos en caso de inobservancia de la ley.

En tal sentido, el artículo 13 establece que “las instituciones educativas serán responsables de implementar todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la presente ley”, y por ende, en caso de incumplimiento, serán blanco de los castigos.

Ante ello, se agrega que se “considera falta toda acción u omisión que implique incumplimiento” y, en el caso de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se estipulan los castigos respectivos.

En el caso de educadores de instituciones públicas y subvencionadas, se rigen por el Estatuto del Educador, que define como “falta de segundo grado” el “Incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad”, como sería en este caso.

Esto se castiga con suspensión sin goce de sueldo hasta por ciento ochenta días; Separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior, si lo hubiese; y, destitución, según el caso que corresponda.

En el caso de las instituciones educativas privadas, existen dos niveles, faltas leves y graves. Las graves son:

El incumplimiento del apercibimiento o emplazamiento que realice la misma autoridad de aplicación para la adecuación al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la presente ley.

La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un período de dos años.

Finalmente, en cuanto a las sanciones a las instituciones educativas, se les imponen dos posibles castigos en caso de incumplimiento, empezando por un apercibimiento, que indica el plazo para la adopción de medidas de adecuación hasta incluso multas de hasta cincuenta jornales mínimos (G. 5.853.850, según el jornal actual).

La prohibición empezará a regir desde el momento de la promulgación de la Ley, es decir, dependerá de la decisión que tome el Ejecutivo. Si veta parcialmente, el proyecto deberá retornar al Congreso, donde ambas cámaras pueden por ejemplo optar por aceptar el veto parcial y promulgar la parte no objetada.

 

El pedido fue planteado antes del análisis de la iniciativa, que contempla elevar de G. 2.900.000 a G. 3.480.000 la remuneración mensual de los trabajadores alcanzados por el proyecto presentado por el senador José Oviedo (Yo Creo). La propuesta fue presentada el 6 de agosto y apunta a beneficiar a hasta 2.800 agentes contratados bajo el Objeto del Gasto 144 “Jornales”.

Fretes pidió contar con un plazo adicional de 15 días antes de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto emita su dictamen sobre la ampliación presupuestaria.

El presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, consideró pertinente el pedido del ministro, teniendo en cuenta el breve espacio de tiempo en el que se está manejando el proyecto.

La postergación permitiría al Ministerio de Salud contar con más tiempo para analizar el impacto de la iniciativa y los recursos necesarios para financiar el reajuste salarial.

¿Cuánto subiría el salario de los agentes comunitarios?
El proyecto de José Oviedo plantea un aumento del 20% para los Agentes Comunitarios de Salud que cumplan los requisitos establecidos.

Actualmente perciben G. 2.900.000 mensuales. Con el reajuste, pasarían a cobrar G. 3.480.000, lo que representa un incremento de G. 580.000 por mes.

El beneficio alcanzaría exclusivamente a quienes trabajen como agentes comunitarios en una USF dependiente del Ministerio de Salud, estén incluidos en el Objeto del Gasto 144 y perciban actualmente G. 2.900.000.

La iniciativa contempla una ampliación presupuestaria de G. 7.037.333.333 para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Según los fundamentos del proyecto, el reajuste alcanzaría a aproximadamente 2.800 trabajadores que cumplen funciones dentro de las Unidades de Salud de la Familia.

El texto establece además que los recursos destinados al aumento tendrán carácter específico, restrictivo e intransferible y no podrán ser utilizados para otros rubros, nuevas contrataciones o beneficiarios diferentes a los establecidos.

El proyecto queda a la espera del nuevo análisis
Con el pedido de Fretes, la Comisión de Hacienda y Presupuesto deberá analizar la solicitud de postergación antes de avanzar con el dictamen.

El proyecto deberá posteriormente ser tratado por el pleno del Senado. La propuesta busca mejorar la remuneración de los agentes comunitarios que cumplen tareas de prevención, promoción de la salud, visitas domiciliarias, orientación y derivación de pacientes dentro de la Atención Primaria de la Salud.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), consideró pertinente el pedido teniendo en cuenta el “breve espacio en el que se maneja”, en alusión a su nueva función como ministro de Salud.

En la víspera con concluyó la primera jornada de erradicación de cultivos ilícitos de marihuana en la Reserva Nacional de Caazapá, distrito de Tava’i, departamento de Caazapá, operación interinstitucional que fue ejecutada mediante el empleo coordinado de personal y medios del CODI–FTC Sur, BIMI, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, bajo la dirección del agente fiscal César Martínez Chamorro.

Según el vocero del CODI, mayor Pablo Solis, el resultado de la primera etapa fueron 9 parcelas de cultivos ilícitos destruidas; 28 hectáreas de plantaciones de marihuana erradicadas; 2 campamentos destruidos.

Además fueron halladas 122 bolsas de marihuana picada, equivalentes a 3.050 kilogramos, que posteriormente fueron destruidas y 15 kilogramos de semillas de marihuana destruidos.

En conjunto, se neutralizaron más de 3 toneladas de la droga, impidiendo que llegaran principalmente al mercado brasileño y 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗲́𝗿𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝗨𝗦𝗗 𝟭𝟯.000.000 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀.

Los fiscales Leonardi Guerrero y Julio Ortiz formularon imputación en contra de cuatro directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), entre ellos, el presidente de la entidad, por un presunto hecho punible de lesión de confianza. El hecho habría dejado un perjuicio patrimonial de 1990 millones de guaraníes.

Según la carpeta de investigación, el daño económico estaría relacionado con la utilización de recursos institucionales para financiar el Programa JOPOI 2025. La imputación alcanza David Herminio Portillo Biancotti quien se desempeña como presidente de la entidad, seguido por el director general Humberto Victorio Rodas Orué, Juan José María Vidal Bonin quien cumple el rol de director administrativo y financiero; y el tesorero de APA Walter Mario Cabrera Martínez conocido como “Walter Flou”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los directivos imputados habrían intervenido en la disposición y utilización de recursos institucionales destinados al financiamiento del Programa JOPOI 2025, incluyendo la utilización de G. 696.794.530, correspondientes a intereses de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), sin contar con autorización previa y específica.

Asimismo, se investiga la presunta simulación de contrataciones para la adquisición de productos a valores superiores a los reales, mediante la utilización de proveedores que no habrían participado en las operaciones. Según los elementos reunidos, los pagos se habrían efectuado en efectivo a una tercera persona.

Entre los elementos considerados en la investigación se encuentran informes de fiscalización y auditoría de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), declaraciones testimoniales recabadas durante la investigación. Así como información proporcionada por la DINAPI, según la cual los propietarios de la denominada “Despensa Gabrielito” habrían negado haber contratado con APA o suministrado los bienes consignados en las facturas presentadas.

Además de análisis cronológicos que señalaron que algunas contrataciones y facturaciones se realizaron antes de la autorización formal para la utilización de los intereses de CDA. Como también antecedentes relacionados con el mantenimiento de fondos irrepartibles por períodos que excedían el plazo legal, en presunta contravención de la Ley n.º 1328/1998.

En consecuencia, la Fiscalía solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión y un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron ante el Tribunal de Sentencia la conclusión de lo que consideran que fue probado en juicio en contra del ex senador Hernán David Rivas. Hablaron y reafirmaron que él no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, una matrícula, asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, trabajos finales de grado, hay egresos, inclusive fotos de ese egreso y nada de eso tuvimos aquí”, resaltó la fiscala Patricia Sánchez.

Durante los alegatos finales, ella hizo una cronología de cómo había presentado Rivas su título para ser representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en dos ocasiones.

Primero, cuando era diputado, “dejó constancia falsa de su calidad de abogado mediante una resolución del 3 de junio del 2020”, dijo Sánchez. Este era un requisito constitucional exigido para poder ser elegido representante de la Cámara Baja ante el JEM.

Luego, con ese título y el certificado de estudios, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a solicitar la matrícula de abogado que se le fue expedido el 7 de julio del 2021.

Ese mismo día también juró ante la entonces ministra Gladys Bareiro de Módica y a partir de allí, aparece como auxiliar de Justicia.

Posteriormente, “ya siendo senador, la Cámara de Senadores volvió a documentar esa misma calidad de abogado cuando le volvió a designar como representante el JEM el 6 de julio del 2023”, explicó la fiscala.

Incongruencias complican a Hernán Rivas
¿La conclusión? “La trayectoria universitaria consignada en estos documentos académicos certificado de estudios y título del acusado carecen de correspondencia, de una historia académica real, coherente y verificada” detalló ante el Tribunal.

Para la Fiscalía, los documentos que usó son falsos y quedó probado en juicio su vida académica, ya que fueron interrogados, supuestos ex compañeros, directivos de la Universidad, así como representante del Ministerio de Educación y hay varias versiones contradictorias.

“Los documentos públicos –fuera de toda duda– dejaron constancia oficial de una condición profesional inexistente de Rivas”, dijeron los fiscales.

“Una carrera cursada en Luque debe corresponder a una carrera que efectivamente se cursó en la ciudad de Luque. Una carrera cursada en Ciudad del este debe poseer registros correspondientes y una formación celebrada en Pedro Juan Caballero debe encontrar respaldos en esa sede”, cuestionó Patricia Sánchez.

Cuestionó que la tesis de Rivas tenía dos títulos, y que hay inconsistencias en las mismas documentaciones de la Universidad.

Finalmente, fue citando a cada testigo que se presume que habrían mentido durante el juicio oral y público y pidió al Tribunal de Sentencia que remita sus antecedentes a la Fiscalía por testimonio falso.

El juicio continúa a la vista de los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo.

El senador de la oposición Rafael Filizzola señaló que detrás del programa Hambre Cero existen denuncias de graves hechos de corrupción que hacen que los alimentos no lleguen como debe a las escuelas, además de contrataciones que superan los niveles conocidos de sobrefacturaciones.

El senador también puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las gobernaciones, en su mayoría administradas por colorados. En ese sentido, cuestionó que el departamento con mayor cantidad de habitantes, Central, haya quedado fuera de este esquema debido a que cuenta con un gobernador opositor y que, en ese caso, la administración de los recursos esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“Hay que señalar acá que, a través de Hambre Cero, las gobernaciones manejan billones de guaraníes en recursos públicos”, afirmó. Según datos del Ministerio de Economía citados por el legislador, entre 2025 y lo que va de 2026 las gobernaciones recibieron G. 1,129 billones.

Filizzola también sostuvo que esta millonaria inversión no se traduce en la garantía de un derecho fundamental para la niñez, que es una alimentación digna, completa y de calidad. Mencionó las denuncias sobre raciones incompletas, falta de utensilios e irregularidades como el hallazgo de trozos de vidrio en los platos servidos a escolares en Alto Paraná.

El senador apuntó además contra la falta de sanciones ante las irregularidades denunciadas. “El problema de fondo sigue siendo el nivel intolerable de impunidad”, manifestó.

En ese sentido, señaló que la propia Contraloría General de la República confirmó graves incumplimientos por parte de empresas proveedoras, además de deficiencias de infraestructura y logística en las gobernaciones.

“¿Y dónde están las sanciones? ¿Dónde están las denuncias contra los responsables, sean empresas contratistas o funcionarios públicos? ¿Acaso hay un solo imputado?”, cuestionó.

Filizzola también critcó que, pese a las denuncias, el Gobierno pretenda comprometer USD 191 millones adicionales para extender el programa hasta 2030. Sostuvo que, antes de aumentar los recursos destinados al programa, el Ejecutivo debe garantizar que cada guaraní invertido se convierta efectivamente en comida de calidad para los estudiantes.

“Y por favor, que Peña deje de utilizar la alimentación de niños y niñas como herramienta de propaganda política con mentiras”, expresó. Agregó que el presidente, en julio, “le mintió al Congreso y al pueblo porque en su último informe de gestión afirmó que Hambre Cero alimentaba a 1.500.000 estudiantes en más de 7.000 escuelas, para que poco después los propios medios oficiales rectificaran la cifra real a 1.076.677 alumnos”.

“Hambre Cero no puede ser propaganda política ni un negocio para proveedores y gobernadores. No pueden convertir el derecho a la alimentación de la niñez en un botín ni jugar con el hambre”, remarcó.