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La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) ejecutó una ofensiva contra el narcotráfico en el departamento de Amambay, con cinco procedimientos en Capitán Bado y Karapa’i. En allanamientos simultáneos en la Colonia Aguará Veve fueron detenidas cuatro personas y se destruyeron 3.260 kilos de marihuana, además de 6,5 kilos de semillas. La operación apunta a desarticular puntos de producción, procesamiento y traslado de droga en la zona fronteriza.

Los detenidos son Jorge René Barúa Miñarro, Héctor Sanabria, Javier Galeano y Bernardo Jara. Según el valor de mercado en Brasil, la carga intervenida representa una pérdida estimada de 490 mil dólares para las organizaciones criminales. También se sacaron de circulación seis vehículos —automóviles, camionetas y motocicletas—, cuatro armas de fuego y más de un centenar de proyectiles.

En uno de los inmuebles se halló infraestructura para elaborar concentrados de cannabis tipo ICE: un laboratorio, equipamiento industrial, congeladores, una refinadora, balanzas y garrafas de gas butano. En un operativo complementario en Karapa’i, agentes interceptaron un camión furgón con 342,5 kilos de marihuana picada y una zaranda industrial. Los procedimientos fueron realizados por el Departamento Regional N.º 1 de Pedro Juan Caballero, con intervención del Ministerio Público a cargo de la fiscal Rossana Coronel.

La SENAD reiteró que estas acciones buscan cortar la logística del narcotráfico en Amambay y reducir la capacidad de las bandas para producir y mover droga hacia el mercado regional.

La UIP conmemoró anoche sus 90 años con una mirada puesta en la próxima etapa del sector, que apunta a fortalecer la competitividad y generar mayor valor agregado. Su presidente, Enrique Duarte, destacó las fortalezas del país, pero también señaló los desafíos que todavía deben superar.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) adelantó el miércoles las celebraciones (que es el 20 de septiembre) por sus 90 años con un encuentro que puso el foco no solo en la trayectoria de la institución, sino también en los desafíos que enfrenta la industria paraguaya para avanzar hacia una mayor competitividad y desarrollo tecnológico.

Duarte destacó el papel de la industria en el desarrollo del Paraguay y puso en perspectiva, tanto los avances alcanzados como las condiciones que el país necesita para fortalecer su capacidad productiva.

“La UIP nació con una misión esencialmente gremial, pero las transformaciones del sector secundario y del país fueron ampliando sus responsabilidades”, precisó.

En esa línea citó el desarrollo de capacidades especializadas, la generación de información económica, el acompañamiento a las mipymes, la búsqueda de mercados, la innovación, la eficiencia energética y la economía circular, entre otros ámbitos de trabajo.

Las fortalezas y los desafíos de la industria
El industrial resaltó que Paraguay cuenta con fortalezas como la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía, una base productiva diversificada y una población joven.

Sin embargo, también señaló desafíos vinculados con la educación, la salud, la infraestructura y la institucionalidad, aspectos que inciden en las condiciones para desarrollar una mayor capacidad productiva.

En este escenario, planteó a la industria como una oportunidad para transformar esas ventajas en nuevas capacidades productivas.

“En el escenario actual, la industria representa una clara oportunidad para transformar nuestras ventajas en nuevas capacidades productivas, atraer inversiones, agregar valor a la producción primaria y ampliar las oportunidades para el empleo”, mencionó.

El desafío de la industrialización
Desde hace tiempo, el sector industrial apunta a que Paraguay avance hacia una mayor industrialización. En este sentido, Duarte sostuvo que la siguiente etapa plantea un desafío que va más allá de aumentar la industrialización y apunta a generar empresas con mayor capacidad competitiva y tecnológica.

“No nos preguntamos ¿cómo industrializar?, sino ¿cómo generar industrias competitivas y tecnológicamente avanzadas?”, acotó.

90 años de evolución
La celebración también puso en perspectiva la evolución de la UIP a lo largo de sus 90 años. Duarte recordó que la institución amplió su campo de acción conforme fueron cambiando las necesidades del sector industrial y de la economía paraguaya.

Actualmente, además de la representación gremial, la UIP trabaja en áreas como generación de información económica, acompañamiento a mipymes, búsqueda de mercados, innovación, eficiencia energética y economía circular.

Presencia de autoridades
El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; del ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme; además de representantes del sector empresarial y referentes vinculados a la industria paraguaya.

El fenómeno El Niño ya está plenamente establecido en la región y atraviesa una etapa de fortalecimiento, con un escenario que requiere mayor planificación y seguimiento por parte del sector productivo. Según lo explicado por el especialista Blas Alviso, los modelos anticipan una intensificación desde octubre, con su máxima expresión hacia diciembre y efectos que podrían extenderse hasta marzo de 2027.

Alviso señaló que, de acuerdo con el último reporte citado de la NOAA, existe un 83% de probabilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno persistan hasta marzo. “La instancia máxima del fenómeno El Niño se daría en diciembre, o sea que los efectos máximos nosotros sufriríamos en el mes de diciembre”, explicó, al remarcar que octubre marcaría el inicio de una etapa de mayor intensidad.

Para lo que resta de septiembre se prevé un comportamiento irregular de las precipitaciones, con lluvias que podrían registrarse cada siete a diez días y con mayores volúmenes en determinadas zonas. Desde octubre, el régimen tendería a generalizarse en gran parte de la Región Oriental, aunque con diferencias geográficas importantes. “Las lluvias no van a ser consecutivas; van a tener esas treguas. Cada cinco o siete días van a producirse grandes volúmenes de lluvia y en poco tiempo mucha lluvia”, advirtió.

Este escenario representa una oportunidad y, al mismo tiempo, un riesgo para la producción. Las primeras lluvias pueden favorecer la humedad necesaria para el establecimiento de cultivos como soja y maíz, pero el exceso de precipitaciones puede dificultar las aplicaciones fitosanitarias, favorecer la aparición de plagas y enfermedades y complicar las labores de cosecha. Por ello, el especialista insistió en que las decisiones deberán ajustarse al pronóstico y al desarrollo fenológico de cada cultivo.

El sector arrocero también deberá prestar especial atención a la infraestructura de riego y drenaje, además de monitorear la evolución de los ríos Paraguay y Paraná. Una eventual coincidencia entre crecidas, lluvias intensas y períodos de cosecha podría dificultar el desalojo del agua de los arrozales. En frutihorticultura, en tanto, recomendó calendarizar las siembras y escalonar la producción cuando las condiciones lo permitan, para evitar concentrar grandes volúmenes en períodos de mayor riesgo.

Ante este escenario, Alviso remarcó que la información climática debe utilizarse como una herramienta para anticiparse y no como motivo de alarma. “La información agroclimática y climática en general no debe ser un motivo de alarma, debe ser un motivo de toma de decisiones”, sostuvo. También recomendó recurrir a fuentes oficiales, especialmente a la Dirección de Meteorología e Hidrología, y realizar un seguimiento permanente de los pronósticos semanales, considerando que estos representan probabilidades y pueden actualizarse.

Finalmente, destacó que el acompañamiento técnico será fundamental durante los próximos meses. Meteorólogos, agrónomos, veterinarios y especialistas de las distintas cadenas productivas deberán trabajar de manera coordinada para anticipar riesgos y orientar decisiones. En síntesis, El Niño no determina por sí solo un escenario de pérdidas, pero sí eleva la necesidad de monitoreo, planificación y respuestas oportunas frente a lluvias que podrían ser más intensas y variables.

El Tribunal de Sentencia condenó a B. S. a ocho años de privación de libertad tras hallarlo responsable del asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo. La sentencia fue comunicada este jueves 10 de septiembre, durante una audiencia reservada.

El joven, quien actualmente tiene 18 años, fue juzgado bajo el régimen penal adolescente, debido a que tenía 17 años al momento del crimen. Por esta razón, los ocho años corresponden a la máxima pena que podía recibir por un hecho calificado como crimen.

El Tribunal, presidido por Raúl Marecos, hizo lugar al pedido de los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía, quienes durante sus alegatos finales solicitaron la aplicación de la pena máxima. La Fiscalía presentó conversaciones, imágenes de circuito cerrado, testimonios, pericias laboratoriales y hallazgos médicos como elementos de prueba.

B. S. permanece recluido desde el 31 de mayo de 2025 en el Centro Educativo El Sembrador, en Villarrica. Días después de la desaparición de María Fernanda, se entregó a la Policía y señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Los restos de la joven fueron encontrados mutilados y parcialmente quemados en un terreno baldío ubicado frente a la vivienda del ahora condenado, en el barrio Villa del Maestro de Coronel Oviedo.

Según la autopsia presentada durante el proceso, María Fernanda murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado provocado por un golpe de alta intensidad. También se detectaron lesiones cervicales producidas cuando aún estaba con vida.

Con la sentencia, el principal acusado recibió la máxima sanción prevista para una persona que era adolescente al momento de cometer el crimen.

Si bien las negociaciones entre los médicos y el Ministerio de Salud en la mesa de crisis instalada en el Congreso Nacional avanzaron con un mayor “sinceramiento”, los profesionales de blanco siguen en protesta por mejores condiciones laborales.

Hasta el momento no hubo un acuerdo y la huelga de dos días para los próximos 21 y 22 de setiembre se mantiene vigente.

A la salida del encuentro, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, informó que el Ministerio de Salud Pública se comprometió a enviar una adenda de su presupuesto de USD 60 millones y que la diferencia tendrá que completar el Congreso Nacional.

El monto del que se habla es de USD 120 millones para llegar al piso salarial para todos los médicos, quienes exigen un aumento de G. 3 millones y el pago doble por feriado trabajado.

Aunque hoy “existe una apertura total, una sinceridad del monto que disponen”, aún no se puede hablar de una victoria, según mencionó González.

Para este jueves, a las 09:00, se tenía además prevista una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), pero el encuentro se suspendió a pedido del gremio de los médicos y la cartera sanitaria.

Esto, porque ambos sectores se mantienen en negociación bipartita orientada a avanzar en los puntos planteados por los profesionales de blanco.

“Una vez concluidas estas tratativas, se informará al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre sus resultados y, de ser necesario, se coordinará una nueva fecha para la reunión tripartita”, indicaron desde la cartera.

Debido a la crisis sanitaria que estalló por las precarias condiciones de trabajo y falta de insumos básicos en los hospitales públicos, alrededor de 500 médicos presentaron renuncias y para el viernes podrían haber 290 más.

El abogado de Hugo Javier González, Bernardo Villalba, afirmó que le resulta difícil creer en la hipótesis de un atentado contra el exgobernador de Central, hallado grave en su celda. Según indicó, los golpes que presenta se explicarían mejor por una caída y no por una agresión. También desestimó la idea de una eventual quema de archivos y cuestionó la demora en derivarlo a un hospital de alta complejidad.

Villalba se refirió a los videos presentados por el Ministerio de Justicia. Aunque reconocen una edición de al menos tres horas, en las imágenes se observa a González consciente, sentado en una silla de ruedas y hablando con quienes lo asistieron. Para el defensor, ese registro debilita la tesis de un ataque y abre otras líneas de investigación sobre lo ocurrido dentro de la penitenciaría.

El letrado planteó que la hinchazón en el rostro pudo agravarse por la tardanza en el traslado a un centro asistencial con terapia intensiva. Sostuvo que es posible que el propio internado haya pedido auxilio después de caer. En ese punto, consideró “muy llamativo” que haya pasado tanto tiempo hasta la derivación a un hospital de mayor complejidad.

La versión de la defensa contrasta con las sospechas que generaron las lesiones faciales y el traumatismo craneal. El caso sigue bajo investigación, mientras el estado de salud del exgobernador permanece como prioridad médica y judicial.

Un hombre identificado como Reinaldo Ramírez González de 39 años fue encontrado sin vida en el fondo de una casa que se encuentra ubicada sobre las calles Natalicio Talavera casi Bulevar Bicentenario, en el barrio Centro de Villarrica, Departamento de Guairá, propiedad de Óscar Heber Espinoza Gómez de 66 años, quien vive con su hijo Osmar Antonio Espinoza Benítez de 42.

Según los agentes intervinientes de la comisaría local, la víctima presentaba manchas de sangre, golpes en la cabeza y escoriaciones en el cuello. El médico forense interviniente diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo craneoencefálico.

Según declaraciones del propietario de la vivienda a los agentes policiales, encontró a Ramírez tendido en el suelo y sin signos de vida.

Los intervinientes señalaron que la víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con Osmar Espinoza y otras personas en la vivienda desde aproximadamente las 22:00 del sábado. Posteriormente, durante la madrugada del domingo, se habría producido un altercado con un hombre conocido con el alias de “Yoshi”, quien presuntamente lo habría atacado con un destornillador.

A pedido del fiscal Diego Duarte, el cuerpo del fallecido será trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción para la realización de estudios que permitan determinar con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

Quedaron detenidos Óscar Espinoza y Osmar Espinoza, quienes fueron trasladados hasta la base del Departamento de Investigación de Hechos Punibles. El caso fue caratulado como presunto homicidio doloso.

En grave estado de salud, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, Hugo Javier González Alegre, ex gobernador del Departamento Central, será trasladado desde el Hospital de Barrio Obrero hasta el Hospital Nacional de Itauguá, donde ya tienen preparada una cama en terapia intensiva. El político y locutor cumple una condena de 10 años por corrupción en el penal La Esperanza.

El doctor Adán Godoy, director del Hospital General de Barrio Obrero, ofreció un reporte médico sobre el estado de salud del ex gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González Alegre, quien ingresó de urgencia pasadas las 23:00 del domingo con lesiones en el rostro.

El conocido como Número 2 llegó a bordo de un móvil de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza e ingresó a la sala de reanimación en mal estado general, inconsciente, con mala mecánica respiratoria y sangrado en la nariz.

“Convulsionó con nosotros en el hospital, paramos la convulsión y, por la mala mecánica respiratoria, decidimos realizar una intubación orotraqueal”, informó el médico a radio Monumental 1080 AM.

Su estado de salud es grave y se mantiene con pronóstico reservado, a la espera de ser trasladado a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), agregó el director del hospital.

Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, debe comparecer este lunes ante la justicia para el inicio de su juicio oral y público en el marco del caso «Tía Chela», una de las tantas causas de presunta corrupción iniciadas en su contra. En total, 10 personas deben sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados por un supuesto negociado durante la pandemia que habría causado un perjuicio de G. 2.130.036.160.

Durante el juzgamiento, cuyo inicio está previsto para las 8 horas, la Fiscalía sostendrá su acusación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en la que atribuye a Miguel Prieto Vallejos el hecho de supuestamente haber liderado un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución, entre los meses de marzo y julio del 2020.

El Ministerio Público refiere que Prieto y los demás acusados realizaron un «negociado» con la promoción de una Licitación Pública por la vía de la excepción con ID Nº 382.177, cuya contratación estuvo «direccionada» a la empresa proveedora TIA CHELA SRL, de Fermin Avalos Britos.

La acusación expone que la estructura criminal estuvo integrada por funcionarios y Directores Municipales a cargo de Prieto, así como terceros entre los que se citan a: Lic. Maggi Fariña, Coordinadora de la UOC; Econ. Sebastian Martinez, Director de Desarrollo Social (actual Concejal Municipal); Francisco Arrúa Alvarez, Director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, Jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramirez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, Jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benitez Gamarra, Jefe de Almacenes; Fermin Avalos Britos, de TIA CHELA S.R.L, y Emili Vanessa Florentin Paez, Presidenta de VANEMI SA.

La cronología indica que el proceso de licitación se inició formalmente el 20 de marzo de 2020 con la Resolución I.M. Nº 3.331 de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, representada por Prieto, quien en base al Dictamen elaborado por la Directora de la UOC Maggi Fariña Almada resolvió llamar a Licitación por la Vía de Excepción con para la “Adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del Covid- 19”, y designó a los Directores Municipales Sebastian Martínez, Director de Desarrollo Social, y José Félix Cáceres, Jefe de Desarrollo Comunitario, como miembros del Comité de Evaluación.

Posteriomente, el 20/03/2020, la Unidad Operativa de Contrataciones a cargo de Fariña emitió un dictamen injustificado para ceñirse al procedimiento por la vía de la excepción, cuando debió utilizar el procedimiento ordinario de “Licitación Pública”. Tres días después, el Comité Evaluador, compuesto por Martínez, el promotor del llamado, y Cáceres, Jefe de Desarrollo Comunitario, analizaron la única oferta presentada y recomendaron la contratación de TÍA CHELA SRL, que según la investigación carecía de capacidad técnica, financiera y experiencia (contrataciones anteriores con el estado), entre otras irregularidades.

La acusación menciona que las mercaderías no fueron proveídas y, a los efectos de encubrir esta ausencia de contraprestación, en dicho periodo de tiempo, surgió la participación de terceros que forman parte del círculo de confianza de Prieto, como la acusada Emili Vanessa Florentín Páez, quien colaboró en la construcción de cadenas de compra venta ficticias por al menos G. 692.155.023 de la totalidad del perjuicio detectado G. 2.130.036.160, constituyéndose en la principal sub proveedora de la firma adjudicada con el contrato TIA CHELA SRL, a través de la empresa de su propiedad VANEMI SA.

Esta creación de secuencias de compraventas fue realizada para intentar encubrir la falta de una contraprestación real y equitativa de productos a la municipalidad de conformidad a lo pagado, enfatiza la Fiscalía. De la misma manera, el acusado Fermín Avalos Britos, Representante legal de la empresa proveedora TIA CHELA SRL facilitó su estructura y su esquema jurídico a Miguel Prieto Vallejos, a los efectos de llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, sin tener la capacidad técnica, financiera ni experiencia para responder con esta licitación de importancia económica significativa, y a sabiendas de ello se presentó el 23/03/2020 a formular su oferta siendo adjudicada irregularmente con el contrato, y en tal sentido recibió en tal concepto la suma total de ₲ 2.949.650.000, cuya adquisición se documentó sin que haya ingresado todas las mercaderías en igual valor a lo pagado, a pesar de que los documentos reflejan una entrega que no se dio en la realidad, colaborando en el perjuicio ocasionado a la institución por valor de G. 2.130.036.160.

El Miniserio Público destaca que con colaboración de los Sres. Julián Benítez (Jefe de Almacenes), Econ. Sebastián Martínez (Director Desarrollo Social), Lic. Felix Cáceres (Jefe de Desarrollo Social) y el Sr. Higinio R. Acuña (Jefe Div. Adq. y Suministro) fue posible causar el daño patrimonial a la institución. Esto se centra en que en las fechas mencionadas 27/03/2020 y 13/04/2020, hicieron constar falsamente a través de documentos oficiales la recepción de la totalidad de las mercaderías adquiridas por el Municipio de la empresa proveedora TÍA CHELA SRL de Fermín Avalos, por la totalidad de 25.000 kits de alimentos que alcanzaría la suma de G. 2.949.650.000.”

«Este perjuicio económico de G. 2.130.036.160 ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este por el Intendente Miguel Prieto Vallejos a través de los pagos dispuestos el 07/04/2020 y el 09/07/2020 en este proceso realizado indebidamente por la vía de la excepción, no habría sido posible sin la participación y colaboración de los funcionarios a su cargo, que formaban parte de su esquema», menciona la acusación.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de su presidente, Miguel Báez Reyes, confirmó la interrupción de las negociaciones en los términos actuales con la multinacional británica ATOME Energy PLC. Advirtió que la demanda de consumo alcanzará la capacidad máxima de generación para 2030-2031 y defendió la creación del Ministerio de Energía y un ente regulador para atraer inversiones en gas, energía solar y tecnología nuclear.

El presidente de la entidad estatal explicó que las condiciones solicitadas por la empresa privada, que proyectaba la construcción de una planta de hidrógeno verde y fertilizantes limpios en Villeta, no resultaban beneficiosas ni sostenibles para el país a largo plazo.

“No cierran los números. No podemos mantener una tarifa por 15 años, una tarifa que hoy día ya es muy barata”, dijo Báez Reyes en comunicación con ABC Cardinal.

El punto central del desacuerdo radica en la estructura de suministro de la planta: la firma pretendía cubrir solo un tercio de sus requerimientos mediante energía solar, esperando que la ANDE garantizara el resto con energía hidroeléctrica —de mayor firmeza operativa y valor de mercado— bajo tarifas congeladas de momento.

Cronología de la oferta y la matriz en crisis
El proyecto original de ATOME: Diseñado para utilizar una potencia de hasta 145 MW en el complejo industrial de Villeta, orientado a la producción masiva de amoniaco verde.

El choque de tarifas: A medida que Paraguay agota su excedente hidroeléctrico, las nuevas fuentes de generación (solar, térmica o biomasa) tendrán costos marginales sensiblemente superiores a los actuales.

El horizonte 2030-2031: Las proyecciones oficiales de la ANDE indican que para el inicio de la próxima década el país consumirá el 100% de la energía disponible proveniente de Itaipú y Yacyretá, lo que obliga a incorporar nuevas fuentes térmicas y renovables.

Las reformas clave para el nuevo marco normativo
Para responder al crecimiento de la demanda —que incluye el interés estratégico de albergar centros de datos de Inteligencia Artificial e industrias de gran escala—, el Poder Ejecutivo impulsa un conjunto de medidas estructurales dirigidas a atraer inversiones del sector privado.

Entre ellos se contempla:

Creación del Ministerio de Minas y Energía
Según Báez Reyes, su objetivo principal será diseñar y coordinar la política energética nacional con una visión integral, situándose jerárquicamente por encima de la ANDE. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de evaluación técnica dentro del Poder Ejecutivo.

Implantación de un ente regulador independiente
Diseñado para actuar como árbitro técnico imparcial entre los consumidores y los inversores privados. Aunque la propuesta ha generado cuestionamientos en sectores sindicales como Sitrande, el Ejecutivo considera que es una figura indispensable para otorgar certeza jurídica y garantías de largo plazo al capital privado. “Me parece que hay un error de apreciación, pero es cuestión de hablar y aclarar las cosas”, sostuvo Báez Reyes.

Diversificación acelerada de la matriz energética
Implica la incorporación de gasoductos, centrales térmicas a gas, parques solares y esquemas de generación distribuida. Según el mandamás de la ANDE, la entidad ya cuenta con varias propuestas en carpeta impulsadas por empresas privadas para zonas estratégicas como Villa Elisa y Valenzuela, según su titular.

Báez Reyes remarcó que el Estado no dispone de los fondos requeridos para financiar por sí solo las millonarias obras de infraestructura necesarias, por lo que resulta indispensable un esquema regulatorio claro para el capital privado.