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Los fiscales Leonardi Guerrero y Julio Ortiz formularon imputación en contra de cuatro directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), entre ellos, el presidente de la entidad, por un presunto hecho punible de lesión de confianza. El hecho habría dejado un perjuicio patrimonial de 1990 millones de guaraníes.

Según la carpeta de investigación, el daño económico estaría relacionado con la utilización de recursos institucionales para financiar el Programa JOPOI 2025. La imputación alcanza David Herminio Portillo Biancotti quien se desempeña como presidente de la entidad, seguido por el director general Humberto Victorio Rodas Orué, Juan José María Vidal Bonin quien cumple el rol de director administrativo y financiero; y el tesorero de APA Walter Mario Cabrera Martínez conocido como “Walter Flou”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los directivos imputados habrían intervenido en la disposición y utilización de recursos institucionales destinados al financiamiento del Programa JOPOI 2025, incluyendo la utilización de G. 696.794.530, correspondientes a intereses de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), sin contar con autorización previa y específica.

Asimismo, se investiga la presunta simulación de contrataciones para la adquisición de productos a valores superiores a los reales, mediante la utilización de proveedores que no habrían participado en las operaciones. Según los elementos reunidos, los pagos se habrían efectuado en efectivo a una tercera persona.

Entre los elementos considerados en la investigación se encuentran informes de fiscalización y auditoría de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), declaraciones testimoniales recabadas durante la investigación. Así como información proporcionada por la DINAPI, según la cual los propietarios de la denominada “Despensa Gabrielito” habrían negado haber contratado con APA o suministrado los bienes consignados en las facturas presentadas.

Además de análisis cronológicos que señalaron que algunas contrataciones y facturaciones se realizaron antes de la autorización formal para la utilización de los intereses de CDA. Como también antecedentes relacionados con el mantenimiento de fondos irrepartibles por períodos que excedían el plazo legal, en presunta contravención de la Ley n.º 1328/1998.

En consecuencia, la Fiscalía solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión y un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron ante el Tribunal de Sentencia la conclusión de lo que consideran que fue probado en juicio en contra del ex senador Hernán David Rivas. Hablaron y reafirmaron que él no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, una matrícula, asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, trabajos finales de grado, hay egresos, inclusive fotos de ese egreso y nada de eso tuvimos aquí”, resaltó la fiscala Patricia Sánchez.

Durante los alegatos finales, ella hizo una cronología de cómo había presentado Rivas su título para ser representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en dos ocasiones.

Primero, cuando era diputado, “dejó constancia falsa de su calidad de abogado mediante una resolución del 3 de junio del 2020”, dijo Sánchez. Este era un requisito constitucional exigido para poder ser elegido representante de la Cámara Baja ante el JEM.

Luego, con ese título y el certificado de estudios, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a solicitar la matrícula de abogado que se le fue expedido el 7 de julio del 2021.

Ese mismo día también juró ante la entonces ministra Gladys Bareiro de Módica y a partir de allí, aparece como auxiliar de Justicia.

Posteriormente, “ya siendo senador, la Cámara de Senadores volvió a documentar esa misma calidad de abogado cuando le volvió a designar como representante el JEM el 6 de julio del 2023”, explicó la fiscala.

Incongruencias complican a Hernán Rivas
¿La conclusión? “La trayectoria universitaria consignada en estos documentos académicos certificado de estudios y título del acusado carecen de correspondencia, de una historia académica real, coherente y verificada” detalló ante el Tribunal.

Para la Fiscalía, los documentos que usó son falsos y quedó probado en juicio su vida académica, ya que fueron interrogados, supuestos ex compañeros, directivos de la Universidad, así como representante del Ministerio de Educación y hay varias versiones contradictorias.

“Los documentos públicos –fuera de toda duda– dejaron constancia oficial de una condición profesional inexistente de Rivas”, dijeron los fiscales.

“Una carrera cursada en Luque debe corresponder a una carrera que efectivamente se cursó en la ciudad de Luque. Una carrera cursada en Ciudad del este debe poseer registros correspondientes y una formación celebrada en Pedro Juan Caballero debe encontrar respaldos en esa sede”, cuestionó Patricia Sánchez.

Cuestionó que la tesis de Rivas tenía dos títulos, y que hay inconsistencias en las mismas documentaciones de la Universidad.

Finalmente, fue citando a cada testigo que se presume que habrían mentido durante el juicio oral y público y pidió al Tribunal de Sentencia que remita sus antecedentes a la Fiscalía por testimonio falso.

El juicio continúa a la vista de los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo.

El senador de la oposición Rafael Filizzola señaló que detrás del programa Hambre Cero existen denuncias de graves hechos de corrupción que hacen que los alimentos no lleguen como debe a las escuelas, además de contrataciones que superan los niveles conocidos de sobrefacturaciones.

El senador también puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las gobernaciones, en su mayoría administradas por colorados. En ese sentido, cuestionó que el departamento con mayor cantidad de habitantes, Central, haya quedado fuera de este esquema debido a que cuenta con un gobernador opositor y que, en ese caso, la administración de los recursos esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“Hay que señalar acá que, a través de Hambre Cero, las gobernaciones manejan billones de guaraníes en recursos públicos”, afirmó. Según datos del Ministerio de Economía citados por el legislador, entre 2025 y lo que va de 2026 las gobernaciones recibieron G. 1,129 billones.

Filizzola también sostuvo que esta millonaria inversión no se traduce en la garantía de un derecho fundamental para la niñez, que es una alimentación digna, completa y de calidad. Mencionó las denuncias sobre raciones incompletas, falta de utensilios e irregularidades como el hallazgo de trozos de vidrio en los platos servidos a escolares en Alto Paraná.

El senador apuntó además contra la falta de sanciones ante las irregularidades denunciadas. “El problema de fondo sigue siendo el nivel intolerable de impunidad”, manifestó.

En ese sentido, señaló que la propia Contraloría General de la República confirmó graves incumplimientos por parte de empresas proveedoras, además de deficiencias de infraestructura y logística en las gobernaciones.

“¿Y dónde están las sanciones? ¿Dónde están las denuncias contra los responsables, sean empresas contratistas o funcionarios públicos? ¿Acaso hay un solo imputado?”, cuestionó.

Filizzola también critcó que, pese a las denuncias, el Gobierno pretenda comprometer USD 191 millones adicionales para extender el programa hasta 2030. Sostuvo que, antes de aumentar los recursos destinados al programa, el Ejecutivo debe garantizar que cada guaraní invertido se convierta efectivamente en comida de calidad para los estudiantes.

“Y por favor, que Peña deje de utilizar la alimentación de niños y niñas como herramienta de propaganda política con mentiras”, expresó. Agregó que el presidente, en julio, “le mintió al Congreso y al pueblo porque en su último informe de gestión afirmó que Hambre Cero alimentaba a 1.500.000 estudiantes en más de 7.000 escuelas, para que poco después los propios medios oficiales rectificaran la cifra real a 1.076.677 alumnos”.

“Hambre Cero no puede ser propaganda política ni un negocio para proveedores y gobernadores. No pueden convertir el derecho a la alimentación de la niñez en un botín ni jugar con el hambre”, remarcó.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) ejecutó una ofensiva contra el narcotráfico en el departamento de Amambay, con cinco procedimientos en Capitán Bado y Karapa’i. En allanamientos simultáneos en la Colonia Aguará Veve fueron detenidas cuatro personas y se destruyeron 3.260 kilos de marihuana, además de 6,5 kilos de semillas. La operación apunta a desarticular puntos de producción, procesamiento y traslado de droga en la zona fronteriza.

Los detenidos son Jorge René Barúa Miñarro, Héctor Sanabria, Javier Galeano y Bernardo Jara. Según el valor de mercado en Brasil, la carga intervenida representa una pérdida estimada de 490 mil dólares para las organizaciones criminales. También se sacaron de circulación seis vehículos —automóviles, camionetas y motocicletas—, cuatro armas de fuego y más de un centenar de proyectiles.

En uno de los inmuebles se halló infraestructura para elaborar concentrados de cannabis tipo ICE: un laboratorio, equipamiento industrial, congeladores, una refinadora, balanzas y garrafas de gas butano. En un operativo complementario en Karapa’i, agentes interceptaron un camión furgón con 342,5 kilos de marihuana picada y una zaranda industrial. Los procedimientos fueron realizados por el Departamento Regional N.º 1 de Pedro Juan Caballero, con intervención del Ministerio Público a cargo de la fiscal Rossana Coronel.

La SENAD reiteró que estas acciones buscan cortar la logística del narcotráfico en Amambay y reducir la capacidad de las bandas para producir y mover droga hacia el mercado regional.

La UIP conmemoró anoche sus 90 años con una mirada puesta en la próxima etapa del sector, que apunta a fortalecer la competitividad y generar mayor valor agregado. Su presidente, Enrique Duarte, destacó las fortalezas del país, pero también señaló los desafíos que todavía deben superar.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) adelantó el miércoles las celebraciones (que es el 20 de septiembre) por sus 90 años con un encuentro que puso el foco no solo en la trayectoria de la institución, sino también en los desafíos que enfrenta la industria paraguaya para avanzar hacia una mayor competitividad y desarrollo tecnológico.

Duarte destacó el papel de la industria en el desarrollo del Paraguay y puso en perspectiva, tanto los avances alcanzados como las condiciones que el país necesita para fortalecer su capacidad productiva.

“La UIP nació con una misión esencialmente gremial, pero las transformaciones del sector secundario y del país fueron ampliando sus responsabilidades”, precisó.

En esa línea citó el desarrollo de capacidades especializadas, la generación de información económica, el acompañamiento a las mipymes, la búsqueda de mercados, la innovación, la eficiencia energética y la economía circular, entre otros ámbitos de trabajo.

Las fortalezas y los desafíos de la industria
El industrial resaltó que Paraguay cuenta con fortalezas como la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía, una base productiva diversificada y una población joven.

Sin embargo, también señaló desafíos vinculados con la educación, la salud, la infraestructura y la institucionalidad, aspectos que inciden en las condiciones para desarrollar una mayor capacidad productiva.

En este escenario, planteó a la industria como una oportunidad para transformar esas ventajas en nuevas capacidades productivas.

“En el escenario actual, la industria representa una clara oportunidad para transformar nuestras ventajas en nuevas capacidades productivas, atraer inversiones, agregar valor a la producción primaria y ampliar las oportunidades para el empleo”, mencionó.

El desafío de la industrialización
Desde hace tiempo, el sector industrial apunta a que Paraguay avance hacia una mayor industrialización. En este sentido, Duarte sostuvo que la siguiente etapa plantea un desafío que va más allá de aumentar la industrialización y apunta a generar empresas con mayor capacidad competitiva y tecnológica.

“No nos preguntamos ¿cómo industrializar?, sino ¿cómo generar industrias competitivas y tecnológicamente avanzadas?”, acotó.

90 años de evolución
La celebración también puso en perspectiva la evolución de la UIP a lo largo de sus 90 años. Duarte recordó que la institución amplió su campo de acción conforme fueron cambiando las necesidades del sector industrial y de la economía paraguaya.

Actualmente, además de la representación gremial, la UIP trabaja en áreas como generación de información económica, acompañamiento a mipymes, búsqueda de mercados, innovación, eficiencia energética y economía circular.

Presencia de autoridades
El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; del ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme; además de representantes del sector empresarial y referentes vinculados a la industria paraguaya.

El fenómeno El Niño ya está plenamente establecido en la región y atraviesa una etapa de fortalecimiento, con un escenario que requiere mayor planificación y seguimiento por parte del sector productivo. Según lo explicado por el especialista Blas Alviso, los modelos anticipan una intensificación desde octubre, con su máxima expresión hacia diciembre y efectos que podrían extenderse hasta marzo de 2027.

Alviso señaló que, de acuerdo con el último reporte citado de la NOAA, existe un 83% de probabilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno persistan hasta marzo. “La instancia máxima del fenómeno El Niño se daría en diciembre, o sea que los efectos máximos nosotros sufriríamos en el mes de diciembre”, explicó, al remarcar que octubre marcaría el inicio de una etapa de mayor intensidad.

Para lo que resta de septiembre se prevé un comportamiento irregular de las precipitaciones, con lluvias que podrían registrarse cada siete a diez días y con mayores volúmenes en determinadas zonas. Desde octubre, el régimen tendería a generalizarse en gran parte de la Región Oriental, aunque con diferencias geográficas importantes. “Las lluvias no van a ser consecutivas; van a tener esas treguas. Cada cinco o siete días van a producirse grandes volúmenes de lluvia y en poco tiempo mucha lluvia”, advirtió.

Este escenario representa una oportunidad y, al mismo tiempo, un riesgo para la producción. Las primeras lluvias pueden favorecer la humedad necesaria para el establecimiento de cultivos como soja y maíz, pero el exceso de precipitaciones puede dificultar las aplicaciones fitosanitarias, favorecer la aparición de plagas y enfermedades y complicar las labores de cosecha. Por ello, el especialista insistió en que las decisiones deberán ajustarse al pronóstico y al desarrollo fenológico de cada cultivo.

El sector arrocero también deberá prestar especial atención a la infraestructura de riego y drenaje, además de monitorear la evolución de los ríos Paraguay y Paraná. Una eventual coincidencia entre crecidas, lluvias intensas y períodos de cosecha podría dificultar el desalojo del agua de los arrozales. En frutihorticultura, en tanto, recomendó calendarizar las siembras y escalonar la producción cuando las condiciones lo permitan, para evitar concentrar grandes volúmenes en períodos de mayor riesgo.

Ante este escenario, Alviso remarcó que la información climática debe utilizarse como una herramienta para anticiparse y no como motivo de alarma. “La información agroclimática y climática en general no debe ser un motivo de alarma, debe ser un motivo de toma de decisiones”, sostuvo. También recomendó recurrir a fuentes oficiales, especialmente a la Dirección de Meteorología e Hidrología, y realizar un seguimiento permanente de los pronósticos semanales, considerando que estos representan probabilidades y pueden actualizarse.

Finalmente, destacó que el acompañamiento técnico será fundamental durante los próximos meses. Meteorólogos, agrónomos, veterinarios y especialistas de las distintas cadenas productivas deberán trabajar de manera coordinada para anticipar riesgos y orientar decisiones. En síntesis, El Niño no determina por sí solo un escenario de pérdidas, pero sí eleva la necesidad de monitoreo, planificación y respuestas oportunas frente a lluvias que podrían ser más intensas y variables.

El Tribunal de Sentencia condenó a B. S. a ocho años de privación de libertad tras hallarlo responsable del asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo. La sentencia fue comunicada este jueves 10 de septiembre, durante una audiencia reservada.

El joven, quien actualmente tiene 18 años, fue juzgado bajo el régimen penal adolescente, debido a que tenía 17 años al momento del crimen. Por esta razón, los ocho años corresponden a la máxima pena que podía recibir por un hecho calificado como crimen.

El Tribunal, presidido por Raúl Marecos, hizo lugar al pedido de los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía, quienes durante sus alegatos finales solicitaron la aplicación de la pena máxima. La Fiscalía presentó conversaciones, imágenes de circuito cerrado, testimonios, pericias laboratoriales y hallazgos médicos como elementos de prueba.

B. S. permanece recluido desde el 31 de mayo de 2025 en el Centro Educativo El Sembrador, en Villarrica. Días después de la desaparición de María Fernanda, se entregó a la Policía y señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Los restos de la joven fueron encontrados mutilados y parcialmente quemados en un terreno baldío ubicado frente a la vivienda del ahora condenado, en el barrio Villa del Maestro de Coronel Oviedo.

Según la autopsia presentada durante el proceso, María Fernanda murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado provocado por un golpe de alta intensidad. También se detectaron lesiones cervicales producidas cuando aún estaba con vida.

Con la sentencia, el principal acusado recibió la máxima sanción prevista para una persona que era adolescente al momento de cometer el crimen.

Si bien las negociaciones entre los médicos y el Ministerio de Salud en la mesa de crisis instalada en el Congreso Nacional avanzaron con un mayor “sinceramiento”, los profesionales de blanco siguen en protesta por mejores condiciones laborales.

Hasta el momento no hubo un acuerdo y la huelga de dos días para los próximos 21 y 22 de setiembre se mantiene vigente.

A la salida del encuentro, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, informó que el Ministerio de Salud Pública se comprometió a enviar una adenda de su presupuesto de USD 60 millones y que la diferencia tendrá que completar el Congreso Nacional.

El monto del que se habla es de USD 120 millones para llegar al piso salarial para todos los médicos, quienes exigen un aumento de G. 3 millones y el pago doble por feriado trabajado.

Aunque hoy “existe una apertura total, una sinceridad del monto que disponen”, aún no se puede hablar de una victoria, según mencionó González.

Para este jueves, a las 09:00, se tenía además prevista una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), pero el encuentro se suspendió a pedido del gremio de los médicos y la cartera sanitaria.

Esto, porque ambos sectores se mantienen en negociación bipartita orientada a avanzar en los puntos planteados por los profesionales de blanco.

“Una vez concluidas estas tratativas, se informará al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre sus resultados y, de ser necesario, se coordinará una nueva fecha para la reunión tripartita”, indicaron desde la cartera.

Debido a la crisis sanitaria que estalló por las precarias condiciones de trabajo y falta de insumos básicos en los hospitales públicos, alrededor de 500 médicos presentaron renuncias y para el viernes podrían haber 290 más.

El abogado de Hugo Javier González, Bernardo Villalba, afirmó que le resulta difícil creer en la hipótesis de un atentado contra el exgobernador de Central, hallado grave en su celda. Según indicó, los golpes que presenta se explicarían mejor por una caída y no por una agresión. También desestimó la idea de una eventual quema de archivos y cuestionó la demora en derivarlo a un hospital de alta complejidad.

Villalba se refirió a los videos presentados por el Ministerio de Justicia. Aunque reconocen una edición de al menos tres horas, en las imágenes se observa a González consciente, sentado en una silla de ruedas y hablando con quienes lo asistieron. Para el defensor, ese registro debilita la tesis de un ataque y abre otras líneas de investigación sobre lo ocurrido dentro de la penitenciaría.

El letrado planteó que la hinchazón en el rostro pudo agravarse por la tardanza en el traslado a un centro asistencial con terapia intensiva. Sostuvo que es posible que el propio internado haya pedido auxilio después de caer. En ese punto, consideró “muy llamativo” que haya pasado tanto tiempo hasta la derivación a un hospital de mayor complejidad.

La versión de la defensa contrasta con las sospechas que generaron las lesiones faciales y el traumatismo craneal. El caso sigue bajo investigación, mientras el estado de salud del exgobernador permanece como prioridad médica y judicial.

Un hombre identificado como Reinaldo Ramírez González de 39 años fue encontrado sin vida en el fondo de una casa que se encuentra ubicada sobre las calles Natalicio Talavera casi Bulevar Bicentenario, en el barrio Centro de Villarrica, Departamento de Guairá, propiedad de Óscar Heber Espinoza Gómez de 66 años, quien vive con su hijo Osmar Antonio Espinoza Benítez de 42.

Según los agentes intervinientes de la comisaría local, la víctima presentaba manchas de sangre, golpes en la cabeza y escoriaciones en el cuello. El médico forense interviniente diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo craneoencefálico.

Según declaraciones del propietario de la vivienda a los agentes policiales, encontró a Ramírez tendido en el suelo y sin signos de vida.

Los intervinientes señalaron que la víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con Osmar Espinoza y otras personas en la vivienda desde aproximadamente las 22:00 del sábado. Posteriormente, durante la madrugada del domingo, se habría producido un altercado con un hombre conocido con el alias de “Yoshi”, quien presuntamente lo habría atacado con un destornillador.

A pedido del fiscal Diego Duarte, el cuerpo del fallecido será trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción para la realización de estudios que permitan determinar con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

Quedaron detenidos Óscar Espinoza y Osmar Espinoza, quienes fueron trasladados hasta la base del Departamento de Investigación de Hechos Punibles. El caso fue caratulado como presunto homicidio doloso.