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El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, aseguró este lunes que el líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa, abatidos en un enfrentamiento con efectivos de la SENAD y la FTC en Corpus Christi, Canindeyú, formaban parte de la estructura criminal de Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”. Según el ministro, existen pruebas que vinculan a ambos con la organización dedicada al narcotráfico en la zona.

Rachid explicó que la estructura de “Macho” está migrando hacia otras regiones del país tras los fuertes golpes asestados por la SENAD a su logística. La fuerza antidrogas ha dado de baja a varios de sus integrantes e incautado importantes cargas de droga. Además, se comprobó que el grupo reclutaba a civiles y extorsionaba a productores para permitirles cultivar. El ministro aclaró que muchos detalles del operativo no pueden hacerse públicos porque los procedimientos continúan en el lugar.

En otro frente, Rachid destacó la cooperación con la Policía de Brasil. En un hangar privado se localizó una lujosa aeronave valuada en 28 millones de dólares, perteneciente al exbanquero Daniel Vorcaro, preso en el vecino país por la quiebra de una entidad financiera. La nave, sobre la que pesaba una medida cautelar, fue enviada junto con su tripulación a Brasil bajo custodia de la Policía Federal.

Estas acciones refuerzan el trabajo conjunto entre ambos países y demuestran la presión constante sobre las organizaciones criminales que operan en la frontera.

Un trabajo de Inteligencia coordinado entre la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal del Brasil permitió localizar en territorio paraguayo una lujosa aeronave vinculada a uno de los principales investigados en la denominada Operación Compliance Zero, desarrollada en Brasil.

Se trata de un Gulfstream G550 (GV-SP), matrícula PR-PSE, una aeronave ejecutiva de alta gama valuada en aproximadamente USD 28 millones, vinculada a Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master y uno de los principales investigados en una causa que se encuentra bajo investigación del Supremo Tribunal Federal del Brasil.

Sobre la aeronave pesaban medidas judiciales de carácter patrimonial dispuestas por la Justicia brasileña. La Policía Federal había solicitado la cooperación de las autoridades paraguayas para su identificación y localización, ante el riesgo de que el bien pudiera ser removido u ocultado.

La investigación que involucra al empresario brasileño analiza presuntas maniobras financieras de gran magnitud, con un perjuicio que rondaría los USD 9.900 millones, de acuerdo con las estimaciones vinculadas al caso.

A partir del intercambio de información y las coordinaciones de Inteligencia entre ambos países, la aeronave pudo ser localizada en Paraguay.

Tras las gestiones realizadas entre las autoridades, la Policía Federal del Brasil concretó este domingo el traslado del avión desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta Brasilia, donde quedó bajo jurisdicción brasileña para la prosecución de los procedimientos judiciales correspondientes.

El Gulfstream despegó a las 15:40, sin pasajeros a bordo, con una tripulación brasileña, con destino a Brasilia.

La investigación, desarrollada en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, comprende, entre otros hechos, presuntas maniobras relacionadas con emisión de títulos de crédito sin respaldo, gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de activos.

La localización y posterior retorno de la aeronave constituyen un resultado de la cooperación internacional y el intercambio de información de Inteligencia entre Paraguay y Brasil, que permitió ubicar en territorio paraguayo un bien de alto valor sometido a medidas judiciales.

El fiscal Julio Ortiz inició un recorrido en el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en la mañana de este viernes para verificar las obras paralizadas de quirófanos modulares.

Uno de los objetivos de la constitución fiscal es corroborar si existe otro contendedor (o contenedores) con equipos o insumos para los quirófanos.

El doctor Isaías Fretes, titular de la previsional acompañó el recorrido de la comitiva fiscal junto a otras autoridades de la entidad estatal.

El procedimiento del Ministerio Público fue anunciado el jueves por la tarde donde se especificó la presencia el fiscal Ortiz y del titular de la previsional.

El fiscal Ortiz declaró horas antes del procedimiento a radio Monumental 1080 AM y afirmó que el objetivo de la diligencia es confirmar la existencia de más contenedores con equipamientos.

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“Si corroboramos que existen otros contenedores con la cantidad de elementos para la construcción de este quirófano modular, entonces estaríamos hablando de que sí (habría más equipamientos que fueron dejados por la empresa Neighpart)”, afirmó.

Posteriormente, durante la constitución, efectivamente constataron que en el lugar habían máquinas para climatización, muebles y otros equipos envueltos en cajas. Llamó la atención el aspecto de los equipos que parecían nuevos.

Llamativo procedimiento
Un detalle que no pasó desapercibido en el procedimiento del Ministerio Público fue la participación del arquitecto Gustavo Masi, ex director de Obras e Infraestructura de la previsional durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

De acuerdo con el argumento que brindó el fiscal a la prensa, el ex funcionario se ofreció voluntariamente al Ministerio Público para orientar sobre los equipamientos, ya que tenía conocimiento y le agradeció públicamente la guía “pro bono”.

En un momento dado, Masi dialogó con los medios y especificó que en el depósito se hallaban “implementos” que formarían parte de la obra de quirófanos modulares para el sistema de climatización. “Acá no vamos a encontrar otra cosa”, aseguró a los medios de comunicación.

Resaltó que los equipos forman parte de un llamado a licitación de ese entonces G. 61.000 millones, que se realizó en el marco de la culminación de las obras, por ahora fantasmas.

El ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, ya llegó al país entre este martes y miércoles para someterse a la Justicia luego de ser imputado por lesión de confianza con otros ocho ex funcionarios de la previsional por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart en una millonaria licitación.

La llegada al país del ex alto funcionario fue confirmada por su representante legal, el abogado Arturo Daniel Sabe, en comunicación con radio Monumental 1080 AM esta jornada.

Vicente Bataglia se presentó en el Ministerio Público, en la oficina del fiscal Julio Ortiz, durante las primeras horas de este miércoles, donde de inmediato se desactivó la orden de su detención que pesaba en su contra, confirmó el investigador del caso a NPY.

Su arribo al país estaba previsto para la mañana del martes en un vuelo procedente de Roma, previa escala en Madrid, España. Un grupo de periodistas lo esperaban en el aeropuerto Silvio Pettirossi pero el ex titular de la previsional no formaba parte de la nómina de pasajeros.

Daniel afirmó que no sabe si su defendido ingresó vía aérea o terrestre al país, y que recibió un llamado de su cliente, el propio Bataglia, a tempranas horas avisándole que ya se encontraba en las inmediaciones de la Fiscalía.

“Estoy camino al tribunal para hacer una presentación de ponerlo a disposición. Con el fiscal lo hicimos en persona. Ya se levantó la orden de detención”, confirmó el representante legal a la radioemisora.

El fiscal Ortiz, explicó por su parte, que fue el abogado Daniel Sabe el que puso a disposición a su cliente solicitándole una audiencia en su despacho pasadas las 06:30 horas de este miércoles.

El agente del Ministerio Público adelantó que pedirá la prisión preventiva y que los bienes sean embargados, sin embargo, reconoció que el juzgado podría beneficiar al imputado con medidas alternativas a la prisión como lo hizo con los otros 8 procesados por lesión de confianza.

El exministro del MOPC apuntó a Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes como impulsores de la causa. Aseguró que el laudo arbitral respalda su gestión y ratificó que su candidatura presidencial «sigue firme».

Más de 200 camioneros paraguayos permanecen varados entre Argentina y Chile a causa de intensas nevadas que bloquean el paso fronterizo. Las filas de vehículos se extienden por kilómetros y el avance resulta imposible. Uno de los afectados, Luis Alberto Martínez, se encuentra a 300 kilómetros del cruce Cristo Redentor y lleva 23 días sin poder continuar su viaje.

Martínez conduce un camión refrigerado cargado con carne vacuna. El sistema de refrigeración funciona sin interrupción desde que salió de Paraguay, lo que aumenta el riesgo de pérdidas económicas. En la zona de Uspallata también se concentran numerosos vehículos. Los conductores se organizan en grupos para compartir los escasos alimentos disponibles y sobrellevar las difíciles condiciones climáticas y de aislamiento.

La situación genera un impacto humanitario y logístico significativo. Los camioneros enfrentan jornadas de hambre y agotamiento, con solo una comida diaria, mientras las mercaderías perecederas corren peligro. El cierre del paso no solo afecta a los transportistas paraguayos, sino que retrasa el comercio regional y genera preocupación entre las familias que esperan noticias desde el país.

Las autoridades de ambos países continúan monitoreando las condiciones climáticas para habilitar el tránsito lo antes posible y aliviar el drama de estos compatriotas.

El Instituto de Previsión Social (IPS) busca revertir la situación de desabastecimiento con la que se encontró la actual administración. Según explicó el presidente del IPS, Isaías Fretes, la institución llegó a registrar 255 medicamentos faltantes, lo que generó un escenario de zozobra y desesperación entre los asegurados.

La entidad señala que comenzó a trabajar prácticamente desde cero, sin disponibilidad presupuestaria suficiente y sin saldos contractuales para numerosos medicamentos. Ante esta situación, se implementaron distintas medidas para recuperar el abastecimiento, entre ellas una reprogramación presupuestaria de G. 180.000 millones destinada a medicamentos.

De este monto, ya se emitieron órdenes de entrega por aproximadamente G. 140.000 millones, correspondientes a cerca de 180 medicamentos. Como resultado de este proceso, más de 120 productos ya fueron recibidos y comenzaron a ser distribuidos en la red del IPS. Según la administración, esto permitió reducir significativamente el faltante de medicamentos, que pasó del 63% al 27%.

El IPS estima que en aproximadamente una semana se completará la recepción y distribución de las órdenes de entrega pendientes, permitiendo que los medicamentos lleguen a los distintos hospitales, centros ambulatorios y establecimientos de la red. La institución también aguarda nuevas adjudicaciones, entre ellas medicamentos oncológicos, con las cuales proyecta alcanzar aproximadamente el 97% de cobertura de su vademécum.

En paralelo, se trabaja para mejorar la distribución y evitar que los asegurados tengan que trasladarse necesariamente hasta los establecimientos del IPS. Uno de los proyectos planteados es que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en farmacias cercanas a sus domicilios, una iniciativa que, según adelantaron, podría comenzar a implementarse próximamente.

El médico forense Pablo Lemir confirmó hoy que la causa de muerte de la adolescente Roselín Florentín fue asfixia por inmersión, según los resultados de la autopsia realizada al cuerpo hallado enterrado en una vivienda en Caazapá. Explicó que su fallecimiento se habría dado hace siete días atrás, cuando se había dado su desaparición.

Lemir señaló que el cuerpo presentaba múltiples signos de violencia posteriores al fallecimiento. Confirmó que se trató de un desmembramiento total, con separación de extremidades a nivel de las articulaciones.

También indicó que no se pudo determinar si hubo abuso sexual debido al estado del cuerpo, y descartó que la adolescente estuviera embarazada.

El forense explicó que intentaron obtener muestras biológicas para buscar sustancias, pero las condiciones del cuerpo no lo permitieron. “No tenemos sangre para explorar, no tenemos orina. Intentamos sacar fluidos del ojo y tampoco pudimos”, manifestó.

La investigación por supuesto millonario desfalco al Instituto de Previsión Social (IPS) que tiene en la mira a dos ex presidentes de la previsional, podría alcanzar a miembros del Consejo de Administración de la entidad, según confirmó el abogado Pablo Morínigo, director jurídico de la institución, en una conferencia de prensa brindada este miércoles.

“Se va a evaluar las actas del consejo para evaluar su conducta. Podría pasar que exista una eventual ampliación de la imputación si es que hay méritos respecto a los consejeros que dieron su aval a los hechos denunciados descritos en la imputación”, señaló el abogado en conferencia de prensa.

Hasta el momento son nueve los imputados en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza llevado adelante por el fiscal Julio Ortiz acerca de la compra de quirófanos modulares por parte de Neigtpart SA, que no cumplía con el contrato y aún así se emitían “adendas desordenadas” a su favor.

Entre los imputados se encuentran Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, ex presidentes del IPS, además de funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.

A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

De acuerdo con la investigación la licitación data de la época de la presidencia de Andrés Gubetich, solicitada por parte de directores de mantenimiento y de otra dependencia la realización del quirófano modular que es ganada por una empresa a la que se le paga G. 10.600 millones en concepto del 20% del G. 53 mil millones.

Agregó que tras seis meses de que no se hayan realizado las obras porque el IPS no hizo el espacio necesario dentro del edificio, se vuelve a solicitar un pago que es negado por Contrataciones Públicas; sin embargo, el entonces presidente Vicente Bataglia hace una adenda y una ampliación del plazo y se hacen dos pagos, uno de G. 5.300 millones y otro de cerca de G. 4 mil millones.

Sumario administrativo y querella adhesiva
Tras los hechos denunciados las autoridades anunciaron un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad de otros funcionarios en los hechos denunciados.

“(El) Sumario administrativo se haría porque es producto natural de cuando un funcionario es imputado por hechos que tienen que ver que tienen que ver con el con el IPS. Porque acá estamos hablando de hechos punibles de relevancia”, recalcó el abogado Morínigo.

El director jurídico adelantó también que la institución podría asumir la querella adhesiva en este caso, refiriéndose a la figura legal que permite a la víctima de un delito de acción penal pública unirse a la investigación y al juicio junto con el Ministerio Público.

El jefe del departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional explicó cómo se producen vulneraciones de cuentas bancarias por medio de ‘home banking’ y señaló los pasos que los usuarios pueden tomar para prevenir ser víctimas de ese tipo de ciberataque.

Esta semana, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) denunció que fue víctima de ciberdelincuentes que vulneraron una cuenta bancaria suya por medio de la página web de ‘home banking’ de su banco y la despojaron de más de 35 millones de guaraníes.

La parlamentaria afirmó que el ciberataque ocurrió luego de que ella intentara ingresar a su plataforma de ‘home banking’ con su contraseña y ‘token’ digital – una clave única para cada dispositivo que se usa para acceder a la cuenta – y el sistema le pidiera una doble verificación de ese ‘token’.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que una conclusión objetiva sobre lo que le ocurrió a la diputada Vallejo solo puede surgir si se analiza la computadora que utilizó la parlamentaria cuando sus datos fueron vulnerados.

Posible ataque con ‘troyano’
Sin embargo, dijo que, en base al relato de la legisladora, su computadora estaría infectada por un “malware troyano” que habría permitido a los atacantes obtener los datos de ingreso a la plataforma de ‘home banking’.

Se trataría de un tipo de virus informático que “transmite todo lo que realizamos”, explicó el comisario Alarcón.

“Cuando ingresás a la web para ingresar al ‘home banking’, el virus trasmite al atacante lo que acabás de teclear, tu usuario y contraseña, y puede incluso simular remotamente que usa tu IP (protocolo de internet, un número único asignado a cada dispositivo conectado a internet), engaña al servicio del banco y le hace creer que sos vos”, dijo.

Actualizar el sistema operativo y tener antivirus
El jefe policial explicó que los ‘troyanos’ tienen la capacidad de instalarse en un dispositivo aprovechando vulnerabilidades en su sistema operativo, en particular en dispositivos que no son frecuentemente actualizados o que no cuentan con antivirus.

“Lo mejor que podemos hacer es actualizar siempre el sistema operativo”, subrayó, y enfatizó que las personas que guardan información sensible en sus dispositivos también deberían considerar “adquirir un antivirus que permita filtrar todos estos ataques”.