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El ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, ya llegó al país entre este martes y miércoles para someterse a la Justicia luego de ser imputado por lesión de confianza con otros ocho ex funcionarios de la previsional por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart en una millonaria licitación.

La llegada al país del ex alto funcionario fue confirmada por su representante legal, el abogado Arturo Daniel Sabe, en comunicación con radio Monumental 1080 AM esta jornada.

Vicente Bataglia se presentó en el Ministerio Público, en la oficina del fiscal Julio Ortiz, durante las primeras horas de este miércoles, donde de inmediato se desactivó la orden de su detención que pesaba en su contra, confirmó el investigador del caso a NPY.

Su arribo al país estaba previsto para la mañana del martes en un vuelo procedente de Roma, previa escala en Madrid, España. Un grupo de periodistas lo esperaban en el aeropuerto Silvio Pettirossi pero el ex titular de la previsional no formaba parte de la nómina de pasajeros.

Daniel afirmó que no sabe si su defendido ingresó vía aérea o terrestre al país, y que recibió un llamado de su cliente, el propio Bataglia, a tempranas horas avisándole que ya se encontraba en las inmediaciones de la Fiscalía.

“Estoy camino al tribunal para hacer una presentación de ponerlo a disposición. Con el fiscal lo hicimos en persona. Ya se levantó la orden de detención”, confirmó el representante legal a la radioemisora.

El fiscal Ortiz, explicó por su parte, que fue el abogado Daniel Sabe el que puso a disposición a su cliente solicitándole una audiencia en su despacho pasadas las 06:30 horas de este miércoles.

El agente del Ministerio Público adelantó que pedirá la prisión preventiva y que los bienes sean embargados, sin embargo, reconoció que el juzgado podría beneficiar al imputado con medidas alternativas a la prisión como lo hizo con los otros 8 procesados por lesión de confianza.

El exministro del MOPC apuntó a Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes como impulsores de la causa. Aseguró que el laudo arbitral respalda su gestión y ratificó que su candidatura presidencial «sigue firme».

Más de 200 camioneros paraguayos permanecen varados entre Argentina y Chile a causa de intensas nevadas que bloquean el paso fronterizo. Las filas de vehículos se extienden por kilómetros y el avance resulta imposible. Uno de los afectados, Luis Alberto Martínez, se encuentra a 300 kilómetros del cruce Cristo Redentor y lleva 23 días sin poder continuar su viaje.

Martínez conduce un camión refrigerado cargado con carne vacuna. El sistema de refrigeración funciona sin interrupción desde que salió de Paraguay, lo que aumenta el riesgo de pérdidas económicas. En la zona de Uspallata también se concentran numerosos vehículos. Los conductores se organizan en grupos para compartir los escasos alimentos disponibles y sobrellevar las difíciles condiciones climáticas y de aislamiento.

La situación genera un impacto humanitario y logístico significativo. Los camioneros enfrentan jornadas de hambre y agotamiento, con solo una comida diaria, mientras las mercaderías perecederas corren peligro. El cierre del paso no solo afecta a los transportistas paraguayos, sino que retrasa el comercio regional y genera preocupación entre las familias que esperan noticias desde el país.

Las autoridades de ambos países continúan monitoreando las condiciones climáticas para habilitar el tránsito lo antes posible y aliviar el drama de estos compatriotas.

El Instituto de Previsión Social (IPS) busca revertir la situación de desabastecimiento con la que se encontró la actual administración. Según explicó el presidente del IPS, Isaías Fretes, la institución llegó a registrar 255 medicamentos faltantes, lo que generó un escenario de zozobra y desesperación entre los asegurados.

La entidad señala que comenzó a trabajar prácticamente desde cero, sin disponibilidad presupuestaria suficiente y sin saldos contractuales para numerosos medicamentos. Ante esta situación, se implementaron distintas medidas para recuperar el abastecimiento, entre ellas una reprogramación presupuestaria de G. 180.000 millones destinada a medicamentos.

De este monto, ya se emitieron órdenes de entrega por aproximadamente G. 140.000 millones, correspondientes a cerca de 180 medicamentos. Como resultado de este proceso, más de 120 productos ya fueron recibidos y comenzaron a ser distribuidos en la red del IPS. Según la administración, esto permitió reducir significativamente el faltante de medicamentos, que pasó del 63% al 27%.

El IPS estima que en aproximadamente una semana se completará la recepción y distribución de las órdenes de entrega pendientes, permitiendo que los medicamentos lleguen a los distintos hospitales, centros ambulatorios y establecimientos de la red. La institución también aguarda nuevas adjudicaciones, entre ellas medicamentos oncológicos, con las cuales proyecta alcanzar aproximadamente el 97% de cobertura de su vademécum.

En paralelo, se trabaja para mejorar la distribución y evitar que los asegurados tengan que trasladarse necesariamente hasta los establecimientos del IPS. Uno de los proyectos planteados es que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en farmacias cercanas a sus domicilios, una iniciativa que, según adelantaron, podría comenzar a implementarse próximamente.

El médico forense Pablo Lemir confirmó hoy que la causa de muerte de la adolescente Roselín Florentín fue asfixia por inmersión, según los resultados de la autopsia realizada al cuerpo hallado enterrado en una vivienda en Caazapá. Explicó que su fallecimiento se habría dado hace siete días atrás, cuando se había dado su desaparición.

Lemir señaló que el cuerpo presentaba múltiples signos de violencia posteriores al fallecimiento. Confirmó que se trató de un desmembramiento total, con separación de extremidades a nivel de las articulaciones.

También indicó que no se pudo determinar si hubo abuso sexual debido al estado del cuerpo, y descartó que la adolescente estuviera embarazada.

El forense explicó que intentaron obtener muestras biológicas para buscar sustancias, pero las condiciones del cuerpo no lo permitieron. “No tenemos sangre para explorar, no tenemos orina. Intentamos sacar fluidos del ojo y tampoco pudimos”, manifestó.

La investigación por supuesto millonario desfalco al Instituto de Previsión Social (IPS) que tiene en la mira a dos ex presidentes de la previsional, podría alcanzar a miembros del Consejo de Administración de la entidad, según confirmó el abogado Pablo Morínigo, director jurídico de la institución, en una conferencia de prensa brindada este miércoles.

“Se va a evaluar las actas del consejo para evaluar su conducta. Podría pasar que exista una eventual ampliación de la imputación si es que hay méritos respecto a los consejeros que dieron su aval a los hechos denunciados descritos en la imputación”, señaló el abogado en conferencia de prensa.

Hasta el momento son nueve los imputados en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza llevado adelante por el fiscal Julio Ortiz acerca de la compra de quirófanos modulares por parte de Neigtpart SA, que no cumplía con el contrato y aún así se emitían “adendas desordenadas” a su favor.

Entre los imputados se encuentran Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, ex presidentes del IPS, además de funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.

A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

De acuerdo con la investigación la licitación data de la época de la presidencia de Andrés Gubetich, solicitada por parte de directores de mantenimiento y de otra dependencia la realización del quirófano modular que es ganada por una empresa a la que se le paga G. 10.600 millones en concepto del 20% del G. 53 mil millones.

Agregó que tras seis meses de que no se hayan realizado las obras porque el IPS no hizo el espacio necesario dentro del edificio, se vuelve a solicitar un pago que es negado por Contrataciones Públicas; sin embargo, el entonces presidente Vicente Bataglia hace una adenda y una ampliación del plazo y se hacen dos pagos, uno de G. 5.300 millones y otro de cerca de G. 4 mil millones.

Sumario administrativo y querella adhesiva
Tras los hechos denunciados las autoridades anunciaron un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad de otros funcionarios en los hechos denunciados.

“(El) Sumario administrativo se haría porque es producto natural de cuando un funcionario es imputado por hechos que tienen que ver que tienen que ver con el con el IPS. Porque acá estamos hablando de hechos punibles de relevancia”, recalcó el abogado Morínigo.

El director jurídico adelantó también que la institución podría asumir la querella adhesiva en este caso, refiriéndose a la figura legal que permite a la víctima de un delito de acción penal pública unirse a la investigación y al juicio junto con el Ministerio Público.

El jefe del departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional explicó cómo se producen vulneraciones de cuentas bancarias por medio de ‘home banking’ y señaló los pasos que los usuarios pueden tomar para prevenir ser víctimas de ese tipo de ciberataque.

Esta semana, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) denunció que fue víctima de ciberdelincuentes que vulneraron una cuenta bancaria suya por medio de la página web de ‘home banking’ de su banco y la despojaron de más de 35 millones de guaraníes.

La parlamentaria afirmó que el ciberataque ocurrió luego de que ella intentara ingresar a su plataforma de ‘home banking’ con su contraseña y ‘token’ digital – una clave única para cada dispositivo que se usa para acceder a la cuenta – y el sistema le pidiera una doble verificación de ese ‘token’.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que una conclusión objetiva sobre lo que le ocurrió a la diputada Vallejo solo puede surgir si se analiza la computadora que utilizó la parlamentaria cuando sus datos fueron vulnerados.

Posible ataque con ‘troyano’
Sin embargo, dijo que, en base al relato de la legisladora, su computadora estaría infectada por un “malware troyano” que habría permitido a los atacantes obtener los datos de ingreso a la plataforma de ‘home banking’.

Se trataría de un tipo de virus informático que “transmite todo lo que realizamos”, explicó el comisario Alarcón.

“Cuando ingresás a la web para ingresar al ‘home banking’, el virus trasmite al atacante lo que acabás de teclear, tu usuario y contraseña, y puede incluso simular remotamente que usa tu IP (protocolo de internet, un número único asignado a cada dispositivo conectado a internet), engaña al servicio del banco y le hace creer que sos vos”, dijo.

Actualizar el sistema operativo y tener antivirus
El jefe policial explicó que los ‘troyanos’ tienen la capacidad de instalarse en un dispositivo aprovechando vulnerabilidades en su sistema operativo, en particular en dispositivos que no son frecuentemente actualizados o que no cuentan con antivirus.

“Lo mejor que podemos hacer es actualizar siempre el sistema operativo”, subrayó, y enfatizó que las personas que guardan información sensible en sus dispositivos también deberían considerar “adquirir un antivirus que permita filtrar todos estos ataques”.

La Dirección General de Empleo (DGE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), anunció una convocatoria para cubrir más de 242 vacancias laborales en empresas del sector privado.

La jornada se llevará a cabo este viernes 31 de julio, de 08:00 a 12:00, en la sede de la institución, ubicada en avenida Perú esquina Río de Janeiro, Asunción. Los interesados deberán presentarse con su cédula de identidad y currículum vitae actualizado para participar del proceso de selección.

Como alternativa, los postulantes también podrán registrar sus datos y cargar su hoja de vida mediante el portal Emplea PY del MTESS, plataforma que permite vincular a trabajadores con empresas que cuentan con puestos disponibles.

Vacancias para distintos perfiles

La oferta laboral incluye oportunidades en áreas operativas, técnicas, administrativas y comerciales.

Entre los puestos requeridos figuran agentes de call center, cajeros, vendedores mayoristas, personal de trade marketing y cobradores externos. También se buscan trabajadores para el rubro de logística y transporte, como choferes, repartidores, ayudantes de reparto y responsables de operaciones logísticas.

En el sector gastronómico y comercial hay vacancias para cocineros, confiteros, panaderos, jefes de confitería, auxiliares de carnicería, auxiliares de barra y personal multifunción.

Asimismo, se ofrecen puestos para personas con conocimientos en oficios y áreas técnicas, como operadores de maquinaria pesada, operarios de motosierras, soldadores, metalmecánicos, herreros, ayudantes de carpintería, ayudantes de taller, montadores, ploteadores y oficiales de obras viales.

La convocatoria también contempla cargos en servicios y administración, entre ellos auxiliares de limpieza, auxiliares de playa, prevención de pérdidas, mantenimiento de áreas verdes, analista de control de existencias, auxiliar de reclutamiento y selección y diseñador gráfico.

Desde el MTESS recomiendan a los postulantes acudir con anticipación y contar con la documentación necesaria para agilizar el proceso. Las inscripciones también están disponibles en el portal emplea.mtess.gov.py.

Miles de víctimas de un supuesto esquema de estafas que ha sido denominado ‘Mafia de los pagarés’, que involucra a abogados, a empresas de cobranzas y funcionarios del Poder Judicial, continúan reclamando justicia mientras numerosos procesos judiciales vinculados al caso continúan su desarrollo.

Se ha denominado “mafia de los pagarés” a un esquema de supuesto fraude por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

Unas 17.000 familias afectadas por embargos irregulares se encuentran aglomeradas en la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, una organización creada para impulsar la defensa de los derechos de los afectados.

Sin embargo, en conversación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Jorge Rolón Luna, quien ha denunciado el caso, dice creer que “decenas de miles” de personas han sido víctimas de ese esquema fraudulento al menos durante las últimas dos décadas.

Esquema aprovecha el alto nivel de endeudamiento en Paraguay

Rolón Luna opinó que es “el caso más grande de corrupción judicial” en la historia del país, un “caso de corrupción sistemática y sistémica” perpetrado por “un mecanismo bien aceitado”.

Argumentó que el funcionamiento de ese mecanismo se apoyaba en un problema sistémico de la economía paraguaya: el “gran nivel de endeudamiento de la clase media y los sectores menos beneficiados por las bondades del sistema”.

“Hay muchísima gente endeudada que no puede acceder de ciertos bienes, que van desde viviendas hasta calzados, si no saca un crédito. La gente vive satisfaciendo sus necesidades básicas a partir del crédito”, dijo. “En ese ecosistema aparecen estos cuervos”.

Decenas de miles de víctimas

Insistió en afirmar que el esquema funcionaba desde hace al menos dos décadas y recordó que en 2015 hubo imputaciones por el mismo sistema fraudulento, aunque en ese entonces aún no se había acuñado la descripción de ‘Mafia de los pagarés’.

“Tenemos casas de crédito en Luque o Mariano Roque Alonso, empresas de cobranza; distintos actores que medran en este ecosistema de gente endeudada y la someten a la peor de las explotaciones”, agregó. “Hay gente que lleva 20 años sin poder salir de esto”.

El abogado indicó que la gran mayoría de las víctimas de la ‘Mafia de los pagarés’ son funcionarios públicos y afirmó que en las instituciones públicas “existen mafias internas que coluden” con el esquema, incluyendo a funcionarios de asociaciones de empleados que “pasan información sobre la situación patrimonial” de los trabajadores.

Pasividad de la Corte Suprema

Rolón Luna manifestó que el hecho de que muchos deudores fueron llevados a juicios de embargo sin haber sido notificados se debe a que no se han respetado las normas procesales que deberían impedir el avance de causas sin notificación a la parte demandada, anulando el principio procesal básico de la bilateralidad, que debe garantizar el derecho a la defensa de una persona demandada.

Cuestionó también el silencio y la falta de proactividad que ha demostrado la Corte Suprema de Justicia ante un escándalo que compromete gravemente al Poder Judicial.

Opinó que, en parte, se debe a que “la Corte no quiere admitir lo vergonzoso que ha sido esto para el Poder Judicial”, pero señaló también que “es un negocio muy grande” con el cual “muchos bolsillos se cargan”.

La mayor incursión antidrogas es ejecutada por miembros de las Fuerzas Especiales y Agentes Especiales Antidrogas de la SENAD, con apoyo de helicópteros de la Policía Federal del Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya, además del respaldo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Los procedimientos cuentan con el acompañamiento del agente fiscal Celso Morales, del Ministerio Público, y se desarrollan en el marco del convenio de cooperación vigente entre la Senad y la Policía Federal del Brasil.

La operación responde al principio de responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen organizado transnacional, considerando que más del 80% de la marihuana producida en territorio paraguayo tiene como destino el mercado ilícito brasileño, lo que convierte a Brasil en un aliado estratégico en el combate a las estructuras dedicadas a este negocio criminal.

El gran contingente operativo fue desplegado hasta Pedro Juan Caballero, desde donde comenzaron las incursiones aéreas y terrestres sobre extensas zonas previamente identificadas mediante tareas de inteligencia como importantes centros de producción de marihuana.

La Operación Nueva Alianza 56 se extenderá durante al menos dos semanas y tendrá como objetivo la destrucción sistemática de plantaciones, campamentos narcos, centros de procesamiento y toda la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales para sostener la producción y el tráfico de drogas.

Más allá de retirar toneladas de marihuana de circulación, la misión apunta a golpear directamente las finanzas del crimen organizado, eliminando la inversión realizada por estas estructuras ilícitas y provocando un millonario perjuicio económico a sus principales financistas.

La Operación Nueva Alianza es reconocida internacionalmente como un modelo exitoso de cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico y es considerada la mayor operación de erradicación de cultivos ilícitos del mundo, debido al extraordinario volumen de drogas que logra sacar de circulación durante cada edición, consolidándose como un referente de cooperación efectiva entre ambos países para enfrentar al crimen organizado transnacional.