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La Dirección General de Empleo (DGE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), anunció una convocatoria para cubrir más de 242 vacancias laborales en empresas del sector privado.

La jornada se llevará a cabo este viernes 31 de julio, de 08:00 a 12:00, en la sede de la institución, ubicada en avenida Perú esquina Río de Janeiro, Asunción. Los interesados deberán presentarse con su cédula de identidad y currículum vitae actualizado para participar del proceso de selección.

Como alternativa, los postulantes también podrán registrar sus datos y cargar su hoja de vida mediante el portal Emplea PY del MTESS, plataforma que permite vincular a trabajadores con empresas que cuentan con puestos disponibles.

Vacancias para distintos perfiles

La oferta laboral incluye oportunidades en áreas operativas, técnicas, administrativas y comerciales.

Entre los puestos requeridos figuran agentes de call center, cajeros, vendedores mayoristas, personal de trade marketing y cobradores externos. También se buscan trabajadores para el rubro de logística y transporte, como choferes, repartidores, ayudantes de reparto y responsables de operaciones logísticas.

En el sector gastronómico y comercial hay vacancias para cocineros, confiteros, panaderos, jefes de confitería, auxiliares de carnicería, auxiliares de barra y personal multifunción.

Asimismo, se ofrecen puestos para personas con conocimientos en oficios y áreas técnicas, como operadores de maquinaria pesada, operarios de motosierras, soldadores, metalmecánicos, herreros, ayudantes de carpintería, ayudantes de taller, montadores, ploteadores y oficiales de obras viales.

La convocatoria también contempla cargos en servicios y administración, entre ellos auxiliares de limpieza, auxiliares de playa, prevención de pérdidas, mantenimiento de áreas verdes, analista de control de existencias, auxiliar de reclutamiento y selección y diseñador gráfico.

Desde el MTESS recomiendan a los postulantes acudir con anticipación y contar con la documentación necesaria para agilizar el proceso. Las inscripciones también están disponibles en el portal emplea.mtess.gov.py.

Miles de víctimas de un supuesto esquema de estafas que ha sido denominado ‘Mafia de los pagarés’, que involucra a abogados, a empresas de cobranzas y funcionarios del Poder Judicial, continúan reclamando justicia mientras numerosos procesos judiciales vinculados al caso continúan su desarrollo.

Se ha denominado “mafia de los pagarés” a un esquema de supuesto fraude por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

Unas 17.000 familias afectadas por embargos irregulares se encuentran aglomeradas en la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, una organización creada para impulsar la defensa de los derechos de los afectados.

Sin embargo, en conversación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Jorge Rolón Luna, quien ha denunciado el caso, dice creer que “decenas de miles” de personas han sido víctimas de ese esquema fraudulento al menos durante las últimas dos décadas.

Esquema aprovecha el alto nivel de endeudamiento en Paraguay

Rolón Luna opinó que es “el caso más grande de corrupción judicial” en la historia del país, un “caso de corrupción sistemática y sistémica” perpetrado por “un mecanismo bien aceitado”.

Argumentó que el funcionamiento de ese mecanismo se apoyaba en un problema sistémico de la economía paraguaya: el “gran nivel de endeudamiento de la clase media y los sectores menos beneficiados por las bondades del sistema”.

“Hay muchísima gente endeudada que no puede acceder de ciertos bienes, que van desde viviendas hasta calzados, si no saca un crédito. La gente vive satisfaciendo sus necesidades básicas a partir del crédito”, dijo. “En ese ecosistema aparecen estos cuervos”.

Decenas de miles de víctimas

Insistió en afirmar que el esquema funcionaba desde hace al menos dos décadas y recordó que en 2015 hubo imputaciones por el mismo sistema fraudulento, aunque en ese entonces aún no se había acuñado la descripción de ‘Mafia de los pagarés’.

“Tenemos casas de crédito en Luque o Mariano Roque Alonso, empresas de cobranza; distintos actores que medran en este ecosistema de gente endeudada y la someten a la peor de las explotaciones”, agregó. “Hay gente que lleva 20 años sin poder salir de esto”.

El abogado indicó que la gran mayoría de las víctimas de la ‘Mafia de los pagarés’ son funcionarios públicos y afirmó que en las instituciones públicas “existen mafias internas que coluden” con el esquema, incluyendo a funcionarios de asociaciones de empleados que “pasan información sobre la situación patrimonial” de los trabajadores.

Pasividad de la Corte Suprema

Rolón Luna manifestó que el hecho de que muchos deudores fueron llevados a juicios de embargo sin haber sido notificados se debe a que no se han respetado las normas procesales que deberían impedir el avance de causas sin notificación a la parte demandada, anulando el principio procesal básico de la bilateralidad, que debe garantizar el derecho a la defensa de una persona demandada.

Cuestionó también el silencio y la falta de proactividad que ha demostrado la Corte Suprema de Justicia ante un escándalo que compromete gravemente al Poder Judicial.

Opinó que, en parte, se debe a que “la Corte no quiere admitir lo vergonzoso que ha sido esto para el Poder Judicial”, pero señaló también que “es un negocio muy grande” con el cual “muchos bolsillos se cargan”.

La mayor incursión antidrogas es ejecutada por miembros de las Fuerzas Especiales y Agentes Especiales Antidrogas de la SENAD, con apoyo de helicópteros de la Policía Federal del Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya, además del respaldo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Los procedimientos cuentan con el acompañamiento del agente fiscal Celso Morales, del Ministerio Público, y se desarrollan en el marco del convenio de cooperación vigente entre la Senad y la Policía Federal del Brasil.

La operación responde al principio de responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen organizado transnacional, considerando que más del 80% de la marihuana producida en territorio paraguayo tiene como destino el mercado ilícito brasileño, lo que convierte a Brasil en un aliado estratégico en el combate a las estructuras dedicadas a este negocio criminal.

El gran contingente operativo fue desplegado hasta Pedro Juan Caballero, desde donde comenzaron las incursiones aéreas y terrestres sobre extensas zonas previamente identificadas mediante tareas de inteligencia como importantes centros de producción de marihuana.

La Operación Nueva Alianza 56 se extenderá durante al menos dos semanas y tendrá como objetivo la destrucción sistemática de plantaciones, campamentos narcos, centros de procesamiento y toda la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales para sostener la producción y el tráfico de drogas.

Más allá de retirar toneladas de marihuana de circulación, la misión apunta a golpear directamente las finanzas del crimen organizado, eliminando la inversión realizada por estas estructuras ilícitas y provocando un millonario perjuicio económico a sus principales financistas.

La Operación Nueva Alianza es reconocida internacionalmente como un modelo exitoso de cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico y es considerada la mayor operación de erradicación de cultivos ilícitos del mundo, debido al extraordinario volumen de drogas que logra sacar de circulación durante cada edición, consolidándose como un referente de cooperación efectiva entre ambos países para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Agentes especiales del Departamento de Investigación y Monitoreo de Contenedores de la SENAD, en coordinación con funcionarios de la DNIT y con apoyo de seguridad del Puerto Terport, incautaron 311 kilos de marihuana de alta pureza ocultos en dos camionetas tipo pick-up procedentes de Miami, Estados Unidos.

El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, describió cómo estaban acondicionados los vehículos incautados en Villeta. «Estos dos vehículos son una especie de camioneta de gran porte. La parte de la estructura de la cabina se mantuvo de la camioneta original. El resto, la carrocería, está preparada como la de camiones de carga. En la parte trasera, en una especie de tanque amoldado, tenían los 311 kilos de marihuana premium en los dos vehículos», explicó.

«Fue un trabajo elaborado y preparado exclusivamente para esto. Esto salió así, no fue contaminado en el camino», afirmó Rachid. El ministro destacó la complejidad del operativo. «La verdad que fue un trabajo complicado. Comenzamos desde el perfilamiento, el origen. Miami es un punto caliente, ya sea por este tipo de cosas o las mismas encomiendas que caen casi todos los días en el aeropuerto», dijo.

«Nos quisieron ver la cara de boludos al enviar esto con un tanque y más todavía con el sellado de plomo. Hay una trazabilidad del puerto de origen al puerto de destino», agregó.

Rachid explicó el posible destino y las características de la droga incautada. «Brasil tiene un mercado de consumo impresionante de marihuana en líneas generales, desde la más común hasta este tipo, la premium», afirmó.

«Esta marihuana tiene un multiuso. Desde el porcentaje de THC que causa los efectos en las personas. El THC convencional tiene un porcentaje muy reducido en comparación con la marihuana premium, que tiene un porcentaje muy elevado», agregó.

El ministro indicó que el volumen incautado representa un perjuicio económico estimado de entre USD 3 y 4 millones para las organizaciones criminales. Rachid también se refirió al ataque ocurrido en un puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú. «Hay muchos problemas sociales y eso justamente representa un caldo de cultivo para estos grupos subversivos que están en el área», dijo.

«En lo que respecta a la SENAD, nosotros entramos a lugares de difícil acceso, tanto por la peligrosidad como por el terreno», concluyó.

El Ministerio Público informó que, hasta julio de este año, Paraguay registra 14 víctimas de feminicidio y 24 casos de tentativa de feminicidio, según los datos del Programa de Datos Abiertos sobre Violencia contra la Mujer. Las cifras reflejan el impacto de este tipo de violencia en el país y evidencian que, además de las víctimas directas, al menos 26 hijos quedaron afectados, de los cuales 19 son menores de edad.

De acuerdo con el informe oficial, las 14 víctimas corresponden a 13 causas abiertas, debido a que uno de los expedientes investiga la muerte de dos mujeres. Además, el Ministerio Público reportó tres casos investigados como tentativa de homicidio con víctimas colaterales, entre ellas un niño, y seis casos de agresiones graves perpetradas por exparejas.

El departamento Central concentra la mayor cantidad de casos, con nueve víctimas, seguido de Concepción con dos. Asunción, Canindeyú y Alto Paraná registran un caso cada uno. La mayoría de los hechos ocurrieron dentro de viviendas y, en nueve casos, los agresores utilizaron armas blancas. Asimismo, las estadísticas revelan que cuatro de los presuntos autores se suicidaron tras cometer los crímenes y que nueve fueron imputados por el Ministerio Público.

Entre los datos más preocupantes figura que 26 hijos quedaron como víctimas indirectas de estos hechos, de los cuales 19 son menores de edad. Además, una de las víctimas tenía apenas 12 años y dos pertenecían a comunidades indígenas.

El Ministerio Público recordó que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos y reiteró que este fenómeno abarca agresiones físicas, psicológicas, sexuales, amenazas, coacción y otras formas de violencia que afectan tanto el ámbito público como el privado.

Tras las críticas de los gremios productivos a la mezcla obligatoria de entre 8% y 10% de biodiésel en el gasoil tipo 3, el Gobierno habría aceptado reducir el porcentaje al 7%, según adelantó Héctor Cristaldo, titular de UGP. Aclaró que el acuerdo todavía no cuenta con una resolución oficial.

Desde el lunes pasado rige la obligatoriedad de comercializar gasoil tipo 3 con una mezcla de entre 8% y 10% de biodiésel. Sin embargo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, indicó que, tras conversaciones con las autoridades, existiría un acuerdo para disminuir temporalmente ese porcentaje.

“En principio queda al 7% hasta fin de año, después probablemente llegue al 8%, pero vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas”, expresó.

El titular de la UGP aclaró que el acuerdo todavía no fue formalizado mediante una resolución, por lo que la modificación aún no puede considerarse vigente.

“Es una conversación. Esperamos la resolución, que se formalice todo. Tenemos confianza, pero en la burocracia las cosas no se implementan mientras no están los papeles. Eso falta. Para nosotros es una gran tranquilidad”, declaró.

Gremios destacan apertura del MIC
Cristaldo valoró la predisposición del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para atender los cuestionamientos planteados por los gremios, que sostienen que el porcentaje de mezcla debe ajustarse a las recomendaciones de los fabricantes de vehículos.

“Hay mucha apertura y predisposición. Creo que es importante dar tranquilidad a la gente hasta que se conozca más, se entienda bien y se mantenga lo que se baja en ciencia que es la recomendación de los fabricantes y no entremos en un corre-corre por ir aumentando sin medir las consecuencias, porque es la gente que trabaja la que las pagará”, declaró.

Fabricantes recomiendan un máximo del 7%
El titular de la UGP indicó que no rechazan el uso del biodiesel, pero aclaró que esta debe mezclarse conforme al tope recomendado por los fabricantes.

“Hay una onda de que el biodiésel es la solución del mundo. Es buen combustible, pero en la dosis exacta”, expresó.

Según explicó el dirigente, los fabricantes de automóviles establecen que el 7% es el límite recomendado para la mezcla de biodiésel con gasoil. Sostuvo que superar ese porcentaje podría ocasionar inconvenientes en los vehículos.

El ataque al Puesto Policial Número N° 4 de Naranjito, en el Departamento de Canindeyú, fue perpetrado por miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según confirmó el ministro del Interior, Enrique Riera.

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, el secretario de Estado reveló que las pruebas de balística determinaron la autoría de la banda armada.

“Casquillos de bala levantados en la escena coinciden con la bala utilizada en la Comisaría de Ybyrarobaná en mayo del año pasado”, explicó el ministro refiriéndose al ataque ocurrido el 3 de mayo de 2025, cuando tres hombres armados dispararon unas 35 veces contra la sede y lanzaron una bomba molotov.

El ministro admitió que otras de las hipótesis apuntaban a la autoría de capos de narcotráfico que operan en la zona pero que las pruebas colectadas llevaron a confirmar la autoría del EPP.

“Todo el modus operandi nos llevaba a eso (a la autoría del EPP). La crueldad de ejecutar a suboficiales inocentes, quemar una subcomisaría, una patrullera, es claramente un mensaje político”, sentenció.

Las autoridades afirman que se trata de una reagrupación del grupo armado, ahora liderado por Ernesto Daniel Villaba Meza, alias Osvaldito, hijo del fallecido Osvaldo Villalba y su pareja, Magna Meza.

El joven tendría alrededor de 20 a 21 años, fue criado por su abuela en Argentina y vino a Paraguay para liderar una nueva generación de la banda armada que opera en el norte y otros puntos del país, mencionó el ministro del Interior.

María Teresa Barán reconoció el monto que arrastra la cartera sanitaria y responsabilizó a gestiones anteriores. Señaló que el presupuesto actual es de USD 1.300 millones, pero se necesitan USD 2.100 millones.

El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general Alberto Gaona, confirmó que su unidad no contó con ninguna alerta de inteligencia ni indicio previo sobre el ataque ocurrido en Naranjito, departamento de Canindeyú. El hecho dejó tres personas fallecidas y afectó a un puesto policial, que fue atacado e incendiado. Gaona explicó que las fuerzas militares ahora apoyan las labores de la Policía Nacional en la zona, tras recibir una solicitud directa del comandante policial local.

Gaona detalló que la Subárea de Pacificación Número 5 del CODI tiene a su cargo las operaciones en Canindeyú. La base más cercana se encuentra a 65 kilómetros de los puestos policiales afectados, lo que dificulta una respuesta inmediata. Según el general, el CODI no detectó señales que permitieran anticipar el ataque y solo intervino después de ser contactado por las autoridades policiales.

El militar aclaró que en este momento las investigaciones se encuentran en etapa inicial. “Son varios los grupos criminales que entran en el abanico de opciones”, señaló, mencionando entre las posibilidades al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al Primer Comando da Capital (PCC) y al grupo liderado por alias “Macho”. Gaona enfatizó que se trabajará con los indicios recogidos en el lugar para avanzar en la identificación de los responsables.

El general informó que el CODI está desplegando personal para cubrir vías de acceso y escape en la zona, según lo requiera la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Nosotros como CODI estamos apoyando con presencia militar en la zona”, afirmó, mientras reiteró que la investigación principal corresponde a las autoridades civiles.

Las autoridades continúan recolectando evidencia en el sitio del ataque para esclarecer los hechos. El CODI mantiene su apoyo operativo mientras avanzan las pesquisas, en un contexto de creciente presencia de grupos criminales en la frontera este del país.

El fiscal Óscar Paredes, encargado de la investigación, reveló que el ataque al Puesto Policial N°4 de Naranjito, en el que murieron dos suboficiales y un civil, fue perpetrado por alrededor de 20 hombres que llegaron a pie y hablaban guaraní. Hasta el momento a ningún grupo criminal se le atribuyó el hecho.

Un grupo de alrededor de 20 a 30 hombres fuertemente armados irrumpió, durante la noche del martes, el puesto policial de la colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, y asesinó a sangre fría a dos suboficiales y un civil.

Los atacantes llegaron a pie, ni bien ingresaron comenzaron a disparar, explicó el fiscal Óscar Paredes, quien aún no pudo determinar a qué grupo criminal pertenecen los criminales.

“Estamos recabando todas las evidencias, realizando las diligencias a fin de que nos pueda aclarar luz y determinar con precisión qué grupo criminal realizó el ataque, porque tenemos lastimosamente en la zona varios grupos criminales”, admitió el investigador en comunicación con radio Monumental 1080 este miércoles.

Los intervinientes no descartan que se pueda tratar del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o de hombres ligados al clan criminal ligado a Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

“Irrumpieron la comisaría y llegaron caminando, pero llegaron ya disparando, los policías ya no tuvieron tiempo de reaccionar. Prácticamente ejecutaron a dos de ellos”, agregó.

Un suboficial que sobrevivió al hecho pudo escuchar que los atacantes hablaban en guaraní, que usaban ropas camufladas y botas. Usaban armas de grueso calibre y se retiraron del sitio a pie. Sin embargo, refieren que dejaron estacionados dos vehículos a unos metros del puesto atacado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 del último martes, cuando los atacantes, según los primeros informes, salieron de un pastizal ubicado frente a la sede policial, situada sobre la ruta PY03, a unos 60 kilómetros de Curuguaty.

En el sitio fallecieron los suboficiales Herminio Ojeda González (33), Atilio Martínez Barrios(40) y Josemar Escobar Piris (37), civil que fungía de secretario de los agentes, según explicó el fiscal del caso.

Policía sobreviviente se habría hecho pasar por muerto
El único sobreviviente del brutal ataque fue el suboficial Víctor Gavilán (47), que se encontraba en una patrullera cuando llegaron los hombres armados. El hombre recibió un refilón de bala y se hizo pasar por muerto, reveló el agente del Ministerio Público.

Los atacantes luego de ejecutar a los agentes y a un civil, utilizaron bombas molotov para incendiar cuatro vehículos, una edificación y también tiraron una bomba molotov en la parte trasera del puesto policial.

Los rodados que sufrieron daños fueron una patrullera de la Policía Nacional, marca Chevrolet; una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, sin chapa; un automóvil de la marca, Toyota modelo premio, sin chapa; y un automóvil de la marca Hyundai.

Como si se tratara de una escena de película de acción, el suboficial Gavilán logró escabullirse en medio de las llamas, llegando hasta una zona boscosa.

El uniformado brindó detalles de lo ocurrido a los intervinientes. Fue llevado primeramente a un centro asistencial de la zona y luego trasladado al hospital de Policía en Asunción donde se encuentra internado “lúcido” y “estable”.