El juez de ejecución penal Carlos Mendoza otorgó prisión domiciliaria con tobillera electrónica por un plazo de 90 días al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, quien pasará a cumplir parte de su condena de 10 años de cárcel en su casa ubicada en la ciudad de Emboscada. La decisión se da debido a las condiciones de salud del condenado tras el accidente que sufrió en su celda en septiembre pasado.
González Alegre deberá guardar reclusión en su domicilio bajo estricto control del Trabajador Social y el Médico Forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio y remitir, antes del vencimiento del plazo fijado, informes actualizados al Juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver la continuidad, modificación o cese de la prisión domiciliaria.
En su argumentación, Mendoza refiere que hace lugar al pendido de la defensa debido a que el exnúmero 2 de la animación sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le dejó visibles secuelas físicas y neurológicas que afectan su autonomía personal. Los Médicos Forenses del Poder Judicial, del Ministerio Público y los Médicos ofrecidos por la Defensa, coincidieron en que el mismo no puede valerse por sí solo.
En su fallo, el juez Mendoza también estableció que el cuidado cotidiano del condenado en el domicilio fijado estará a cargo de su pareja y de los familiares que asuman expresamente esa función, debiendo dejarse constancia de su aceptación, identidad y teléfonos de contacto. Los mismos deberán asegurar la presencia y continuidad del personal profesional y de enfermería indicado, el suministro de medicamentos, la rehabilitación prescrita, la asistencia a controles autorizados y la comunicación inmediata al Juzgado de cualquier
incumplimiento o cambio relevante de su estado.
Ante una urgencia médica, el magistrado dispuso que estos activen inmediatamente la asistencia y el traslado al centro sanitario, dando aviso simultáneo o tan pronto sea posible al Juzgado y a la OMDEC, sin demorar la atención.
Según el cómputo realizado anteriormente por el juzgado, el exgobernador Hugo Javier González Alegre cumplirá la totalidad de su condena de 10 años de prisión el 6 de mayo de 2033 y podrá solicitar su libertad condicional el 6 de enero del 2030. El mismo fue sentenciado por el desvío de G. 5.105 millones de fondos COVID-19.
El exjefe departamental fue condenado por lesión de confianza en casos especialmente graves y por producción de documentos no auténticos, tras firmar y autorizar los desembolsos a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), dinero que finalmente fue a parar hasta el condenado Miguel Ángel Robles.
Durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia tuvo por probado que el ex número dos de la animación y los demás acusados realizaron un esquema para lograr los desembolsos irregulares, que supuestamente iban destinados a la construcción de obras que, en algunos casos, ya estaban construidas.
Para justificar dicha situación, se presentó una primera rendición de cuentas de dichos fondos utilizando facturas clonadas. Posteriormente, se presentó una segunda rendición de cuentas buscando «maquillar» la situación, que ya había sido expuesta por la Contraloría General.

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