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Familiares de pacientes de Urgencias en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) hablaron a ABC Color sobre las condiciones inadecuadas del albergue habilitado para ellos en el centro de salud.

Muchos familiares de pacientes atendidos en el área de Urgencias se ven obligados a pernoctar en ese albergue, y algunos de ellos coincidieron en indicar problemas de higiene y comodidades básicas.

En conversación con ABC, Guido Morel, quien dijo estar en el albergue desde el pasado domingo, indicó que falta limpieza en el albergue y en especial en los baños.

Además, señaló que faltan frazadas para abrigar a las personas ante el intenso frío y que el sistema de calefacción del albergue no está funcionando.

“Pasamos frío y hambre”
Una mujer que dijo estar quedándose en el albergue pendiente de su madre, quien debe someterse a un procedimiento médico, hizo eco a esos reclamos.

“Pasamos frío y hambre”, dijo.

Agregó que la falta de insumos y medicamentos, que deberían ser provistos de forma gratuita por la previsional, también es un problema grave. Dijo haber gastado 7 millones de guaraníes solo en insumos que su familia tuvo que comprar.

Familiares de pacientes en otros albergues del IPS, como el de Terapia Intensiva, han hecho reclamos parecidos en el pasado. En marzo, en época de calor extremo, ese albergue estuvo cuatro días sin suministro de energía eléctrica.

Agentes Especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en coordinación con el fiscal Marco Amarilla, ejecutaron la operación denominada “Cable guy Ñemopotî”, consistente en allanamientos simultáneos a dos viviendas ubicadas en el barrio Maramburé de la ciudad de Luque, donde funcionaba un esquema de distribución de drogas destinado principalmente al narcomenudeo.

Durante los procedimientos fueron incautados 343,4 gramos de pasta base de cocaína, equivalentes a aproximadamente 2.403 dosis de crack y 14,3 gramos de clorhidrato de cocaína, que representan alrededor de 28 dosis. En total, la operación permitió sacar de circulación cerca de 2.431 dosis de drogas que tenían como destino abastecer focos de consumo y distribución en la zona intervenida.

Además de las sustancias ilícitas, los Agentes Especiales incautaron dinero en efectivo, balanzas de precisión, aparatos celulares y una camioneta de la marca Mitsubishi, presumiblemente utilizada dentro del esquema investigado.

Como resultado de la operación fueron detenidos Nicolás Aguilera alias «Kolá», de 53 años, quien registra antecedentes por tráfico de drogas, y Néstor Damián Martínez Machuca, de 27 años, con antecedentes por hurto agravado.

Las investigaciones permitieron establecer que ambas viviendas formaban parte de una misma estructura de distribución de drogas, cuyo funcionamiento generaba una fuerte afectación social en el entorno, alimentando situaciones de consumo problemático, inseguridad y hechos delictivos asociados al microtráfico.

El microtráfico representa una de las expresiones más dañinas del narcotráfico, debido a su impacto directo sobre barrios y comunidades vulnerables, donde el crack y otras drogas terminan deteriorando el tejido social, afectando especialmente a jóvenes y familias enteras.

Este tipo de intervenciones forman parte de las acciones impulsadas en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, orientadas a reducir la oferta de drogas y recuperar espacios afectados por estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo.

El Ministerio Público presentó acusación por los hechos de lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la Ley 1340 y pidió que Gianina García Troche afronte un juicio oral, ya que contra ella se tiene la sospecha fuerte que habría sido clave en el esquema de su ex pareja Sebastián Marset, creando una empresa para lavar dinero.

La mujer, ciudadana uruguaya, se instaló en el país en octubre del 2019 junto a su esposo.

Tiempo después, el 3 de mayo del 2021, Gianina García y Alexis Vidal González (también procesado en el caso A Ultranza) crearon la empresa Grupo San Jorge SA (Total Cars), “para emitir las facturas a nombre de la empresa Total Cars”, pero que sería de fachada y para lavar dinero.

Le insertaron un capital social de G. 1.000 millones y le correspondía a ella el 75%, por lo que ella quedó como presidenta de la entidad.

Dicha empresa estuvo presente como supuesto patrocinador de actividades deportivas y de artes marciales.

Gianina García luego también habría habilitado una cuenta en un banco presentando un certificado de trabajo aparentemente falso, diciendo que era propietaria de un tracto – camión habilitado por la Transportadora Kuarahy SRL.

La cuenta era para poner en circulación en el sistema financiero nacional el dinero ilícito, “justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas”.

Según la Fiscalía, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó esa supuesta sociedad.

Pese a que Marset, desde la clandestinidad negó que ella esté involucrada en el esquema, en el informe de inteligencia de la Policía la incluye en el bloque investigativo porque habría sido “facilitadora, administradora y testaferro” de la organización.

Recluida en el país desde 2025
Gianina García Troche llegó al país en la mañana del 21 de mayo del 2025. Está imputada por supuesto lavado de dinero desde el 2022, pero estaba prófuga de la Justicia, hasta que en el 2024 fue detenida en España, tras volver de Emiratos Árabes.

Desde su arribó al país, su reclusión estuvo marcada por episodios graves, que incluso costó el cargo a dos jefes del penal militar de Viñas Cué, quienes le habrían otorgado privilegios y a través de eso obtuvo una celda casi vip.

Luego de eso, fue trasladada al penal de Emboscada, donde permanece hasta hoy. Allí, hace unos días, ella declaró por segunda vez ante el fiscal Deny Yoon Pak.

El apoderado del movimiento Frente Radical del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Diego Garcete, relató que durante una prueba aleatoria realizada con las máquinas de votación, abarcando una, dos o tres mesas por departamento, se detectó una “falla grave” en la máquina que correspondía a Edelira. Al realizarse el simulacro de voto, la máquina imprimió un boletín de forma completa, pero el siguiente boletín se imprimió solo al 50%.

“Mi postura particular es que, al no imprimirse el boletín de forma íntegra, se rompe el principio del escrutinio público. Si ese boletín incompleto llega a depositarse en la urna, al momento del conteo, el miembro de mesa lo va a mostrar y el voto impreso va a estar incompleto, a pesar de que el sistema electrónico de la máquina sí haya contabilizado el voto de forma íntegra. Esto genera una contradicción peligrosa”, expresó Garcete.

Precisó que ante esa situación, se trasladó la consulta a Francisco Pérez, administrador y representante de la empresa proveedora de máquinas de votación, y al personal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). “No recibimos una respuesta clara sobre si se trataba de un problema de las máquinas, del boletín o del sistema. Al momento de registrarse el error, tanto la gente de Informática del TSJE y los representantes de la empresa desaparecieron, dejándonos sin explicaciones”, expresó.

“Nos indicaron que supuestamente esa máquina fue trasladada al laboratorio para emitir un informe por escrito. Sin embargo, no sabemos qué máquina van a revisar realmente porque no fue individualizada debidamente en el momento”, señaló.

Agregó que una impresión parcial genera un caos en el escrutinio, ya que el manual de procedimiento no contempla este escenario. “El manual establece que las boletas sin ninguna impresión son nulas, pero no determina un procedimiento para impresiones parciales. Estadísticamente es preocupante”, manifestó.

Para la senadora liberal Celeste Amarilla, las máquinas de votación facilitan el uso de dinero sucio para llegar al poder. Cree que los equipos son vulnerables y que pueden deslegitimar el proceso electoral.

“Ayer escucharon que mientras se estaban auditando las máquinas falló una, no coincidía lo que estaba en la máquina con el papel que emitió”, dijo Celeste Amarilla sobre el incidente que también denunció la colorada Lilian Samaniego.

En ese sentido insistió en que se debe instalar una mesa de partidos para evaluar el uso de las máquinas de votación y el sistema electoral, ya que considera que las listas desbloqueadas facilitan el ingreso de cualquier figura que aporte caudal económico e hizo alusión al caso Erico Galeano, quien fue a prisión por vínculos con el narcotráfico.

En el boletín que corresponde al PLRA debe haber 8 casillas de candidatos; sin embargo, una de las máquinas imprimió solo 6 casillas.

“Hoy nadie tiene el volante, se presenta cualquiera y si tiene dinero, pasó la interna, pasó la nacional y ya no puede el órgano partidario, la estructura ya no puede responder”, advirtió Celeste.

Lilian Samaniego se refirió al pedido de auditoría que realizó primeramente su sector dentro de la ANR y que fue tomado como una postura institucional por parte del Tribunal Electoral Partidario (TEP) y espera que el TSJE responda cuanto antes.

“Se prendió el software que no se debía prender porque falló el programa de protección y debido a ese se suspendió la verificación hasta la tarde”, comentó sobre el problema Samaniego.

Carlos María Ljubetic, director de la Unidad de Procesos Electorales de la Justicia Electoral, respondió que efectivamente una de las máquinas falló al imprimir incompleta una boleta. “Pero es normal que alguna máquina pueda fallar. Al sustituirla todo funcionó normalmente”, manifestó.

El agente fiscal Orlando Quintana, titular de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente n.º 1 de Alto Paraná, encabezó ayer martes 19 de mayo el allanamiento en un inmueble rural del distrito de Itakyry. El procedimiento, ejecutado en cumplimiento de un mandamiento judicial, permitió constatar la presunta tala y transformación de 40 hectáreas de bosque nativo para el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios.

Estas tareas se habrían realizado en presunta violación a la Ley n.º 6676, “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental”. Según datos fiscales, el inmueble intervenido corresponde al Padrón n.º 951, Finca 2, con una superficie total de 49 hectáreas y 9.999 m², propiedad de la empresa Agro Integración SRL.

De acuerdo con los intervinientes, tras la remoción de la cobertura forestal, los restos de la vegetación habrían sido acumulados, escollerados y enterrados en fosas abiertas en el mismo predio, metodología utilizada para la disposición del material vegetal.

Finalmente, en el marco del operativo, se procedió a la incautación de las maquinarias pesadas utilizadas en el sitio, entre ellas, una topadora, palas cargadoras, retroexcavadoras y tractores agrícolas.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció este lunes la apertura del mercado de los Emiratos Árabes Unidos para las exportaciones paraguayas de productos cárnicos de la especie aviar, en lo que calificó como un importante logro para el fortalecimiento de la presencia de los productos nacionales en mercados internacionales.

Según el comunicado oficial, esta habilitación sanitaria es el resultado de un trabajo técnico y diplomático desarrollado de manera conjunta entre el Senacsa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la República del Paraguay en los Emiratos Árabes Unidos.

Desde la institución señalaron que el nuevo destino comercial representa una oportunidad estratégica para el crecimiento de las exportaciones paraguayas del sector avícola, considerando que Emiratos Árabes Unidos se posiciona como uno de los principales importadores de carne aviar de Medio Oriente.

De acuerdo con los datos difundidos por Senacsa, las importaciones de carne aviar en ese país alcanzaron un valor cercano a los USD 1.300 millones en 2025, lo que genera expectativas positivas para la industria nacional.

Asimismo, el organismo destacó que la apertura de este mercado constituye un reconocimiento a la solidez y confiabilidad del sistema sanitario paraguayo, así como al compromiso del país con la calidad e inocuidad de los productos de origen animal.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) emitió una alerta a la ciudadanía ante la circulación de mensajes fraudulentos que promocionan un supuesto subsidio económico denominado “Bono Mujer ₲600.000 MAYO”, utilizando de manera indebida la imagen del Gobierno del Paraguay.

Según informaron, los mensajes son difundidos principalmente a través de SMS y otras plataformas de mensajería, con el objetivo de redirigir a las personas a un sitio web malicioso para obtener datos personales y financieros de las víctimas.

Las autoridades advirtieron que se trata de un caso de phishing, una modalidad de estafa digital que busca engañar a los usuarios mediante páginas falsas y promesas de beneficios económicos inexistentes.

Además, indicaron que los responsables utilizan perfiles falsos y comentarios con testimonios ficticios para aparentar legitimidad y generar confianza entre los usuarios.

Desde Mitic recomendaron verificar siempre la dirección web antes de ingresar cualquier información personal. Explicaron que el enlace detectado utiliza un dominio no oficial “paraguaybonomujer.org”, mientras que los portales legítimos del Estado paraguayo siempre terminan en “.gov.py”.

También recordaron que ningún programa social del Gobierno exige compartir enlaces con contactos como requisito para acceder a beneficios o subsidios.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a no proporcionar datos sensibles, números de cédula, información bancaria ni datos de billeteras electrónicas en enlaces recibidos por mensajería.

Finalmente, recomendaron informarse únicamente a través de canales oficiales y reportar inmediatamente cualquier mensaje sospechoso relacionado con este falso beneficio social.

Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak solicitaron la prisión preventiva del senador renunciante Erico Galeano (ANR), en la causa en la que fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero producto del narcotráfico y por asociación criminal.

Señalan que el presupuesto mencionado por el Tribunal de Sentencia que impidió la aplicación de la prisión preventiva desaparece completamente con la salida de Galeano del Congreso, por lo que consideran que corresponde aplicar la medida cautelar. Esto considerando que la condena se encuentra confirmada por el Tribunal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado

«Al tener en cuenta la gravedad de los hechos y la elevada cuantía de pena dictada existe la necesidad de asegurar el sometimiento del condenado a este proceso penal, y al mismo tiempo asegurar la aplicación de la pena impuesta», señala parte del escrito presentado al Tribunal de Sentencia.

Igualmente, se dejó a criterio del Tribunal de Sentencia, si así lo considera, la solicitud en carácter urgente de un informe oficial a la Presidencia de la Cámara de Senadores, respecto a la investidura y situación actual de Erico Galeano.

En el Día Internacional de la Enfermería, trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron frente al Hospital Ingavi para denunciar salarios por debajo del mínimo, sobrecarga laboral, falta de insumos y presuntos acosos laborales dentro de la previsional. Señalan que el nuevo presidente les da esperanzas, pero esperan respuestas.

Desde antes de las 7:00 de este martes, enfermeras y enfermeros del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente al Ingavi de Fernando de la Mora.

La secretaria general del Sindicato Auténtico en Defensa del IPS, la licenciada Marina Ayala, sostuvo que los trabajadores del sector fueron “olvidados y abandonados” por las autoridades de la previsional. Aseguró que miles de trabajadores continúan percibiendo salarios insuficientes pese a la alta carga laboral.

Más de 4.300 enfermeros no perciben salario mínimo, aseguran
Según detalló la dirigente sindical, alrededor de 4.300 enfermeras y enfermeros contratados no perciben el salario mínimo, mientras que más de 3.000 trabajadores llevan hasta 15 años sin ajustes salariales.

Ayala afirmó que varios funcionarios reciben salarios de aproximadamente G. 2.700.000, pero tras los descuentos legales, terminan cobrando montos inferiores al salario mínimo vigente.

“Las compañeras y compañeros no pueden seguir percibiendo este salario”, reclamó.

Asimismo, recordó que en el Congreso fueron aprobados G. 45.000 millones destinados a la equiparación salarial de enfermeros contratados, por lo que exigen que esos recursos sean ejecutados. “Hay plata, por eso seguimos exigiendo y esperamos que esta nueva administración haga justicia a los trabajadores”, manifestó.

Denuncian persecución y acoso laboral en el IPS
Por otra parte, las enfermeras aprovecharon la oportunidad para denunciar hechos de presuntos acosos laborales y persecución interna.

De acuerdo con Ayala, los trabajadores viven en un ambiente de “zozobra” debido a presiones constantes y supuestos atropellos por parte de jefaturas y de la Dirección de Enfermería.

“Denunciamos principalmente a los jefes y a la Dirección de Enfermería porque es una política de la dirección que los compañeros no estén trabajando en las mejores condiciones”, sostuvo.

La sindicalista indicó que las denuncias ya habían sido presentadas durante la administración anterior sin resultados favorables, aunque aseguró que mantienen expectativas con la nueva administración encabezada por el presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes.

“Hoy hay una esperanza de que va a trabajar y no está de acuerdo con ningún tipo de acoso laboral ni atropello al derecho de los trabajadores del IPS”, expresó.

Falta de insumos y escasez de personal agravan crisis
La representante sindical también cuestionó las condiciones de trabajo en los servicios hospitalarios, sobre todo ante la grave carencia de insumos básicos y personal.

Indicó que en áreas críticas, como urgencias, faltan equipos esenciales como saturómetros, tensiómetros y glucómetros, lo que obliga al personal a solicitar prestados dispositivos de otros sectores.

“Trabajamos mal, no hay insumos, faltan herramientas de trabajo. Encima de todo eso se suma más trabajo para el personal de enfermería”, lamentó.

Además, denunció la escasez de personal de apoyo, como transportadores y proveedores, situación que —según afirmó— termina siendo absorbida por los profesionales de enfermería. “Las enfermeras somos muy abnegadas, entregadas al servicio, pero esto ya está abusando de todos los compañeros trabajadores”, concluyó.

En la noche del lunes se produjo un violento choque entre tractocamión y un automóvil sobre la ruta PY10 Las Residentas, a la altura del km 170, en el barrio San José de Félix Pérez Cardozo, Departamento de Guairá.

De acuerdo al informe policial, los tres fallecidos viajaban a bordo de un automóvil Volkswagen Bora con matrícula argentina. El choque se produjo en una curva pronunciada, indicaron los intervinientes.

Se trata de Carlos Rafael de los Santos Vera (45), quien conducía el automóvil, además de Venancia Medina (53), y Emigdia Medina Ayala (83), quienes estaban en el vehículo como acompañantes. Los tres tenían como destino la ciudad de Caballero, Departamento de Paraguarí.

Por su parte, Richar Bogado (39), conductor del tractocamión, resultó ileso en el percance. Manifestó a los intervinientes que circulaba con dirección a Villarrica cuando ocurrió el choque frontal con el automóvil que transitaba en sentido contrario.

Bomberos Voluntarios de Félix Pérez Cardozo y Villarrica llegaron al lugar y asistieron a las víctimas, sacándolas del habitáculo y constatando posteriormente que las tres personas ya no presentaban signos de vida.

El caso fue comunicado a la fiscal Gladys Giménez, quien se constituyó en el lugar junto al médico forense Alfredo Lichi y personal de Criminalística para las diligencias correspondientes.