La exsenadora Kattya González opinó hoy que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la acción de inconstitucionalidad que ella presentó contra su expulsión del Senado es evidencia de que la máxima instancia judicial “se arrodilló ante el poder político” y advirtió de que el fallo podría tener “efectos muy devastadores para la República”. Anunció que llevará el caso a instancias internacionales.
Ayer, lunes, la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad que presentó a principios de 2024 la exsenadora opositora Kattya González contra la resolución de la Cámara de Senadores que decidió su expulsión del Congreso Nacional.
Con seis votos en contra y tres a favor, la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar al reclamo que presentó Kattya González contra de la Resolución 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados.
La acción constitucional fue rechazada por los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Armando Kriskovich. En contraste, votaron por hacer lugar a la acción los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.
Kattya recurrirá a instancias internacionales
En comunicación con ABC Cardinal este martes, la exsenadora Kattya González adelantó que llevará el caso a instancias internacionales y comentó que aún está analizando si recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas.
Haciendo eco a declaraciones que hizo ayer tras la divulgación de la decisión de la Corte Suprema, González enfatizó que es necesario “hacer consideraciones de los alcances de esta resolución” más allá de lo que le atañe a ella personalmente y pensar en los efectos que puede tener a futuro.
“Lo que hace la Corte Suprema es dar un cheque en blanco al Poder Legislativo para que se reúnan y decidan expulsar a cualquier miembro que moleste, sin fundamentación y sin tener en cuenta los estándares que establece nuestro marco constitucional en cuanto al debido proceso”, dijo.
“Estamos ante un escándalo de proporciones graves y efectos muy devastadores para la República” en el cual el “bastión de protección” jurídica que debería ser la Corte Suprema se “arrodilló ante el poder político”, subrayó.
Insiste en que se violaron sus derechos constitucionales
La exlegisladora señaló que su estrategia en combatir la resolución del Senado que la expulsó no se apoyó en la cuestión de fondo en que se basó el proceso de pérdida de investidura impulsado por la mayoría cartista en el Senado, que la acusó de supuesto uso indebido de influencias; sino en la forma que se dio el proceso de expulsión, durante el cual, según argumenta González, se violó su derecho constitucional a la defensa.
Insistió en que no fue notificada de la acusación en su contra y que el Senado no ha podido “acercar un solo documento” que pruebe que ella sí fue notificada, en violación de los derechos procesales establecidos en el Artículo 17 de la Constitución Nacional.
“¿Dónde queda el Artículo 17, el derecho a ser oído, anoticiado y tener un plazo razonable de defensa, de al menos unas horas?”, preguntó.
Expulsión contraria al reglamento del Senado
La exsenadora González recordó que su expulsión se dio en medio del periodo de receso parlamentario y fue aprobada apenas con una mayoría simple de la mitad más uno de los senadores, a pesar de que el reglamento interno del Senado – según la Resolución 429/2023 de la Cámara Alta – exigía una mayoría de dos tercios para aprobar una pérdida de investidura.
El argumento presentado contra ese punto por el ministro de Corte Alberto Martínez Simón es que esa resolución del Senado – aprobada el 20 de diciembre de 2023, inmediatamente antes del receso parlamentario y menos de dos meses antes de la expulsión de González – aún no estaba vigente cuando la parlamentaria opositora fue expulsada.
Sin embargo, la exsenadora recordó que en la sesión del Senado en la que fue aprobada esa resolución el entonces presidente del Congreso Nacional dijo que la resolución entraba en vigencia de manera inmediata.
Recordó también que, antes de su expulsión, el cartismo intentó derogar la resolución 429 en una sesión que no se llevó a cabo por falta de quórum. Con ese acto, “el propio Congreso reconoce la vigencia” de esa resolución, opinó González.
La postura de Martínez Simón evidencia “un desconocimiento muy grave para justificar lo injustificable”, agregó.
